El racismo inmobiliario: cuando el acento o el color de la piel te cierran todas las puertas del alquiler

El racismo inmobiliario existe. Y pese a que está prohibido por ley, muchos lo viven cada día. La situación se repite una y otra vez detrás de un cartel de “Se Alquila”: personas que intentan arrendar un piso que, súbitamente, deja de estar disponible cuando escuchan su acento o ven el color de su piel. Lo cuentan de primera mano los senegaleses Samba Kandji (32 años, en España desde 2016) y Cheikh Tidiane (32 años, en España desde 2020). Con papeles, con ingresos, con todo en regla, tardaron ocho meses en conseguir una casa, y finalmente lo consiguieron gracias a una amiga española que cogió las riendas de la situación y buscó por ellos.

No son casos únicos. En cientos de ellos se ha basado el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid para elaborar una guía que sirva de herramienta para acabar con una práctica que es ilegal, y para que sirva de “herramienta política de defensa colectiva”.

El Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de julio mantiene el acceso a la vivienda como la mayor preocupación de quienes viven en España, liderando el ranking patrio de desvelos por octavo mes consecutivo. Si ya es complicado encontrar casa, las personas racializadas tienen aún más motivos que el resto para estar preocupadas.

Entre los casos particulares expuestos durante el acto de presentación de la guía el pasado viernes, los más repetidos relataban situaciones en las que inmobiliarias y propietarios descartan automáticamente al candidato a inquilino primero al escuchar por teléfono su acento, y después, al preguntar la procedencia. Según la recopilación del propio sindicato, los latinoamericanos y los africanos son los que sufren una mayor discriminación.

Para los que logran pasar esa primera criba, el encuentro físico con el arrendatario o con su representante descarta a muchos otros candidatos a simple vista: “Da igual que tengas papeles, trabajo fijo, nóminas, solvencia demostrable… Suele pasar que los caseros no esperaban una persona racializada”. En estos casos, la excusa más común por parte de la propiedad para salir del paso: el piso o la habitación acaba de alquilarse.

Kandji y Tidiane contaban con ahorros y unos ingresos mensuales de 2.800 euros entre ambos. Tras no pocos fracasos con diferentes excusas que les dejaban con la puerta en las narices, finalmente no dudaron en delegar el trámite de la llamada telefónica en una amiga española para lograr citas inmobiliarias no. Ella visitó el piso en la céntrica calle Atocha, pactó las condiciones del contrato y casi cerró un acuerdo con la propiedad a falta solo de que sus compañeros dieran el visto bueno a la vivienda en una visita ulterior. Bingo. Por fin consiguieron un hogar.

Kandji está convencido de que fue su raza la que hizo fracasar todas aquellas operaciones. Sin piso propio, cuenta, el proceso de poder traer a España a su mujer mediante una reagrupación familiar se dilató en el tiempo, algo que lleva resistiéndosele cuatro años a un compatriota suyo, también con trabajo y situación legal en España, al no haber conseguido todavía poder alquilar su propia vivienda.

La última actualización del informe sobre racismo inmobiliario realizado por la asociación Provivienda para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así lo indicaba el pasado marzo (“el 99% de las inmobiliarias aceptan cláusulas discriminatorias”)

Por eso la Guía Contra el Racismo Inmobiliario del Sindicato de Inquilinas es un escueto compendio de recomendaciones sobre lo que hacer ante diferentes tipos de conflictos motivados por discriminación por raza en asunto de vivienda y surge de la recogida de testimonios directos de personas afectadas por esta práctica. En ella también se recuerda que, explícitamente, desde 2022, la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación no permite el racismo inmobiliario, que será perseguido y castigado.

