Pérez Llorca acusa al Gobierno de regularizar a los inmigrantes por un “tema electoral” y apoya a Vox para proteger dos cruces franquistas

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha alentado este miércoles en Les Corts la consigna de que la regularización de los inmigrantes aprobada este martes por el Gobierno, presidido por el socialista Pedro Sánchez, “responde a un tema electoral”, y no a razones sociales ni humanitarias.

El también presidente de la gestora del PP de la Comunidad Valeciana no se ha referido a que podrán votar en las próximas elecciones generales, el bulo que atiza Vox y que voces de su partido han repitido, pero sí lo ha dejado caer de manera genérica en su respuesta a una pregunta formulada en la sesión de control por José María Llanos, portavoz de la formación de la ultraderecha, que sostiene al Consell con sus votos en el parlamento.

Los migrantes regularizados no pueden votar, salvo en las elecciones municipales con determinados requisitos, según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). De esta norma se deriva que los inmigrantes con residencia legal no pueden votar en las generales ni en la autonómicas. Y en las municipales lo pueden hacer si han vivido ininterrumpidamente en España al menos cinco años, si hay convenio de reciprocidad con el respectivo país de origen, si están empadronado en la localidad en cuestión e inscritos en su censo.

En línea con el argumentario del PP nacional, Llorca ha calificado de “irresponsable” el decreto del Gobierno y ha ratificado que la Generalitat lo recurrirá ante los tribunales porque “pone en riesgo el sistema sanitario y de políticas sociales de la Comunitat Valenciana y de muchísimas autonomías de España”.

El president también ha incidido en que “la Comunitat Valenciana atiende a 595 migrantes no acompañados y estamos cumpliendo con la ley” y ha denunciado que el reparto de menores migrantes responde en España “a intereses políticos” del Gobierno que “mercadea con el drama”. Y ha señalado que con el nuevo sistema de acogida de migrantes del Ejecutivo central “llegarán 1.900 menores extranjeros no acompañados adicionales sin financiación, sin recursos ni infraestructuras”.

En el mismo pleno, Les Corts han aprobado una Proposición No de Ley (PNL) impulsada por Vox gracias a los votos a favor de este grupo y del PP para evitar la destrucción, retirada o eliminación de “símbolos que representan nuestro patrimonio” como la Cruz de los Caídos de Alicante o la Cruz de Ribalta de Castelló de la Plana, ambas instaladas durante la década de los cuarenta del pasado siglo por las autoridades de la dictadura franquista.

El PSPV y Compromís han rechazado la propuesta y han acusado a ambas formaciones de “defender el fascismo” y de situarse “en el lado incorrecto de la historia”.

En la iniciativa, Vox plantea que Les Corts insten al Consell a promover la adopción de las medidas necesarias para evitar la destrucción, retirada o eliminación de edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en aplicación de la Ley de Concordia de la Comunitat Valenciana.

Además, la iniciativa insta al Consell a que a su vez solicite al Gobierno de España que impulse los trámites administrativos pertinentes para declarar de interés cultural los bienes que pudieran verse afectados por la Ley de Memoria Democrática, en los supuestos en que su protección corresponda a la Administración General del Estado, así como a llevar a cabo los trámites legislativos necesarios dentro de sus competencias para impulsar la derogación de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

En declaraciones a los medios el martes, cuando se debatió la PNL, Llanos señaló, respecto a la simbología asociada al franquismo, que las cruces tienen “2.000 años” y, según él, “tienen poco que ver con regímenes políticos y más con nuestra tradición y fe”. “A nadie se le ocurriría derribar el Coliseo o el Arco del Triunfo por más absolutista que fuera Napoleón. La historia está ahí para aprender de ella”, afirmó.

El síndic (portavoz) popular, Nando Pastor, valoró que el tratamiento de las víctimas es de “todos por igual”, con el fin de que no haya “víctimas de primera y víctimas de segunda”. En este punto, arremetió contra el Ejecutivo central por haber llevado al Tribunal Constitucional la Ley de Concordia de la Comunitat Valenciana.

Por el contrario, el síndic del PSPV, José Muñoz, acusó a Vox de “defender el fascismo y todos los monumentos conmemorativos del fascismo”. Y lamentó que, tras impulsar la Ley de Concordia valenciana, el PP ya está “echado en manos de Vox”.

El diputado de Compromís,Jesús Pla, dijo en el pleno al respecto de la iniciativa: “Lo que reclaman aquí es que dos gobiernos democráticos protejan símbolos de exaltación de un golpe de Estado militar, la dictadura franquista y hasta el nazismo y el fascismo italiano”.

Resignificación

La cruz de Castellón fue retirada del Parque Ribalta por el Ayuntamiento gobernado por la izquierda el 4 de enero de 2023. Y se reubicó en la explanada de la parroquia de Santo Tomás de Villanueva, porque pasó a ser propiedad de la diócesis. En junio de 2024, un juzgado declaró nula la decisión municipal de retirarla. En 2025, el Tribunal Superior de Justicia valenciano añadió que las cruces “resignificadas” no son necesariamente vestigios franquistas. El tema ha creado discrepancias internas en el gobierno municipal, ahora en manos del PP y Vox. Los representantes del partido de Santiago Abascal defienden recuperar la cruz en el parque y los populares apuestan por otros monumentos o soluciones de consenso (como un homenaje a las víctimas del terrorismo).

La Cruz de los Caídos de Alicante está ubicada en la avenida de Maisonnave desde los años cuarenta. En 1986, tras un acto de homenaje a José Antonio Primo de Ribera, fundador de la Falange fusilado en 1936 en Alicante, que congregó a franquistas, el Ayuntamiento dirigido entonces por el socialista José Luis Lassaletta, decidió grabar la inscripción: “1936-1940. A todos los hombres y mujeres que murieron en defensa de sus ideales”. Una inscripción empleada por el TSJ valenciano para salvar el monumento.