El “colapso” del sistema eléctrico de los juzgados de plaza de Castilla obliga a intervenir al Gobierno de Ayuso para evitar un “grave peligro”
Tras el caos de las lluvias de marzo, que llevaron a trasladar el servicio de guardia, Madrid compra de urgencia un nuevo grupo electrógeno para un edificio herido de muerte por el proyecto de la Ciudad de la Justicia


La orden llega el 19 de marzo con la firma de Celso Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid: el servicio de guardia de los juzgados de diligencias de plaza de Castilla se tiene que trasladar temporalmente. ¿La razón? Las lluvias torrenciales, récord histórico, han hecho colapsar la instalación eléctrica del emblemático edificio. Arreglarlo obliga a varias noches de trabajos que afectan a esa labor judicial. Un problema que no es casual, ni excepcional, según se reconoce en documentación oficial de la Comunidad de Madrid consultada por EL PAÍS en la que se destaca “la repetida frecuencia” de unas averías eléctricas que inutilizan los sistemas de protección de incendios, y el alumbrado de emergencia, “poniendo con ello en grave peligro la seguridad de las personas”. Como resultado, el Gobierno regional ha comprado de emergencia, y por 117.106 euros, un nuevo grupo electrógeno.
“Durante muchos años, a expensas del traslado a la Ciudad de la Justicia, no se ha hecho ningún tipo de inversión en el edificio”, explica María Jesús del Barco, Magistrada Juez Decana de Madrid, sobre el proyecto que impulsó Esperanza Aguirre a principios de siglo para concentrar todas las instalaciones judiciales en Valdebebas, y que ahora espera culminar Isabel Díaz Ayuso en 2028. “Es un edificio muy viejo, con mucho uso, con muchísima gente, y ahora sí que la Comunidad intenta el esfuerzo de mantenerlo en condiciones de habitabilidad hasta que se acabe la Ciudad de la Justicia: en los últimos años sí que se han acometido reformas importantes”, añade. “En verano tenemos calor, porque no funciona igual el aire acondicionado en todos los espacios, y en invierno nos pasa lo contrario”, ejemplifica. Y remata: “La cosa está mal”.
Nada refleja mejor esa sentencia que lo ocurrido con las lluvias de marzo. El edificio, describe Del Barco, arrastraba desde hacía mucho tiempo filtraciones en los huecos de los ascensores. Con la lluvia, se mojó todo. Y se dieron unos problemas como poco sorprendentes en un edificio capital para el sistema de justicia.
“Nos quedamos sin luz”, dice la Magistrada Juez Decana de Madrid. “Fue un día con varios apagones, porque fue una barbaridad el agua que cayó”, añade. “Hubo que echar mano de otro grupo electrógeno de no sé donde, que cogieron prestado para dar el servicio de los juzgados de guardia”, sigue sobre los encargados de detenciones, levantamientos de cadáveres, o procedimientos de habeas corpus. “Es que es un edificio muy viejo”.
Los pasillos del los juzgados de plaza de Castilla son un trasiego constante de policías nacionales, guardias civiles, detenidos con grilletes y ciudadanos asfixiados por la tensa espera hasta conocer su futuro. Porque aquí el pasado decide el hoy y el mañana. Salvo que falle el suministro eléctrico o cualquiera de los otros parches que sostienen el funcionamiento del complejo.
“La antigüedad del edificio provoca, con repetida frecuencia, averías eléctricas en sus instalaciones, que producen cortes en el fluido eléctrico, y que tienen como consecuencia la inmediata falta de funcionamiento del alumbrado de emergencia y de evacuación, así como de los sistemas de protección de incendios, poniéndose en grave peligro con ello la seguridad de las personas, tanto de los trabajadores como de los ciudadanos que accedan al edificio”, se lee en la documentación que acompaña al contrato con el que la Comunidad de Madrid ha adquirido un grupo electrógeno. “La última de ellas, de gran magnitud, provocada por las intensas lluvias torrenciales caídas en Madrid, hizo colapsar la instalación eléctrica del edificio, dejándola totalmente inoperativa, al inundar un gran número de sus estancias, y tuvo como consecuencia la necesidad de reorganizar, de manera temporal, el servicio de guardia de los Juzgados, derivándolo a otras sedes judiciales”, se reconoce.
Pero no es ese el único problema de los juzgados. En 2024 ya hubo que gastar 467.553,05 euros en solventar las deficiencias detectadas por la inspección técnica firmada por los técnicos del Ayuntamiento en 2022, que afloró problemas en los apartados de estructura y cimentación, fachadas, cubiertas, azoteas, y redes de saneamiento.
Millones de euros en inversiones
Ese mismo año, el gobierno acometió una inversión de 2.489.387,66 euros para las obras de climatización del edificio, que hizo de emergencia ante las protestas de los trabajadores: los termómetros llegaban a los 39 grados dentro de la sede judicial.
De hecho, en el último decenio se ha invertido más de 6,5 millones de euros en estos juzgados.
Son señales del desgaste de un complejo central para el sistema judicial, al menos hasta que el Gobierno regional construya en Valdebebas la nueva Ciudad de la Justicia. En ese momento, los juzgados de plaza de Castilla pasarán a ser el corazón del distrito administrativo y de atención al ciudadano de Madrid, en definición de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y acogerán el registro civil, además de nuevos espacios para la atención de los ciudadanos, entre ellos salones para la celebración de bodas o actos de jura y nacionalidades.
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