El amianto amenaza la lucha contra el narco en Galicia

En los medios marítimos del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), dependiente de la Agencia Tributaria (AEAT), un cuerpo fundamental en la represión contra el narco desde los años noventa y con atribuciones de policía judicial, se ha desatado una alerta sin precedentes. Ha sido detectado amianto en al menos seis de sus embarcaciones en el norte de España, confirma Aduanas, una situación que ha puesto en riesgo a un centenar de efectivos que forman parte de sus tripulaciones, según estimaciones de UGT. El sindicato ya denunció hace dos años el grave riesgo que supone para los aduaneros la falta de seguridad de los barcos. “Nadie se ha preocupado por nosotros ante una gestión claramente temeraria, negligente y opaca”, afirma Antonio García Soto, responsable de la central.

Las analíticas de los técnicos del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la AEAT han constatado que las estructuras de los barcos están “trufadas de amianto”. El envejecimiento de la flota que depende de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) es lo que explica la presencia de este material tóxico ahora prohibido, presente tanto en el casco del barco como en su interior. Los afectados se quejan de que tanto las tripulaciones como sus familias han estado expuestas durante años a este elemento cancerígeno. “La enfermedad mortal que produce el amianto es silenciosa y también pone en riesgo al entorno familiar de los afectados, ya que los uniformes se llevan a lavar a casa, otro factor importantísimo que indica la falta de previsión que ha habido”, lamenta García Soto.

El sindicato ha denunciado ante la Inspección de Aduanas y la Fiscalía “la gestión temeraria, negligente y opaca, tanto de la AEAT como de la DAVA”, por poner “en jaque” la operatividad de la flota marítima aduanera, y “ocultar riesgos gravísimos para la salud de los trabajadores de manera sistemática”. La respuesta de la AEAT y la DAVA, dependientes del Ministerio de Hacienda, ha sido el amarre de la flota y la inspección minuciosa de cada barco, confirman fuentes de Aduanas. Sobre todo, se ha puesto el foco en los trabajadores afectados a los que el sindicato UGT ha exigido que permanezcan bajo vigilancia médica post-exposición por agentes cancerígenos a 10 años vista, inicialmente con TAC torácico y espirometría bienal.

También se pretende incluir en los programas sanitarios específicos a familiares convivientes, mientras se elabora un informe definitivo de la situación. “En el riesgo a la exposición de amianto ha contribuido el hecho de que los trabajadores no tuvieran taquillas dobles para aislar sus equipos, sometiendo a sus familiares a una contaminación indirecta”, subraya el técnico de prevención de UGT de la AEAT, Luis Vidal Parra.

La situación es todavía más complicada por las averías que han surgido en el resto de la flota, después de que se detectaran daños estructurales y defectos de diseño en embarcaciones que están operativas. UGT exige la inspección de todos los barcos construidos antes de 2002, dando prioridad al Petrel I, buque insignia de operaciones especiales, debido a su antigüedad, y cuya primera revisión estaba prevista para el pasado 30 de abril. Las seis embarcaciones actualmente afectadas están paralizadas para estudiar su desamiantado y si no es posible, proceder a su baja.

Una flota enferma contra el narco

“Estamos asustados ante los riesgos derivados de esta situación”, asegura Vidal Parra, que interviene como miembro del Comité de Seguridad y Salud Intercentros de la AEAT que se creó para tratar el amianto. “El Petrel está obsoleto y el resto de los barcos afectados tienen más de 40 años”, apunta. Vidal está gestionando la crisis como interlocutor principal ante la Administración, la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas. Ante este órgano fiscalizador, denunció en 2023 posibles irregularidades de la AEAT en la adjudicación de barcos al astillero gallego Rodman por supuesto “monopolio”. La denuncia se derivó a la Sección de Enjuiciamiento. “No hemos vuelta a saber nada del Tribunal de Cuentas y no tenemos constancia de que se haya procedido a comprobar los hechos denunciados”, lamenta Vidal.

