Víctimas del triple asesino de Madrid liberado por Trump hablan por primera vez: “No podemos entender el silencio de las autoridades”

Lo primero que hace Yaimara Osorio tras sentarse a hablar con este periódico es aclarar que en los nueve años desde que su madre fue asesinada nunca ha dado una entrevista. Le da un sorbo a su café, suspira y comienza su narración, intentando no quebrarse.

Yaimara explica que antes no estaba en condiciones de hablar con la prensa ni le apetecía hacerlo, a pesar del interés mediático que despertó aquel crimen espeluznante de 2016 por el que un exmarine estadounidense mató a tres personas en un despacho de abogados de Madrid. Pero ahora se siente con fuerzas y tiene una denuncia que hacer. El asesino, Dahud Hanid Ortiz, ha sido liberado en EE UU tras haber pasado solo seis años y nueve meses entre rejas gracias a su sorprendente inclusión el 18 de julio, hace dos semanas, en un canje de presos de ese país con Venezuela, donde cumplía una condena de 30 años. Las familias de las tres víctimas están hundidas, pero las autoridades españolas han ignorado su dolor.

“No se han dignado a llamarnos”, dice Yaimara. “Sé que nos pueden decir que pueden hacer poco, que este asunto pasó a otra jurisdicción, pero lo que no podemos entender es el silencio”.

Las familias se enteraron de la liberación el lunes 21, poco antes de que saltara a la prensa. Les llamó el dueño del despacho, Víctor Salas, el hombre a quien el asesino iba buscando en un ataque de celos por haber tenido una relación amorosa con su mujer, Irina Treppel. Ese fin de semana, la Policía alemana había avisado a Irina, que reside en aquel país, y ella llamó a Víctor. Indignado, el abogado sintió que debía hablar con los medios de comunicación, pero antes se lo comunicó a los familiares.

“Tengo que darte una muy mala noticia”, le dijo a Yaimara.

Ella pensó que era algo relacionado con la indemnización como víctimas de un delito violento, que todavía están esperando. Lo que le dijo Víctor ni siquiera se le había pasado por la cabeza: “El asesino ha sido liberado como un preso político”.

Yaimara tenía una relación muy estrecha con su madre, Maritza Osorio Riverón, de 51 años. “Éramos como amigas, era mi compañera de fiestas”, cuenta. Relata lo duro que fue hace nueve años recibir la noticia del crimen por medio de un primo, correr al despacho, cruzar el cordón policial y encontrarse en la acera los cadáveres, cubiertos por sábanas. “Lo peor fue que me obligaron a reconocer el cuerpo. Esa imagen en la vida se me va a olvidar”.

Ahora, durante esta entrevista en una cafetería de Madrid pide que quede plasmado un mensaje: “¿Cómo es posible que no nos hayan dicho nada sobre algo tan grave que hasta los propios detectives policiales nos dijeron que nunca habían visto un crimen así?"

Tampoco se han dado explicaciones suficientes a la prensa. El caso está rodeado de un extraño silencio por parte de las autoridades estadounidenses y españolas. Las respuestas a los medios han sido parcas y por medio de declaraciones escritas sin atribución a ningún alto cargo.

El Departamento de Estado indicó que tenían la oportunidad de sacar a todos los estadounidenses “detenidos” en Venezuela y que muchos de ellos habían denunciado torturas y otros malos tratos. Hanid Ortiz fue repatriado con otros nueve liberados, que sí eran presos políticos, según los grupos de activistas que se encargan de hacer un seguimiento. “Por derecho a la intimidad no entraremos en los detalles de ningún caso particular”, ha dicho ese área del Gobierno de Trump.

El Ministerio de Justicia español ha dicho que España cedió la jurisdicción a Venezuela, donde Hanid Ortiz fue arrestado dos años después del crimen. Esto se debe a que Caracas rehusó a extraditar al detenido alegando que era un ciudadano de origen venezolano. Fuentes de la Fiscalía española han informado a este periódico de que no hay una solución judicial. No obstante, el jueves de la semana pasada se supo que el Ministerio público español envió a EE UU un informe sobre la situación jurídica del asesino.

Mientras, uno de los jerarcas chavistas, Diosdado Cabello, ha celebrado que EE UU se llevara a un asesino, y ha asegurado que los negociadores estadounidenses insistieron en incluir a Hanid Ortiz entre los liberados.

El diario New York Times ha revelado este viernes que, de acuerdo a correos internos, los funcionarios del Departamento de Estado debatieron sobre cómo explicar a la ciudadanía que repatriaban a un criminal en un grupo de presos políticos. Esa inclusión torpedeaba la retórica de Trump sobre cómo él mantiene a los delincuentes fuera de sus fronteras.

