Aduanas desmantela parte de su flota antidroga por el amianto, pero mantiene su buque insignia bajo sospecha

La presencia de amianto en la flota de Aduanas que durante casi cuatro décadas ha perseguido el contrabando y el narcotráfico principalmente en Galicia ya se ha llevado al desguace a cinco embarcaciones en los últimos meses. Estos barcos retirados han sido sustituidos por viejas lanchas de la agencia estatal. En las inspecciones ordenadas por la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA), dependiente de la Agencia Tributaria (AEAT), también se ha localizado el potencial tóxico en el buque de operaciones especiales Petrel I, con base en Vigo, que ha sido reparado y ya está navegando, un regreso que ha provocado las protestas de los trabajadores del servicio.

Los representantes de UGT en el Comité de Seguridad y Salud de la AEAT consideran que la inspección en el Petrel I ha sido “superficial” porque “se han ignorado zonas críticas de la embarcación”. El sindicato considera que se está poniendo en riesgo a toda la tripulación, unos 20 funcionarios, además de al personal de servicios y agentes de otros cuerpos que ocasionalmente embarcan como Policía Nacional, Guardia Civil o aduaneros de diversos países. Esta situación insólita ha desembocado en una batalla judicial emprendida por la organización sindical contra la DAVA por la contaminación que sufre la flota más antigua y numerosa de Aduanas.

El caso más paradigmático es ahora el del buque insignia Petrel, que con 50 años de navegación ha retomado las operaciones de control y asalto en alta mar pese a que su vieja estructura está bajo sospecha. Para UGT, la actuación de desamiantado del barco, que se realizó después de que este material cancerígeno fuera detectado en abril, incumple la normativa de prevención y es insuficiente para garantizar la seguridad del personal destinado a bordo.

El sindicato también denuncia que por parte de la dirección de la AEAT se les ha negado el derecho a participar como observadores en las inspecciones técnicas en el buque para comprobar la existencia de materiales con amianto, tal y como recoge la normativa. Tampoco han tenido acceso a la información relativa a las reformas que se realizaron en 2023, ya que, según consta en sus demandas judiciales, las zonas reparadas entonces no han sido evaluadas en la inspección por amianto. Tampoco han podido acceder al inventario completo de materiales potencialmente peligrosos.

“La AEAT ha optado por una inspección no intrusiva, limitada a zonas accesibles que solo han permitido la retirada parcial del amianto localizado”, afirma Luis Vidal Parra, técnico de prevención de UGT de la Agencia Tributaria. “No se ha procedido a una inspección a fondo de las zonas ocultas (mamparas, techos, conductos de climatización, doble fondo, etc.), pese a tratarse de una embarcación con medio siglo de antigüedad”, añade.

La Agencia Tributaria esgrime que el Petrel se sometió a una inspección por parte de una empresa especializada que está haciendo un seguimiento estructural del buque. “Estamos tranquilos porque es un equipo técnico el que está actuando“ , afirman fuentes del organismo del Gobierno. Respecto a la prevención y salud de los trabajadores, la AEAT anuncia que está ultimando un informe donde se recoge el historial completo de las tripulaciones para valorar los riesgos sanitarios del personal que ha estado expuesto al amianto.

UGT, sin embargo, mantiene que la puesta en servicio del buque no garantiza la ausencia de amianto en el resto de la estructura y ha llevado el asunto a los juzgados. La denuncia presentada en agosto en un juzgado de Vigo por la vía penal ha sido desestimada provisionalmente porque no se han encontrado “indicios sólidos sobre la presencia de material potencialmente peligroso” en el Petrel, señala el auto, por lo que el sindicato ha recurrido al juzgado de lo social.

La Agencia Tributaria niega que haya riesgo para los trabajadores. Alude al resultado del informe de evaluación ambiental efectuado durante el desamiantado y también a que la reforma realizada en el Petrel en 2023 rebajó las posibilidades de exposición del personal de servicio al evitar un posible contacto con el material potencialmente tóxico. Una respuesta que UGT considera insuficiente. La central insiste en que “el volumen de residuos retirados en el desamiantado parcial realizado en 2025 —ocho sacos de grandes dimensiones— no guarda relación con los escasos materiales declarados oficialmente” tras la inspección. “Todo apunta”, según el sindicato, “a una ocultación deliberada de información técnica y a un intento de minimizar la magnitud del riesgo”.

La denuncia del Petrel no es un caso aislado. Se suma a la paralización y baja de cinco embarcaciones en las bases marítimas del norte de España (Santander, Gijón y Ferrol, entre otras) por la presencia de amianto. “La solución de la AEAT ha sido sustituirlas por dos buques en estado deplorable, varados durante años y sin garantías mínimas de seguridad, trasladando a las tripulaciones de un riesgo cancerígeno a un riesgo mecánico y estructural”, incide UGT.

“Las tripulaciones han estado y están doblemente expuestas por los riesgos que entraña la navegación, la represión del narcotráfico, y la amenaza del amianto”, explica Vidal. Y recuerda que en 2023, la Dirección de Recursos Humanos de la AEAT respondió con un contundente “no hay amianto” en las embarcaciones que UGT puso bajo sospecha. “Hoy, la realidad es otra bien distinta y el Petrel es un monumento flotante al despropósito preventivo y a la dejación institucional porque la salud de los trabajadores de Vigilancia Aduanera sigue siendo la última preocupación de la AEAT”, apunta.

Vigilancia sanitaria solo a una parte de la plantilla

En las bases marítimas de Muros, Ribadeo, Gijón, Santander y Bilbao, cinco embarcaciones de Vigilancia Aduanera han sido dadas de baja tras confirmarse la existencia de amianto instalado en múltiples zonas de sus estructuras. El desamiantado integral de estas embarcaciones, con más de 40 años de antigüedad, supone un coste económico muy superior a su valor actual, motivo por el que la AEAT ha optado por su retirada definitiva.

La solución adoptada por la DAVA ha sido trasladar dos embarcaciones libres de amianto, pero que presentan un estado deplorable de conservación y funcionamiento, hasta el punto de que una de ellas ha permanecido más de cinco años en varadero, según UGT: “Evidencia un cambio de riesgo, pero no su eliminación.

Con respecto a los trabajadores que han formado parte de las tripulaciones de las embarcaciones afectadas, el servicio externo de prevención con el que la AEAT tiene concertada la especialidad de Medicina del Trabajo ha decidido restringir la vigilancia sanitaria específica únicamente a quienes hayan estado expuestos al amianto de forma directa y continuada. “Esta interpretación es ilegal e insuficiente al ignorar la existencia de exposición ambiental directa e indirecta, ampliamente documentada por la doctrina científica y en el Protocolo del Ministerio de Sanidad de 2013 y la directiva comunitaria. Reduce de forma drástica el número de trabajadores que recibirán seguimiento específico, en abierta vulneración de la normativa”, señala UGT.

“La actuación de la AEAT y de la DAVA en materia preventiva resulta inadmisible”, añade Vidal sobre la batalla judicial que han emprendido. “Se mintió a los sindicatos informando hace dos años que no había amianto y se han retirado cinco embarcaciones contaminadas que se han reemplazado por dos buques en condiciones indignas y de riesgo, se ha restringido arbitrariamente la vigilancia de la salud de los trabajadores, y se ha reincorporado a la navegación el Petrel sin que se haya garantizado la eliminación del riesgo”, concluye.