El amarre de la flota se produce en un momento de máxima presión para los grupos policiales que se dedican a combatir el narcotráfico, ante la constante llegada de alijos por vía marítima que requiere de los medios de Aduanas para los abordajes en alta mar de los barcos que los transportan. “Queremos ser prudentes para no transmitir la sensación de que esto va a servir de coladero para los narcos o que esta situación genere un efecto llamada para los traficantes”, incide García Soto. “La salud de los trabajadores está en riesgo por lo que hemos exigido responsabilidades técnicas y directivas sobre lo que venimos denunciando durante años”, añade.

El sindicato considera que Aduanas “ocultó la existencia de materiales con amianto en las embarcaciones de su flota, hasta que la evidencia ha sido tan contundente que ya no se ha podido barrer bajo la alfombra”. Según UGT, en la embarcación Alcaraván I (Santander) se ha confirmado la presencia de crisotilo (amianto blanco), una amenaza cancerígena. Al comprobarse que otras embarcaciones del mismo modelo y astillero están igualmente afectadas (Bilbao, Gijón, Ribadeo, Muros) la flota del norte está paralizada, según fuentes del sindicato. En Galicia solo hay tres embarcaciones operativas: A Coruña, Vigo y Marín. La de Vilagarcía está en reparación, mientras que las de Muros y Ribadeo están varadas por amianto.

La organización sindical ha pedido una investigación urgente sobre las actuaciones de la DAVA en materia de protección de riesgos laborales y gestión operativa, y exige la paralización total del acceso a las embarcaciones sospechosas de contener amianto hasta que se disponga de informes firmados por técnicos competentes que garanticen la seguridad y salud del personal de la AEAT. Además, demanda la activación de protocolos específicos de vigilancia de la salud para todo el personal potencialmente expuesto al amianto, ya sea propio o externo.

Para UGT, la situación “roza lo grotesco”. A la paralización de cinco embarcaciones en el norte por riesgo de amianto, se suma que los trabajadores se encuentran con una flota desguazada por las averías, sin mantenimiento efectivo, “y con ejemplos de despilfarro e incompetencia que ofenden a cualquier servidor público”. Pone como ejemplo el caso del buque Cóndor, construido por el astillero Rodman Polyships: se invirtieron más de ocho millones de euros hace apenas cuatro años y hoy ya presenta “grietas estructurales”.

Además, el sindicato denuncia que sólo dos de las ocho embarcaciones rápidas del modelo Audaz facturadas se han entregado. Ambas han presentado fallos en los motores hidrojets y sus problemas de diseño han obligado a modificar el espejo de popa. Estas embarcaciones, también construidas por el astillero Rodman, tienen un coste de más de 14 millones de euros, pero acumulan 17 meses de retraso en la entrega.

UGT también denuncia la enajenación de la flota aérea del Servicio de Vigilancia Aduanera, lo que constituye, dice, “un ejemplo paradigmático de gestión pública descuidada y desprovista de toda lógica económica y operativa”. ”El desmantelamiento de cuatro aeronaves -equipadas con tecnología de alto valor como telefonía satelital, AIS y sistemas optrónicos valorados en millones de euros- se realizó a precios de saldo, con licitaciones que llegaron a situarse por debajo incluso del coste de un solo contrato de mantenimiento de motores aún vigente”. Y califica de “escandaloso” que, tras inversiones acumuladas de más de siete millones de euros en mejoras tecnológicas e infraestructuras operativas, “la AEAT liquidase el conjunto por importes ridículos que ni siquiera cubren el coste de los repuestos instalados”, explica. El sindicato subraya que fue una venta “acelerada y opaca” a la empresa Emiratos Khalifa Capital, “con indicios de desidia institucional y una alarmante falta de planificación estratégica”, pues “no sólo vacía de capacidades al Servicio de Vigilancia Aduanera en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando, sino que implica una pérdida patrimonial directa para las arcas públicas”.