En un comunicado para ese diario, ese departamento encargado de las relaciones exteriores ha dado la primera señal de un giro sobre este preso liberado: “Estamos muy satisfechos de que nueve estadounidenses inocentes indebidamente detenidos hayan sido liberados de Venezuela. El Gobierno de Trump está comprometido con la ley y el orden; los delincuentes deberán pagar por sus crímenes”.

Ese periódico también informa de que, de acuerdo a dos fuentes conocedoras del caso, Hanid Ortiz sigue libre. A primera hora de este sábado EL PAÍS no había obtenido una respuesta del Departamento de Estado clarificando los planes del Gobierno de Trump.

Reunión con Peinado

Desde la noticia de la liberación, los familiares han hecho esfuerzos por conseguir información de las autoridades. Se han presentado en dos ocasiones en el despacho de Plaza de Castilla del juez que llevó la causa en España, Juan Carlos Peinado, buscando respuestas. Los funcionarios les han explicado que el magistrado se encontraba de vacaciones, pero han conseguido una cita este lunes a las 10.00. Desconocen si les dará esperanzas.

Las tres víctimas de aquel crimen del 22 de junio de 2016 eran de origen extranjero y humilde. Maritza, la madre de Yaimara, era cubana. No se había hecho española a pesar de tener derecho a ello por temor a que el régimen comunista le expropiara una propiedad que la familia aún conservaba en la isla. Llevaba años trabajando como secretaria en el despacho de Víctor Salas, situado en la calle Marcelo Usera 40, una calle muy transitada en el corazón obrero del suroeste de la capital.

La otra empleada era la abogada Elisa Consuegra Gálvez, cubana de 31 años, que llevaba cuatro años en España y apoyaba con el papeleo al titular del bufete. Apenas unas semanas antes del crimen había conseguido homologar su título de Derecho.

El cliente era el taxista Pepe Castillo Vega, ecuatoriano nacionalizado español, de 42 años. Había dejado el coche en doble fila con las luces intermitentes en la calle, para subir a recoger rápidamente los documentos para la renovación de la residencia permanente de su mujer. Minutos antes de entrar al despacho se había despedido de ella, con quien había tenido una relación de ocho años. El asesino lo mató creyendo que era el abogado, el hombre al que iba buscando.

La viuda de Pepe atiende por videollamada a EL PAÍS. Es también su primera entrevista y la da con la condición de que no aparezca su nombre. Ha tenido que pedir a una persona de confianza que se ocupe en otra vivienda del hijo de 11 años de ambos, para que no oiga nada. El pequeño, que tiene una discapacidad, ha sufrido mucho la ausencia del padre y por eso la madre ha tenido que retirar las fotos en las que aparece.

Entre lágrimas, cuenta que desde que se enteró de la liberación sufre pesadillas y ataques de pánico. Ha pedido que instalen una cámara en su vivienda a la Empresa de la Vivienda Social del Ayuntamiento de Madrid. Debido a su vulnerabilidad, ellos son los únicos que han recibido un adelanto de la ayuda pública para las víctimas de delitos violentos, según el abogado Víctor Salas. Para solicitar ese ingreso se exige resolución judicial firme, que solo llegó en mayo de este año, cuando el Supremo venezolano denegó el último recurso de Hanid Ortiz.

Durante los dos años de fuga del asesino, la viuda de Pepe sufrió una angustia que solo se alivió con su condena. “Me dio tranquilidad. No iban a revivir a Pepe, pero su asesino estaba en el sitio que tenía que estar”.

Hace dos semanas, cuando Víctor le comunicó lo sucedido, el mundo se le vino encima. “Se me ha removido todo lo que ya había superado. Otra vez a lo mismo”, lamenta. Pero ahora, es distinto. Al principio, en aquellos primeros días de conmoción, sintieron el apoyo de los policías y el interés de la prensa. Ahora la liberación del asesino parece rodeada de una extraña normalidad, como si esto se tratara de una anécdota. “Es que eso es lo más extraño”, dice ella sobre la aparente indiferencia de las autoridades españolas. “Es como que se lavan las manos y se quedan callados. Nadie nos llama. Nadie...”

El padre de la empleada más joven, Elisa, es Juan Carlos Consuegra, de 69 años, quien sí ha hablado antes con los medios de comunicación. Trabaja de vigilante nocturno para una comunidad de vecinos en la capital. El dolor por la pérdida de “la niña”, dice Juan Carlos, fue tan profundo que la madre, “dejó de existir”. Elisa, una médico forense y profesora en la Universidad Médica de La Habana, murió en 2021. Tenía 64 años.

Juan Carlos se pregunta por la presunta inacción del Estado español, que deja en mal lugar a este país. “Mucha gente puede pensar que puede llegar alguien aquí, matar a tres personas y largarse. ¿Las leyes de España no sirven?“.

“Si no es por la prensa, esto ni se sabe”, añade. “Nadie dice nada. Silencio total. Por allá, por acá, por todos lados”.

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