La interminable espera para el reconocimiento de la enfermedad profesional por amianto: “Esto es un sinvivir”

Juan Cruz Ibargutxi tenía 78 años. No fumaba ni bebía. Tampoco tomaba pastillas para la tensión u otras dolencias típicas de su edad. Era un hombre sano que pasaba su tiempo entre Vitoria y la casa del pueblo en Aberasturi, al aire libre, en la huerta y con sus perros. Los primeros síntomas de la enfermedad aparecieron en el verano de 2022. A finales de septiembre le diagnosticaron un mesotelioma maligno, un tipo de cáncer provocado por la exposición al amianto. Ibargutxi había trabajado durante casi 40 años como mecánico de mantenimiento en Tuboplast, una empresa en la que se utilizaba el amianto como aislante térmico. “No les daban mascarillas, ni nadie les avisó de que el amianto era cancerígeno ni nada”, cuenta June Ibargutxi, una de sus hijas.

La esperanza de vida de un mesotelioma es corta e Ibargutxi comenzó con los tratamientos médicos y, paralelamente, también el camino para reclamar justicia. El primer paso era conseguir el reconocimiento de que la afección había sido provocada por la exposición al amianto. Para ello, en diciembre de 2022, Ibargutxi presentó ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Vitoria la solicitud para la declaración de la incapacidad absoluta derivada de enfermedad profesional. Si el INSS reconocía la enfermedad profesional, sería determinante para demandar judicialmente a la empresa y conseguir ser indemnizado. Esa declaración establecía la causalidad entre la actividad de la empresa y su enfermedad. La dolencia avanzaba y había que conseguirlo cuanto antes, pero la tramitación en el INSS se eternizó. Ibargutxi falleció a finales del pasado mes de enero —dos años y dos meses después de iniciar el papeleo— sin que el INSS hubiera resuelto su solicitud. “Les avisábamos de que mi padre estaba empeorando, de que se iba a morir y nada, queríamos que le indemnizaran en vida y no lo hemos conseguido”, relata June.

El expediente de Ibargutxi en el INSS no ofrecía demasiadas complicaciones. El mesotelioma es una enfermedad relacionada con la exposición al amianto. Desde julio de 2023 contaba además con el informe favorable del Instituto Vasco de Salud y Seguridad Laboral (Osalan, dependiente del Gobierno vasco), que confirmaba la existencia de amianto en la planta y, tras recoger el testimonio de testigos, dictaba como “posible y probable” que Ibargutxi hubiera estado expuesto a esas fibras letales. Nada explicaba semejante tardanza en el INSS. “Nos dijeron que habían tenido problemas informáticos”, dice June. “Encima que ya estás amargado con la quimioterapia, con el cáncer y con todo lo que se nos acaba de caer encima, tienes que llevar el proceso de enfermedad profesional y no te facilitan las cosas, no hay ninguna agilidad”. El INSS se convirtió en una especie de muro. No se podía recibir información por teléfono y las citas que la familia conseguía por internet se podían demorar más de un mes.

Un día rompió a llorar de impotencia frente a la empleada que le atendía en la ventanilla y la actitud de la institución cambió algo. June dice que, al menos, el INSS no ha archivado la solicitud inicial que presentó su padre, lo que les habría obligado a empezar los trámites de nuevo. Ahora es su madre la que está a la espera de esa resolución del INSS para aplicarla a su pensión de viudedad y para que sirva de prueba en la demanda contra la empresa.

El relato de Eva Gómez es muy parecido: “Tienes que ir cada dos por tres al INSS porque, claro, si lo dejas, no te hacen ni caso. No puedes ir personalmente y presentarte allí a preguntar: no te dejan entrar porque no tienes cita. Así que coges cita y te la dan para dentro de un mes y cuando vas, te dicen que no está la resolución, y tienes que volver a coger otra cita. Hemos estado así tres años y es un sin vivir porque al final no puedes hacer el duelo en condiciones”.

