Compromís amplía la denuncia por “enchufismo” de la alcaldesa de Valencia y pide investigar a unos de sus principales concejales

El grupo Compromís en el Ayuntamiento de Valencia ha registrado este miércoles la ampliación de su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por la presunta colocación a dedo de cargos en instituciones públicas de la ciudad y ha pedido investigar también al concejal José Marí Olano, que habría intentado implicar a la empresa pública Aumsa.

Así lo ha anunciado la portavoz municipal de Compromís, Papi Robles, en una comparecencia en la que ha informado que se han añadido dos elementos “clave”: el acta del pleno del 25 de septiembre de 2024 y los audios conocidos en las últimas horas y adelantados por eldiario.es, que, según denuncian, “confirman paso a paso” el funcionamiento de la operativa.

La Fiscalía Anticorrupción investiga penalmente al Ayuntamiento de Valencia, que preside María José Catalá (PP), y a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias a raíz de la recolocación a dedo de trabajadores del denominado Consorcio Valencia 2007, de titularidad pública. Junto a Catalá, las pesquisas indagan la presunta implicación en esta irregularidad de dos concejalas del Consistorio, Rocío Gil y Paula Llobet, y de la presidenta de la APV, Mar Chao. La Fiscalía también apunta a cuatro trabajadores públicos. El Consorcio Valencia 2007, desde donde partió la supuesta recolocación a dedo a otras entidades públicas, es una entidad integrada por el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento.

Estos los citados documentos, según Compromís, confirman la implicación del concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, como el principal cerebro de esta operación presuntamente ilegal, en la que además trató de arrastrar a Aumsa, como ha podido saber la coalición.

Robles ha explicado que ya no están “hablando de sospechas ni de indicios aislados” sino de “una operativa perfectamente descrita por sus propios protagonistas”. En este sentido, ha destacado que en el acta plenaria el concejal José Marí Olano asume que actuaba por indicación de la alcaldesa (“Yo recibí el mandato de la alcaldesa de tratar de encontrar una solución”; “Si alguien sigue interesado, que me lo diga en privado”) y ha afirmado que “es evidente que Catalá estaba al tanto de todo y ordenaba cómo hacerlo”.

Por ello, Compromís pide que Marí Olano sea también investigado por los mismos presuntos delitos, a los que añaden el de negociaciones prohibidas a funcionarios. “No se puede entender esta trama sin el papel central de Olano”, ha remarcado.

Según la coalición, las nuevas informaciones apuntan a que no se trata de un caso aislado sino de una estrategia coordinada. “Tenemos información que confirma que Olano intentó replicar esta operación en Aumsa con dos plazas más”, ha indicado Robles. “Solo las objeciones internas de la empresa pública lo impidieron”, ha añadido para asegurar que “esto demuestra que era una operación planificada para cometer fraude de ley desde dentro del gobierno”.

Compromís ha rechazado las explicaciones ofrecidas por la alcaldesa en las últimas horas y asegurado que “está mintiendo e intentando desviar la atención”. “Esta operación de clientelismo es anterior a cualquier moción del Pleno. Incluso hay un acta notarial previa que ya advertía de lo que iba a pasar”, ha señalado.

Además, ha recordado que el problema de fondo es la gestión de la Marina: “Mientras nosotros apostábamos por un modelo público y por subrogar a los trabajadores y trabajadoras, Catalá la privatizó y despidió a trabajadores, salvando solo a quien quiso”, ha asegurado. Según Compromís, “no es un problema del Puerto, es una operación concertada con el Puerto para colocar a personas concretas”, Robles ha concretado: “Estaba todo preparado: cuando tenían aseguradas las plazas, se retiraban del resto de procesos. Esto no es casualidad, es un sistema”.

Ante la gravedad de los hechos, Robles ha anunciado que llevará al próximo pleno una moción para crear una comisión de investigación. “La ciudad merece conocer toda la verdad. No estamos ante un caso menor, sino ante una forma de entender las instituciones como una agencia de colocación al servicio del PP”, ha advertido. Para Compromís, este caso “puede marcar un antes y un después” en la legislatura y según Robles, lo tienen “claro” y llegarán “hasta el final. Caiga quien caiga”.