“Monte Perdido”: guerra a la montaña de basura ilegal a cuatro kilómetros de la ‘moncloa’ de Galicia

Desde hace 12 años, cuando empezó esta guerra, han muerto ya varios de los vecinos más combativos de Grixoa y de Fecha, las zonas al borde de una montaña de basura que, a fuerza de ver pasar el tiempo sin soluciones, han rebautizado como “Monte Perdido”. Ellos presenciaron, explican, cómo la cumbre iba cambiando de forma; cómo el sol se iba metiendo cada vez más temprano al tiempo que la mole artificial iba “ganando altura”. Esto ocurría a la vez que se multiplicaba el tráfico de camiones en el recinto, ocupado entonces por tres empresas en simbiosis: una cantera de áridos; un vertedero de “residuos industriales” destinados a llenar el cráter; y una planta de “tecnosuelos” elaborados a partir de desechos triturados, como cobertura del espacio degradado. La casa más próxima, en la aldea de Miramontes, está a 400 metros de las instalaciones, y los vecinos aseguraban que, según soplase el viento, el aire era tan hediondo que estaban condenados a vivir con las persianas bajadas y a vomitar cuando salían fuera. Nadie, además, se atrevía a beber el agua de pozos y manantiales.

Tras años de lucha tenaz —contra el negocio de la basura y la lenta reacción del Gobierno gallego— los afectados explican que hoy el vertedero está “clausurado”, “en vía judicial” y pendiente de “catas”. Pero sobre la planta Tecnosolos Galaicos, SL, existen ya dos fallos: uno, ratificado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), y otro, de la Audiencia Provincial de A Coruña. Esta acaba de reconocer los delitos ambientales y ha condenado al responsable del negocio a 18 meses de prisión e inhabilitación y a una multa, explican la Federación de Asociacións do Rural de Santiago (Ferusa) y la Plataforma de Afectados Polo Vertedoiro de Santiago-Miramontes. A la firma le toca reparar el daño pero, añaden, “está en concurso de acreedores”, por eso exigen que la Xunta asuma los trabajos y revierta la situación. Que vacíe, que restaure, que les devuelva el monte perdido.

El complejo donde se ubican las toneladas de residuos afecta directamente, calculan, a unos 900 habitantes de varias aldeas circundantes, y se encuentra a 5,9 kilómetros en línea recta de la catedral de Santiago y a cuatro de la residencia de Monte Pío, la mansión oficial del presidente de la Xunta. Pese a ello, una suerte de ceguera administrativa propició lo que uno de los vecinos, David Martínez, definía como “un futuro de mierda” junto al rimbombante Complejo Ambiental de Miramontes. La vieja cantera empezó a llenarse en 2008 con “residuos industriales no peligrosos” (con el tiempo, los vecinos fotografiaron grandes cantidades de amianto) procedentes de toda Galicia. Y los llamados “tecnosuelos” a partir, sobre todo, de lodos de depuradoras y dragados de rías gallegas, se emplearían desde 2015 como manto. En 2018 aquel plan de regeneración, denunciado por los vecinos y grupos ecologistas como la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) o Adega, acabó estallando en las manos de los políticos. Santiago Gregorio López, uno de los portavoces vecinales, sitúa en “una auditoría externa” costeada por la Marea local, Compostela Aberta (“a propuesta de” su líder, Martiño Noriega, entonces alcalde de Santiago), el momento en el que la Xunta del PP “empezó a ver” aquella aberración. “Hasta entonces, nos negaban todo, decían que era un proyecto puntero pero, tras la auditoría, curiosamente los análisis de la Xunta empezaron a dar mal”, recuerda López.

Las inspecciones de la Xunta derivaron en dos multas y en la clausura de Tecnosolos Galaicos, SL. La empresa la llevó a los tribunales, y el contencioso-administrativo dio la razón a la Consellería de Medio Ambiente en el TSXG. Mientras tanto, los vecinos siguieron la vía penal. “El estupendo trabajo del entonces fiscal de Medio Ambiente en Galicia, Álvaro García Ortiz [hoy exfiscal general del Estado], fue crucial para nosotros”, reconoce el portavoz.

