Anticorrupción investiga a la alcaldesa de Valencia y a la presidenta del Puerto por la creación de puestos de trabajo a dedo

La Fiscalía Anticorrupción investiga penalmente al Ayuntamiento de Valencia, que preside María José Catalá (PP), y a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias a raíz de la recolocación a dedo de trabajadores del denominado Consorcio Valencia 2007, de titularidad pública, según confirma a EL PAÍS el Ministerio Público.

Junto a Catalá, las pesquisas indagan la presunta implicación en esta irregularidad de dos concejalas del Consistorio, Rocío Gil y Paula Llobet, y de la presidenta de la APV, Mar Chao. La Fiscalía también apunta a cuatro trabajadores públicos. El Consorcio Valencia 2007, desde donde partió la supuesta recolocación a dedo a otras entidades públicas, es una entidad integrada por el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento.

La investigación de Anticorrupción, que ha avanzado The Objective, arrancó tras una denuncia presentada en febrero por Compromís, que sostenía que Catalá, Chao y las concejalas Rocío Gil, presidenta de la Fundación Deportiva Municipal; y Paula Llobet, de la sociedad pública Visit Valencia; impulsaron un proceso de “subrogación encubierta” de trabajadores que formaban parte del Consorcio Valencia 2007. Y que después pasaron a ocupar cargos directivos en dos entidades municipales y en la Autoridad Portuaria de Valencia. La supuesta irregularidad se cometió en 2024, según la denuncia.

Las pesquisas indagan, entre otros, el proceso de contratación que se produjo en la Fundación Deportiva Municipal, que en abril de 2024 aprobó dos convocatorias de contratación pública para puestos directivos del área administrativa y económica. Y, según Compromís, el Ayuntamiento maniobró para colocar a los empleados procedentes del Consorcio Valencia 2007. Unos hechos que contemplarían los delitos de prevaricación -dictar una resolución injusta a sabiendas- y tráfico de influencias.

El foco de la investigación también apunta a los supuestos manejos para colocar a trabajadores de forma irregular en la Fundación Visit Valencia, que en mayo de 2024 publicó tres convocatorias laborales. Una de ellas, permitió la contratación de un empleado procedente del Consorcio Valencia 2007, cuya plantilla fue despedida en julio de 2024. Las otras dos plazas se declararon desiertas. En un caso porque el aspirante no cumplía los requisitos y, en otro, porque no se resolvió.

Con el mismo modus operando, según la denuncia, la Autoridad Portuaria de Valencia, ofertó en abril de 2026 dos plazas para las áreas de infraestructuras y economía y anunció pruebas selectivas. El proceso también habría estado dirigido presuntamente a facilitar la contratación a dedo de los candidatos procedentes del Consorcio Valencia 2007.

Un Informe de la Intervención General del Estado de auditoría ya sembraba dudas en 2024 sobre las contrataciones en la APV. “La gestión de las plazas convocadas para personal excluido del convenio resulta deficiente con criterios restrictivos que podrían conculcar los principios generales aplicables de igualdad, mérito y capacidad”, rezaba el documento.

Una de las plazas mencionadas por la Intervención general del Estado en su informe es un empleo que ahora investiga la Fiscalía, según Compromís. El organismo fiscalizador destacó que, de los 11 candidatos que aspiraban a este puesto, solo dos cumplían con los requisitos de experiencia. Y uno de ellos fue excluido del proceso “sin que hubiera soporte legal”. “Podrían no respetarse los principios de acceso a la función pública”, censura el organismo fiscalizador.

La portavoz municipal de Compromís en Valencia, Papi Robles, enmarca la presunta recolocación irregular en “una trama para contratar a afines en puestos directivos y acusa al gobierno municipal de PP y Vox de utilizar las instituciones como ”una agencia de colocación".

La Autoridad Portuaria de Valencia ha declinado valorar el caso. “No informamos de los tramites realizados en el marco de los procesos judiciales en marcha que consideramos forman parte de una instrucción. Obviamente, la APV facilita siempre la documentación e información requerida por cualquier órgano fiscalizador”, ha asegurado el organismo.