La UCO investigará el supuesto soborno de la pareja de Ayuso a un directivo de Quirón

Los expertos en crimen organizado de la Guardia Civil investigarán el supuesto soborno de la pareja de Isabel Díaz Ayuso a un directivo de Quirón, según ha acordado este viernes la jueza en un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS. La magistrada del juzgado de instrucción 19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, ha tomado esta medida que había sido solicitada por la Fiscalía y las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid debido a “la complejidad de la investigación de los hechos y al carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva”.

La intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado puede suponer un salto cualitativo para esta investigación, que hasta ahora ha dependido principalmente de la información que recabó Hacienda durante el año y medio en que investigó a Amador (entre mayo de 2022 y enero de 2024). Los agentes podrían hacer averiguaciones para las que se requiere la autorización de un juez.

En su auto, Iglesias hace un mandato genérico a la UCO para que determine “si el producto de dichas actividades presuntamente delictivas se ha transformado o se ha disimulado para ocultar el origen ilícito”.

El encargo acrecienta el foco mediático sobre esta unidad de la Guardia Civil, protagonista por actuar como Policía Judicial en los casos que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez y su entorno. Los expertos del Departamento de Delincuencia Económica, dirigido por el teniente Antonio Balas, han actuado en el caso Koldo o las investigaciones a la esposa y hermano del presidente.

Esta decisión de la jueza Iglesias se produce en el marco de la pieza separada por la que se investiga si el empresario Alberto González Amador sobornó al presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, con 500.000 euros. Iglesias ya ha concluido su trabajo de instrucción por otros hechos, los que originaron el caso judicial en marzo del año pasado, un presunto fraude a Hacienda de 350.000 euros. Amador fue procesado en mayo y está a las puertas del juicio.

La jueza ha adoptado esta medida después de haber oído a Amador y a la esposa de Camino, María Gloria Carrasco, quien recibió ese pago en diciembre de 2020. Amador abonó esa cuantía a cambio de una sociedad dedicada a la estética, Círculo de Belleza SL, que según la investigación de Hacienda no tenía ese valor. Las acusaciones populares creen que ese pago puede ser una contraprestación por un negocio millonario de compraventa de mascarillas que se produjo meses antes. Amador ganó dos millones de euros como intermediario en una operación en la que fue compradora una empresa sanitaria donde Camino era consejero.

Amador y Carrasco han defendido su inocencia, en comparecencias por separado el 10 de abril y el 19 de junio. Según han alegado, el valor de la empresa residía en una red de contactos que Amador pretendía explotar para un proyecto de “covid seguro” en las farmacias. Camino no ha sido citado por la jueza.

La magistrada Iglesias tampoco descarta en su auto que la compra de Círculo de Belleza SL se deba a los negocios habituales de Amador y Camino. Desde 2017, las dos consultoras sanitarias de calidad de Amador han tenido como principal fuente de ingresos a Quirónprevención. En 2021, las empresas de Amador se beneficiaron de un notable incremento de la facturación procedente de esa rama del grupo Quirónsalud gestionada por Camino.

Últimos días de la jueza

Más Madrid ha reaccionado rápidamente a la noticia por medio de una declaración esta tarde de su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot: “Para saber donde llegan los negocios turbios de Alberto Quirón [así tenía guardado en el móvil el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a la pareja de la presidenta] tenemos que seguir la pista del dinero”, ha dicho Bergerot.

“Queremos saber cuál es el pegamento de ese triángulo amoroso entre Ayuso, su novio y Quirón. ¿Cuál es la contrapartida del ático y gracias a la que dio un pelotazo? Queremos saber cuál es la relación entre el tren de vida de Ayuso y los 1.300 millones de euros que se han llevado los hospitales de la Comunidad de Madrid. Contamos con la ayuda de la justicia y de la UCO”.

El PSOE hace “una valoración positiva” de la intervención de la UCO. “Estamos convencidos de que hay que investigar esta operación bastante turbia, oscura y poco transparente, que ha generado que la presidenta esté disfrutando de una vivienda y un ático del que no sabemos su origen”, dicen fuentes de ese partido. “Otro peldañito hacia el ático”.

Los partidos de izquierda han convertido el ático usado por la presidenta y Amador en un símbolo. El inmueble se encuentra en la planta séptima e inmediatamente superior al piso donde viven ambos, en Chamberí, una de las zonas más acomodadas de la capital. Amador compró ese piso en la planta sexta en julio de 2022, tras cometer el presunto fraude fiscal. Poco después, el asesor fiscal de Amador compró el ático como un “favor” porque carecía de liquidez, según han explicado ambos ante la jueza. Han dicho que Amador paga 5.000 euros al mes por un alquiler con opción a compra.

No se ha producido una reacción inmediata de Ayuso, que viaja desde el fin de semana pasado por Estados Unidos para promocionar la región como destino de inversiones empresariales y de estudiantes universitarios. Sin embargo, fuentes de la Comunidad de Madrid intentan rebajar el alcance de la entrada en juego de la Guardia Civil. “La UCO analiza documentos”, indican estas fuentes. “El abogado de González Amador ha presentado tanta documentación que la jueza no tiene capacidad de analizarla, por eso pide a la UCO que la ayude a examinarla y por un elemento logístico, como señala el auto: el carácter interprovincial”.

En cuanto al grupo sanitario Quirónsalud, un portavoz ha declinado hacer una valoración.

Esta es una de las últimas decisiones de la jueza Iglesias antes de que el 17 de julio cuelgue la toga para jubilarse. Será relevada por el magistrado que gane el concurso de traslado que convoque el Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con el criterio de veteranía. Entre tanto se resuelva esa selección, debería ocuparse del caso un juez interino, que pudiera ser otro de los titulares de Plaza de Castilla o un juez de adscripción territorial (JAT), un tipo de magistrado dedicado a cubrir vacantes.

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