En 2018, la SGHN, presidida por el edafólogo del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) Serafín González, exigía ya a la Xunta el precintado y la retirada total del “falso tecnosuelo” derivado de residuos con el que se prometía restaurar la cantera rellenada. Un verdadero tecnosuelo sirve para reciclar restos orgánicos y, tratado y madurado, acaba pareciéndose a la tierra vegetal, pero el de Miramontes mezclaba contaminantes. El 70% de las muestras recogidas entre 2016 y 2017 doblaban y hasta quintuplicaban los valores máximos de metales y metaloides permitidos por la Instrucción Técnica de Residuos de Galicia (ITR). Incluso un elemento peligroso como el cromo hexavalente triplicaba el máximo legal. Los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos, supuestos cancerígenos, llegaban a multiplicar por 10 la línea roja, y los nitratos en lixiviados superaban hasta “43 veces” los parámetros admisibles, informaba en un escrito a Medio Ambiente el grupo ecologista. Esta “sobredosis tóxica”, advertía González, podía llegar a imposibilitar la vida en la faz del monte. Por si esto era poco, en medio de los vertidos afloraban objetos que delataban el origen de los residuos y que los vecinos llegaron a fotografiar: cuchillas, cepillos de dientes, conchas, condones, jeringuillas, plásticos, pilas.

Las sentencias son una victoria, pero no tranquilizan a nadie. Desde aquellos años, según López, “ya hubo varios incendios” en ese lugar que llama Monte Perdido. Además, sigue “oliendo mucho”; “los gases que salen por las chimeneas del metano son a veces insoportables”, insiste. En el vaso colmatado de la cantera pusieron “varias capas de aislante por encima”, pero “tenemos miedo de que algún día reviente”, asegura el representante vecinal. La lucha de esta zona rural de Santiago, pertinaz en el tiempo e inacabada, ha servido de ejemplo a otras comarcas gallegas donde los vecinos combaten proyectos de relleno con residuos de viejas minas a cielo abierto. “El negocio de la basura es muy superior al de las canteras”, recalca el portavoz.

Con las sentencias de los tecnosuelos en la mano, los vecinos llevan varias semanas pidiendo, sin éxito, una reunión en la Consellería de Medio Ambiente. Quieren saber si existe algún plan para esa mole de basura que siguen teniendo al lado y piden el compromiso de la Xunta ante el enorme coste de la recuperación ambiental. “La Xunta tiene que pagar, y nos sobran razones para no fiarnos de ella. Que se busquen la vida para revertir la situación. Ahí arriba hay miles de toneladas de residuos, y hasta siete metros de profundidad en la parte de los tecnosuelos”, calcula López.

Preguntada por sus planes para el “complejo ambiental” clausurado y sobre una posible reunión con los afectados, Medio Ambiente e Cambio Climático se limita a defender su actuación y no da pistas sobre el futuro. “La Consellería actuó en todo momento con rigor en la ejecución de sus potestades de control, inspección y sanción”, asegura por escrito a El País un portavoz oficial, y de ello “se derivaron distintos expedientes sancionadores”. “De hecho”, añade, “la reciente resolución judicial [por vía penal, impulsada por los vecinos] en ningún caso pone en duda el papel de la Xunta en la supervisión ambiental”. Y acaba: “el Ejecutivo va a seguir realizando las actuaciones pertinentes para garantizar el estricto cumplimiento de la normativa y la protección del medio adoptando las medidas oportunas”.

Mientras, respaldados por esa segunda sentencia dictada en la Audiencia, Ferusa y la plataforma de afectados avisan de que no van a “tolerar” que el delito ya reconocido en firme quede sin saldar. “Quedó demostrado que la empresa incumplió de manera consciente y continuada su autorización ambiental; que superó ampliamente la capacidad máxima permitida; que almacenó en zonas no autorizadas; que dejó materiales a la intemperie; que generó lixiviados y vertidos sin tratar; y que provocó daños al subsuelo y las aguas", destacan en una nota. El fallo reconoce que el cadmio, los nitratos, los hidrocarburos, el plomo y el cinc superan lo legal, y redobla la obligación de restaurar que ya había confirmado el TSXG.

​​“Lo de los falsos tecnosuelos va a ser un nuevo caso de que quien contamina no paga, al menos no todo lo que debería”, lamenta Serafín González. “Lo lógico sería que la empresa hubiera depositado un aval en Medio Ambiente y/o contratado un seguro de responsabilidad civil que cubriese una mala praxis o un accidente”, dice. “Pero el aval es ridículo, la multa es ridícula y, para no variar, los costes de la retirada tendremos que pagarlos entre todos”, concluye el edafólogo del CSIC al que acudieron los vecinos cuando decían sentirse “despreciados” por la Xunta.

Después de tantos años, los afectados acabaron aprendiendo mucho de gestión de residuos y suelos. Ante el juez se presentaron armados con un informe pericial de la catedrática de Edafología y Química Agrícola de la Universidade de Santiago Maite Barral, y llevaron como testigo al experto del CSIC. “El vertido de residuos debe ser retirado sin más demora", apremian las asociaciones, “para que no sigamos asumiendo los vecinos y el medio las consecuencias de una actividad delictiva”. Mientras tanto, reflexionan, ”es inevitable preguntarse si los daños se habrían evitado con una actuación inspectora más diligente”.