Barajas, blindado: el 89% de las personas sin hogar que dormía en el aeropuerto se dispersa por Madrid y el Ayuntamiento acoge al 11%

El Ayuntamiento de Madrid ofrece 150 plazas para las personas sin hogar del aeropuerto de Barajas en un centro de acogida utilizado habitualmente para la campaña de frío en la calle Pinar de San José, en el distrito de Latina. “Para la gente que se esperaba, tenemos muy poca ocupación, solo 57 usuarios”, dice un vigilante de seguridad. Esta es la única inversión hasta la fecha a raíz de la crisis de Barajas, cuyo capítulo final ha sido el cierre y el desalojo definitivo de las personas sin hogar que allí pernoctaban hasta el jueves pasado. En los meses más duros se llegó a contabilizar 500 personas durmiendo allí cada noche. Esto quiere decir que el 11% se está beneficiando del único recurso que se ha abierto desde entonces por las administraciones. El resto, el 89%, se ha diseminado por las calles, los parques o los recovecos de los portales.

A partir de las ocho de la tarde, por el Pinar de San José, empiezan a aparecer rostros conocidos del aeropuerto. Por ejemplo, Domingo, de 41 años, y Marcos, de 42, habituales de la Terminal 4. La pareja llega relajada, después de pasar el día por Madrid “dando vueltas”. Hace unas semanas recibieron la llamada de los equipos de calle y les ofertaron una plaza. Al recurso solo se puede acceder si eres seleccionado previamente y estás en la lista de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Sus usuarios tienen la obligación de estar “vinculados con Madrid”, normalmente a través del padrón. El resto se quedan fuera. “Del centro no tenemos queja, todo lo contrario, pero es un poco extraño. Nos han garantizado plaza en verano. En invierno, sin embargo, nos echarán. Esto tiene fecha de caducidad. No entendemos por qué”, señalan. Ambos dicen estar muy a gusto bajo un techo. “Tenemos Netflix, podemos dormir sin luz y somos tan pocos que no ha habido mucho conflicto. No sabemos por qué no llega más gente, allí éramos 500 y hay muchos que lo están pidiendo″, dice Marcos. Aquellos que no han llegado al Pinar de San José, han comenzado a dispersarse por la ciudad y escapado a cualquier posibilidad de control de los agentes sociales.

“Cuando cierre el 20 de octubre no sabemos qué hacer. No nos va a dar tiempo a que nos atiendan bien las trabajadoras sociales. Solo hay dos para 50 personas, son 20 minutos diarios solamente. Volveremos a la calle”, observa Domingo. “A la calle irás tú. Yo me vuelvo al aeropuerto. El aeropuerto es un hotel comparado por la calle. Aunque sea entraré haciendo un túnel. Te lo digo con la mano en el corazón”, contesta Marcos.

Tras el cierre definitivo del aeropuerto, hasta la fecha sin incidentes graves, la gran tensión se ha vivido en los despachos de Aena y el Ayuntamiento de Madrid. La mesa de trabajo en que habían constituido ha quedado sepultada. El cruce de comunicados pone de manifiesto que ambos se sienten traicionados por la parte contraria. El consistorio calificó la decisión de la compañía como “cruel y sin humanidad”, mientras que Aena les acusa de “poner excusas peregrinas” para eludir su responsabilidad y de que con su ritmo de trabajo “parsimonioso y lánguido” se hubieran necesitado “varios años para proporcionarles a todas ellas una solución habitacional digna”. “Es irresponsable y pueril que se levanten del Grupo de Trabajo. Una descorazonadora actitud”, afirman. El gran compromiso entre ambas administraciones fue la elaboración del censo, que finalmente no existirá por falta de entendimiento y porque las personas sin hogar han dejado de existir en Barajas.

Durante la primera jornada de cierre total se logró el desalojo completo de la Terminal 4. Algunos se desplazaron hasta las terminales 1, 2 y 3. Allí resistieron hasta 50 personas. La noche del lunes 28 de julio el objetivo era que el número “se redujera a cero”. Así, se apostó por un despliegue mucho más intenso que empezó al mediodía. El interior de las instalaciones se ha convertido en espacios diáfanos sin bancos ni asientos. Las personas sin hogar tienen que salir a la zona exterior para sentarse y ahí se les termina reteniendo con el cierre de puertas. La cifra ya no llega ni a las 20 personas, que se esconden en los recovecos más remotos.