Samba, Cheikh, Coumba, Mariana…

Las historias sobre racismo inmobiliario son inabarcables. Cheikh Tidiane ha necesitado casi un año para lograr que le alquilaran una habitación en un piso compartido. En principio trató de encontrar un sitio junto a su hermano, en un mismo lugar, pero asegura que descubrieron que era más complicado hallar techo para dos africanos que para uno solo, por lo que decidieron separar sus caminos. También tenían contratos fijos. De los primeros intentos de encontrar alojamiento por los barrios de Usera y de Orcasitas y, tras muchos rechazos, nada más ver su procedencia, Cheikh halló habitación en Móstoles (370 euros), donde comparte piso con un colombiano. Su hermano vive con un español, aunque la dueña de su casa, situada en Usera, no quiere hacerle contrato ni permite que se empadrone en la vivienda.

La española Lucía L. (50 años), blanca, cuenta que cuando se enteró de que su vecina senegalesa Coumba (40 años), negra, estaba a punto de quedarse en la calle en el barrio de Lavapiés junto a sus hijos menores de edad, no dudó en echarle un cable de los gordos. Aun llevando más de 15 años en España y teniendo contrato de trabajo y ahorros, Coumba había sido incapaz de cerrar durante meses ni una sola cita telefónica con un arrendador para conseguir un nuevo piso por causa de su acento. Cuando Lucía se prestó a llamar a los anuncios de alquiler por ella y a asegurar que la vivienda que buscaban era para las dos, la cosa cambió.

El caso de Mariana (nombre ficticio) es muy distinto a los anteriores, pero no por ello menos significativo. Criada en Almería, aunque natural de Ecuador, contaba en la presentación de la Guía Contra el Racismo que a ella no la delata su habla, pero sí su físico y que nota la reacción de los posibles caseros al verla en persona. “No me siento segura en esas ocasiones, percibo los prejuicios”. Recientemente, al ir junto a dos amigas españolas a alquilar un piso en la zona de Malasaña, donde se les había dicho tajantemente que no querían “gente de fuera”, permitió que fueran ellas las que negociaran, mientras tuvo que soportar comentarios despectivos hacia la comunidad latina por parte del arrendador: “Ninguna de mis compañeras blancas dijeron nada. Yo, tampoco”.

“Humillación”

Presentada el pasado viernes en el CSO La Rosa, en el distrito Centro, durante la puesta de largo de la guía tomaron la palabra representantes de las asociaciones de trabajadoras del hogar Territorio Doméstico y Servicio Doméstico Activo (Sedoac), del Sindicato de Manteros de Madrid y del grupo de estrategia antirracista del Sindicato de Inquilinas, dejando claro, con ejemplos, que el racismo inmobiliario no es una percepción, sino una cruda realidad que, por supuesto, también tiene que ver con otros aspectos como la procedencia de quien lo sufre y los estereotipos que se les adjudican, su situación económica o su situación administrativa en España.

Desde el Sindicato de Inquilinas califican todos estos episodios relatados como una “humillación constante” hacia las personas racializadas que se ha llegado a normalizar hasta el punto de invisibilizar un problema que, en muchos casos, por necesidad, empuja a este tipo de inquilinos a tener que aceptar alquileres y cláusulas abusivas o condiciones de infravivienda.

La guía pone nombre a esta clase de discriminación inmobiliaria, permite que quienes la sufren se reconozcan como víctimas de racismo y los invita a pasar a la acción: “Afíliate al sindicato, recoge pruebas -graba conversaciones, guarda correos electrónicos, haz capturas de pantalla-, testea la discriminación con personas con nombre o acento español que contacten por ti con inmobiliarias o arrendadores (…) Con toda la información que nos facilites presionaremos a quienes practican este tipo de abusos por medio de acciones directas, salidas en medios de comunicación y herramientas legales”.

Junto a otras llamadas a rebelarse ante exigencias de pagos de rentas en mano o negativas a poderse empadronar donde se vive, la guía también recoge una serie de datos como que “el 70% de las personas migrantes en el Estado español viven de alquiler” y que “casi un cuarto de los migrantes en situación irregular reside en viviendas sin contrato o realquiladas”, que “7 de cada 10 migrantes destinan más del 40% de sus ingresos a pagar una renta” y que “más de un tercio vive en situación de hacinamiento”.