El padre de Eva, José Gómez Ubeira, falleció en marzo de 2022, poco después de que le fuera diagnosticado un cáncer de pulmón. Había trabajado como operario en los hornos de Forjas Alavesas y Acenor (ahora Sidenor) y estuvo expuesto al amianto. La familia presentó la solicitud para el reconocimiento de la enfermedad profesional en mayo de 2022. Lo han conseguido, pero el último papel que detalla cuál es la prestación que recibirá la viuda no ha llegado hasta este pasado mes de marzo, casi tres años después. “No nos dieron ninguna explicación, nos decían que iba lento, que era así pero que no podían hacer nada”, dice Eva. “Lentitud y más lentitud, burocracia y trabas, es desesperante”. La familia también necesitaba este reconocimiento para la demanda judicial contra la empresa.

Jonjo, hijo de J. J. A., un trabajador de Aceros de Llodio fallecido en 2019 por asbestosis a los 90 años de edad, también tuvo que enfrentarse al frontón del INSS. La familia presentó la solicitud de la prestación de viudedad por enfermedad profesional en diciembre de 2020. La resolución, que fue positiva después de muchos contratiempos, no llegó hasta octubre de 2023. “No lo puedo asegurar porque yo no estoy ahí dentro pero pienso que hay una estrategia para dejar pasar el tiempo y que las familia se cansen, y en muchos casos desistan y lo den por imposible”. Para Jonjo estamos ante “una violencia institucional ejercida hacia un colectivo que consideran subalterno”.

El portavoz de la Asociación de Víctimas de Amianto de Euskadi (ASVIAMIE), Jesús Uzkudun, cree que existe una intencionalidad para frenar los procesos por las repercusiones económicas que conllevan en prestaciones e indemnizaciones: “En la mayoría de los INSS faltan médicos especializados en medicina del trabajo pero también hay una voluntad política que estoy seguro que está funcionando”.

Y no son los únicos casos. La familia de otro trabajador alavés fallecido en enero de 2024 lleva desde entonces esperando la resolución. Y los allegados de un trabajador de Forjas Alavesas acumulan una espera de casi año y medio. Y eso sin contar que ASVIAMIE tiene documentadas varias sentencias judiciales en las que se revoca la decisión del INSS de denegar el reconocimiento de la enfermedad profesional. Simón Alonso, extrabajador en Aceros de Llodio y Sidenor, padece un mesotelioma, pero el INSS no le reconoció el origen profesional de la enfermedad. “Tuvimos que ir a juicio y el juzgado confirmó que se trataba de una enfermedad profesional”, cuenta. “Los que tendrían que dar facilidades, lo único que pusieron fueron trabas”. Lo mismo le ocurrió a la familia de Francisco Flores, trabajador de Forjas Alavesas y Sidenor fallecido en 2019. “La sentencia en la que dictaron que mi padre murió por una enfermedad profesional fue muy importante. Fue una victoria y poder decir ‘Papá, lo hemos conseguido”, explica su hija Toñi.

Fuentes del INSS de Álava achacan estas largas esperas a la falta de personal en el equipo de valoración médica de la institución. En la actualidad, hay cinco médicos, de los que dos se han incorporado recientemente y están todavía en periodo de formación. Se encargan de todos los casos de incapacidad de la provincia, no solo de los de exposición al amianto. Desde el INSS trasladan además que los casos de amianto son más complejos de lo habitual. En una reunión interna con asociaciones de víctimas para tratar el Fondo de Compensación —otro asunto que se está eternizando—, altos cargos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reconocieron que en Euskadi existen 19 casos de expedientes que presentan retrasos en su tramitación y se barruntó la posibilidad de habilitar un buzón directo para agilizarlos.

De momento, los afectados tienen que seguir acudiendo a la sede del INSS en la calle Dato de Vitoria. Frente a las oficinas hay una escultura popularmente conocida como El Torero. Da la impresión de que es una metáfora de la sensación con la que a veces salen las familias del edificio. La sensación de que la administración las está toreando.