Canarias amenaza con llevar al Supremo al Gobierno central por incumplir la acogida de menores solicitantes de asilo

El Gobierno de Canarias ha anunciado este jueves que comunicará al Tribunal Supremo el incumplimiento en el que considera que está incurriendo el Ejecutivo central en su obligación de asumir a los menores migrantes solicitantes de asilo, que deben ser integrados en la red de protección internacional. El portavoz del Gabinete autonómico, Alfonso Cabello, ha explicado a los medios en la isla de La Palma que de Canarias “no ha salido ni un menor” de los 946 que están dados de alta en el sistema de protección y que tienen el expediente completo.

A finales de junio, ambos gobiernos firmaron un acuerdo para que casi un millar de menores que actualmente son atendidos por la comunidad autónoma sean dados de alta de forma inmediata en el Sistema de Atención Humanitaria y Protección Internacional, que depende del Estado central. El Ministerio de Migraciones se comprometió a recibir a los niños en centros de la Península o a financiar su estancia en las islas. Canarias, no obstante, reclama que los menores salgan de las islas, debido al colapso que sufre el archipiélago.

Fue un acuerdo in extremis, tras ordenar la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo a principios del mes pasado que el Estado adoptara de forma “urgente” medidas para cumplir la orden que le dio en marzo de hacerse cargo de más de un millar de menores no acompañados solicitantes de asilo en Canarias. El tribunal dio por constatado el “claro incumplimiento” de la orden de marzo y dio 30 días al Ejecutivo central para dotar a las oficinas administrativas encargadas de la tramitación de las solicitudes de protección internacional “de los medios personales y materiales necesarios” para que sean formalizadas, tramitadas y resueltas “en un plazo razonable, sin que pueda transcurrir más de seis días entre la manifestación de la voluntad de solicitar la protección internacional y la formalización de la solicitud”. No solo eso, reclamó, además, un informe quinquenal sobre los avances.

Poco parece haber cambiado, sin embargo. Canarias no disimula su hartazgo por la lentitud del Ejecutivo central a la hora de cumplir las órdenes del alto tribunal. Cabello ha señalado que la responsabilidad sobre esos 946 menores ya no es de la comunidad autónoma, sino del Estado, así que es al Gobierno central al que le corresponde decir “dónde los tenemos que llevar” para revertir la situación de hacinamiento en las islas.

El Gobierno de España ha recordado este jueves que el miércoles se celebró una reunión de la comisión entre ambas administraciones. Estas reuniones, ha asegurado una portavoz de Migraciones, se graban, “y las grabaciones funcionan como actas, que se trasladan al Tribunal Supremo”.

Respecto de las denuncias del Ejecutivo Autonómico, Migraciones ha asegurado que “está respetando el calendario de reuniones y de actuaciones” que se ha fijado con el Gobierno de Canarias, “sin olvidar que el interés superior del menor está por encima de todo y que cada paso que se da tiene que estar avalado jurídicamente y cuidadosamente planificado para respetar esta prioridad”.

Migraciones asegura que mantiene su propuesta de habilitar plazas para niños solicitantes de protección internacional “en otros emplazamientos del resto del territorio nacional”. En este sentido, “gran parte” de la reunión del miércoles, asegura la portavoz de Migraciones, se centró en confirmar la lista de los primeros menores que van a ser acogidos en Canarias 50 —un recurso del Ministerio de Migraciones ubicado en Las Palmas de Gran Canaria— y en acondicionar las plazas “para comenzar este mismo mes de julio los primeros traslados”. Además, subraya que “se mantienen las plazas ofrecidas en Pozuelo de Alarcón y los estudios de viabilidad para habilitar más plazas en otros lugares de la península”.