Carlos Andrés Perdomo, de 40 años, apenas pudo pasar el lunes un par de horas en los pasillos de la Terminal 2. “Nos acorralaron, amigo. Creo que estoy solo en la terminal. Ya todo da igual, no vale la pena resistirse. No quiero problemas y voy a donde me dicen. Quedamos cuatro o cinco rebeldes”, cuenta. Perdomo forma parte de ese grupo de “embaladores” que los trabajadores del aeropuerto denuncian que están gestionados por mafias. Solo quedan ellos. El hombre deambula con un rollo de plástico que compra en el chino y trata de hacerse un hueco entre los que tienen copada esta práctica ilegal y habitual en Barajas. Su tarifa es más competitiva que la media: cinco euros. Hay algunos que aseguran llegar a sacarse un sueldo de 2.000 y 3.000 euros al mes.

Perdomo es colombiano. Acaba de conseguir el empadronamiento en Madrid. Dice que nunca ha venido ningún profesional del Ayuntamiento ni ningún trabajador social a hablar con él. Los equipos de calle del consistorio han actuado en Barajas con un horario de trabajo que finalizaba a las ocho de la tarde. Sus registros, que se ceñían a las personas atendidas, hablaban de 60 personas a principios de año y 105 en marzo, mientras que la cifra real era de 500. Casi todos, como Perdomo, llegaban más tarde de las ocho y no los veían. Perdomo echa, como echan todos aquí dentro, las cuentas de la lechera para salir de esta situación. Este miércoles empezó a trabajar en una empresa de limpieza a razón de 580 euros al mes. Lo compaginará con el embalaje y seguirá en Barajas. “Diosito aprieta, pero no ahoga”, se dice a sí mismo. Perdomo desconoce que se haya abierto un centro de acogida para las personas sin hogar del aeropuerto. “Tampoco iría. Sé que suele haber problemas, la cosa no acabaría bien para mí. Solo saldré de Barajas para ir a un techo que yo mismo me pueda pagar”, finaliza.

El 11 de junio se terminó de redactar en las entrañas del aeropuerto de Barajas un documento al que ha tenido titulado Procedimiento de cierre, desalojo, y/o control extraordinario de accesos a los aeropuertos, que daría paso a una triple línea de actuación sin precedentes cuyo objetivo último es que las personas sin hogar dejen de pernoctar definitivamente en el aeródromo. El documento, elaborado por Aena y al que ha tenido acceso EL PAÍS, está firmado digitalmente por altos mandos de la Guardia Civil, y la Policía Nacional de Barajas, así como por el Presidente del Comité Local de Seguridad, el Responsable Local de Seguridad, y el Responsable del Departamento de Gestión de la Seguridad. Ningún representante del Ayuntamiento aparece ahí.

Las tres vías de actuación son el “cierre total o parcial de las áreas de libre acceso, el desalojo y/o el establecimiento de un control de accesos extraordinarios”. Esto tendrá vigencia “hasta que haya cesado la situación”.

Los Vigilantes de Seguridad de Aena son los encargados de expulsar a las personas sin hogar. Hay patrullas que inspeccionan incluso los aseos para localizar hasta el último de ellos. La mayoría de los vigilantes se muestran reacios ante las órdenes que reciben. Varios de ellos ya han sido sancionados por la empresa -Sureste Seguridad- por no querer ejecutar estos desalojos. Sienten que no tienen garantías porque “ninguna de las indicaciones está firmada por un juez”. Se trata de suspensiones de empleo y sueldo que van desde los 15 hasta los 30 días, por ejemplo, “por no querer sacar por la fuerza a personas que no acatan la prohibición de acceso”. Pablo, nombre ficticio, de 43 años, uno de los sancionados, confiesa que él cree que lo que está haciendo “es ilegal”. “Si alguna de estas personas nos denuncia, estamos solos ante el juez, venimos a trabajar jugándonos la placa. Cuando hay incidentes, la Policía Nacional hace el parte, nos toma los datos, pero no los echa, dicen que no pueden echarlos, que esto es zona pública. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo?”, se pregunta. “Ha habido una agresión a una compañera y no irá a juicio porque piensa que lo va a perder”, añade. “Es increíble que trabajemos así de desprotegidos”.