De cuando Pozuelo intentó cerrar un piso de menores migrantes y la Justicia lo impidió

Este jueves el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón emitió una orden de cierre contra el Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) que hay en la localidad y en el que viven en este momento 404 personas con protección internacional, humanitaria o temporal. Su argumento es que no tiene licencia residencial, sino hotelera, y que este uso es supuestamente incompatible con que las personas permanezcan varios meses alojadas allí. El caso recuerda a otro similar hace unos años, cuando el Consistorio trató de clausurar un piso de tutela de menores migrantes no acompañados porque carecía de licencia residencial. Después de varios litigios, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) determinó que la protección al menor está por encima de los formalismos urbanísticos.

La sentencia, que se remonta a 2021, se basa en la legislación estatal y citó una resolución de la ONU en la Convención de los Derechos de los Niños. Una de las claves de lo que se determinó entonces está en la Ley 26/2015, de reforma del sistema de protección, que señala que el principio de interés superior del menor está por encima de todas las decisiones administrativas.

En ese caso, el inmueble contaba con licencia para uso residencial. En el del Creade, sin embargo, el edificio tiene licencia hotelera. Esto puede ser una diferencia clave en caso de que el ministerio interponga un recurso contra la decisión del Ayuntamiento.

El fondo del debate vuelve a ser el mismo: si la función de acogida humanitaria exige o no una nueva calificación urbanística, y si el tipo de personas alojadas cambia el uso del inmueble.

Un Creade no es un piso de protección de menores, sino un recurso ministerial al que derivar a migrantes que han llegado a España en una situación de extrema vulnerabilidad. Son solicitantes de asilo, la inmensa mayoría con protección internacional. El centro pertenecía al área de Seguridad Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y fue transferido a Migraciones en 2021 para dar cabida a exiliados de la guerra de Ucrania.

Al año siguiente comenzaron a llegar personas de otros lugares, pero todos en la misma situación. La mayoría sigue siendo de ucranios, pero también hay gente de países de África Subsahariana y algunas decenas que proceden de Venezuela y de Colombia. Hay menores, sí, pero están con sus familias. No son menores migrantes no acompañados.

Los problemas políticos llegaron hace unas semanas. El Ayuntamiento de Pozuelo ha hecho este movimiento ante la posibilidad de que el Creade se convierta en uno de los destinos del millar de menores no acompañados solicitantes de asilo procedentes de Canarias de los que el Gobierno debe hacerse cargo por orden del Tribunal Supremo.

Aunque el Ejecutivo lleva meses dilatando esa medida, prevé cumplir con ella en las próximas dos semanas. Uno de los centros que entran dentro del sistema de acogida de solicitantes de asilo es el Creade de Pozuelo, pero el Gobierno señala que todavía no ha decidido cuántos iba a mandar allí, ni siquiera si era uno de los recursos a los que destinaría gente. “Es racismo preventivo”, dijo el jueves el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al conocer la noticia.

Sin embargo, la alcaldesa del municipio teme que 400 menores acaben allí. En junio de este año, los 17 concejales populares que hay en Pozuelo votaron a favor de instar al Gobierno a que no tome “una decisión temeraria fruto de una política migratoria que alimenta el efecto llamada”.

La orden de cierre del Creade en Pozuelo sigue la línea marcada por el PP nacional y regional, que ha endurecido su discurso contra la política migratoria del Gobierno. Hasta el presidente del partido, Albero Núñez Feijóo, se pronunció ayer sobre este episodio para decir que le parece “sorprendente” que el Gobierno quiera acoger a migrantes en un centro que no cumple la ley.

En paralelo, la historia se repite en otros municipios de la Comunidad de Madrid gobernados por el Partido Popular. La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet (PP), tiene un frente abierto similar contra el centro de migrantes que hay allí.

Ese recurso tiene características distintas al de Pozuelo: está diseñado para estancias cortas y para dar la primera atención tras la llegada de personas al país. Las más de 1.500 personas que viven en ese Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) son todas mayores de edad, todavía no han formalizado su solicitud de asilo ―en caso de que decidan seguir esa vía― ni han realizado su solicitud de arraigo. En definitiva, el CAED de Alcalá de Henares no forma parte de los destinos posibles para los más de 1.200 menores solicitante de asilo de los que tiene que hacerse cargo el Gobierno a instancias del alto tribunal.

Pese a estas diferencias, ambos episodios reflejan la creciente tensión entre administraciones por la ubicación de recursos de acogida allí donde los populares gobiernan. “Nunca habíamos tenido problemas con el Ayuntamiento de Pozuelo”, señala una fuente del Ministerio de Migraciones.