Estados Unidos cambia a sus emisarios en Caracas apenas 100 días después de la intervención

El plan de tutelaje de Estados Unidos sobre Venezuela ha tenido un primer reacomodo. Laura Dogu condujo el restablecimiento de relaciones luego de que Washington atacase militarmente a Venezuela y se llevara preso a su presidente. Ahora ha sido relevada en el cargo, poco menos de tres meses después de haber llegado al país. Le sustituye John Barrett como encargado de negocios. Este miércoles, en un mensaje en las redes sociales de la embajada, Dogu informó que su “asignación temporal” ha llegado a su fin y que regresará a su cargo como asesora del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos.

“Estoy profundamente agradecida con el presidente Trump y el secretario [Marco] Rubio por confiarme la tarea de liderar la implementación de su plan aquí en Venezuela y de representar a Estados Unidos en este momento histórico”, se lee en el mensaje en el que asegura que su equipo continuará trabajando en las tres fases de estabilización, reconstrucción y transición que Washington ha planteado para el país sudamericano.

John Barrett había sido designado encargado de negocios en Guatemala en enero de 2026. Es un diplomático de carrera con más de 20 años de experiencia en el Servicio Exterior de Estados Unidos. Entre sus puestos anteriores destaca el de subjefe de Misión en la embajada estadounidense en Panamá (2023-2026), donde estuvo al frente de “la recuperación del control” del Canal de Panamá, para contrarrestar la presencia china, una batalla que Donald Trump convirtió en eje de su estrategia en América Latina. Fue consejero económico en Perú y El Salvador y cónsul general en Recife, Brasil.

Su perfil se enfoca en temas de seguridad, control migratorio, combate al narcotráfico y en la agenda América First [América en primer lugar]. En su breve tiempo en Guatemala, tuvo desencuentros con el presidente Bernardo Arévalo, quien denunció la influencia de la embajada de Estados Unidos en la integración de la Corte de Constitucionalidad, un hito clave en la resolución del largo conflicto institucional que vive el país centroamericano. El mandatario aseguró que se estaba promoviendo a magistrados que, a su juicio, no eran idóneos.

En unas semanas frenéticas de trabajo desde que se instaló en Caracas a principios de febrero, Dogu recibió a un puñado de altos funcionarios de la Casa Blanca, como el secretario de Energía, Chris Wright, el subsecretario de Defensa, Joseph Humire, además de jefes de empresas petroleras y mineras. Dogu también izó la bandera estadounidense en una colina de Caracas, trajo medicinas para los venezolanos y camionetas para sus funcionarios y anunció las vacantes para contratar plomeros y electricistas para poner a tono el enorme edificio de la embajada cerrado por siete años y al que los hongos se lo estaban comiendo.

Cuando Delcy Rodríguez se reunió por primera vez con la encargada de negocios estadounidense, destacó la necesidad de entablar una relación diplomática funcional. “El respeto no le quita nada a nadie, le suma”, dijo al referirse al diálogo para la normalización de relaciones. Pero en menos de cien días como diplomática parece que le ha alcanzado el techo de la apertura política que ha permitido el chavismo.

Dogu fue visitante frecuente de Miraflores. El día antes del anuncio de su partida estaba con la presidenta encargada, el subsecretario de Energía, Kyle Haustveit, y decenas de empresarios petroleros. La funcionaria trató de transparentar su gestión con una presencia activa en las redes sociales en las que mostró la embajada por dentro y presentó a su equipo que todavía despacha desde un hotel en Caracas, mientras se termina la rehabilitación de la sede.

Su mandato fueron las tres fases de estabilización, reconstrucción y transición que el secretario de Estado, Marco Rubio, decidió para conducir a Venezuela. Para esto se ampliaron las licencias para Chevron y otras empresas estadounidenses, se quitaron las restricciones sobre el oro, se sacó a Rodríguez de la lista de funcionarios chavistas sancionados y esta semana se han ampliado significativamente las posibilidades del chavismo para hacer transacciones luego de la emisión de una nueva licencia al Banco Central de Venezuela que desbloquea sus operaciones.

Desde el Parlamento venezolano se aprobaron las leyes de hidrocarburos y de minas para abrir el subsuelo al capital extranjero y ofrecer la garantía del arbitraje internacional en casos de conflictos a los inversores, aunque sea una disposición contraria a la Constitución.

A nivel político, se ha distendido la represión, se han liberado presos políticos, pero los cambios institucionales —como las designaciones del nuevo fiscal y la defensora o la remodelación del gabinete— no han generado confianza. Están por verse cambios en la conformación del Tribunal Supremo de Justicia y el árbitro electoral. Pero, por el momento, se trata de un reacomodo entre las mismas cúpulas del chavismo. Las mejoras económicas tampoco han llegado aún a los bolsillos de los venezolanos.

Desde el Gobierno de la presidenta encargada, la exigencia del levantamiento total de las sanciones volvió a convertirse en un desafío que lanzan en la cancha a Estados Unidos. Rodríguez anunció que desde el domingo 19 de abril, el chavismo también hará una movilización nacional por su causa: la lucha contra el bloqueo económico y las sanciones de Washington. “Una licencia no da seguridad porque está sujeta a una temporalidad”, dijo la mandataria frente a Dogu el martes.

Así como la oposición insiste en que la recuperación del país no es posible sin elecciones, los argumentos del chavismo —que prefiere postergar la elección— ponen a las sanciones como la piedra de tranca de todo. La agenda de protesta contra las sanciones estadounidenses fue presentada desde el Gobierno junto con una serie de medidas económicas, incluido el aumento del salario congelado desde hace cuatro años. Con el anuncio intentaba bajar la presión social por la crisis económica en la víspera de una marcha de sindicatos y gremios que pretendía llegar a Miraflores y que fue frenada a empujones y golpes por la policía. Los manifestantes tienen previsto movilizarse este jueves a la embajada estadounidense, para plantear sus demandas “a los que verdaderamente mandan en Venezuela”.