Ribera Salud, el ocaso de la gran ofensiva privatizadora contra la sanidad pública

Las palabras del CEO de Ribera Salud instando a responsables del hospital de Torrejón, uno de los centros del grupo, a que subieran las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes no rentables para aumentar el beneficio, según ha publicado EL PAÍS, suponen el último capítulo de una era y de un modelo que representó una de las principales amenazas privatizadoras al Sistema Nacional de Salud, si no ha sido la mayor, especialmente en la Comunidad Valenciana.

Hace apenas 15 años, la atención sanitaria integral pública de casi un millón de valencianos y valencianas se encontraba en manos privadas. La Comunidad Valenciana vio nacer el modelo de concesión administrativa sanitaria allá por 1999, y fue, a la vez, protagonista y testigo privilegiado de la extensión y consolidación de este experimento privatizador impulsado por la Generalitat valenciana entonces liderada por Eduardo Zaplana. Después de Alzira (1999), se introdujo en el departamento de salud de Torrevieja (2006), Denia (2009), Manises (2009) y Elx Crevillent (2010), el único que pervive bajo este modelo.

En ningún otro territorio se apostó con semejante determinación por esta fórmula, conocida como modelo Alzira, que consiste en desgajar del sistema público departamentos de salud enteros (en torno a 150.000-200.000 habitantes) para entregar la gestión del hospital de referencia y los centros de salud dependientes a la empresa concesionaria a cambio del pago de una cuota fija por habitante (la cápita). Hasta el momento, en España nadie había ido tan lejos en una apuesta privatizadora del sistema público tanto por su concepto (entrega al sector privado de la atención sanitaria integral de un departamento sanitario) como por su extensión (el 20% de la población).

La atención sanitaria de uno de cada cinco valencianos llegó a depender por entonces de empresas que tenían entre sus objetivos ganar dinero con ello. Si extrapoláramos estos datos a toda España, estaríamos hablando de 10 millones de españoles y españolas. El modelo no llegó a alcanzar esta extensión, pero no porque sus impulsores no lo intentaran, atraídos por el negocio que supone meter la cabeza (y la cuchara) en el enorme volumen del gasto sanitario público: más de 105.000 millones de euros (datos de 2023 del Ministerio de Sanidad).

La fórmula dio el salto a Madrid, y, con variantes, sigue en cuatro hospitales, aunque la apuesta inicial, mucho más ambiciosa, se vio frenada por las mareas sanitarias. En 2012 también se anunció que el modelo Alzira se extendería a cuatro hospitales de Castilla-La Mancha (Villarrobledo, Almansa, Tomelloso y Manzanares), aunque finalmente no llegó a aplicarse, y sonó para centros de Baleares y Galicia. Siempre en comunidades autónomas gobernadas por el PP.

Por entonces, Ribera Salud presumía de haber dado, con el modelo Alzira, con la receta perfecta para garantizar la sostenibilidad futura del sistema sanitario público. Un modelo de colaboración público-privada que permitía dar respuesta a las tensiones financieras y las rigideces de la gestión pública desde la eficacia y la agilidad de la empresa privada. “Al ciudadano no le preocupa quién gestiona, sino cómo se gestiona”, sigue siendo uno de sus lemas.

Por el camino, el modelo arrancó en 1999 con un estrepitoso fracaso y tuvo que ser rescatado en 2003 por la Generalitat, su impulsor y gran aliado, que no podía permitirse que pinchara. Se cambiaron las condiciones iniciales del contrato de gestión del hospital de Alzira, se incrementó el pago de la Administración por habitante (la cápita) en un 68% y se cedió el control no solo el hospital, sino también la atención primaria. En otras concesiones, como Manises o Elx-Crevillent, se amplió la población protegida para hinchar la factura y que salieran los números. El cambio de las reglas del juego para proteger el modelo ha sido la norma.

Alzira y sus secuelas se impusieron sin ninguna planificación, tal y como reflejó un informe de la Intervención General de la Generalitat de 2017: “No constan incorporados a los expedientes de contratación estudios económicos previos ni proyectos de explotación del servicio público cuya gestión indirecta se concierta, por lo que no queda ni motivado ni justificado si el importe que se fijó para la cápita inicial resultaba adecuado para financiar la actividad objeto de la concesión”.

En las cláusulas contractuales tampoco se incorporó un régimen sancionador detallado que recogiera las penalizaciones por los incumplimientos del contrato. Por no hablar de su ambigüedad. El mismo informe de la Intervención reprochaba la “insuficiente regulación que, de las relaciones contractuales entre Administración y concesionario”, contienen los pliegos de los contratos, “que contrasta con la detallada regulación que dichas relaciones se establecen en los pliegos de este tipo de contratos en otras administraciones”, así como pliegos “en ocasiones ambiguos y aparentemente contradictorios, que obligan a una importante labor hermenéutica por parte del órgano de contratación”.

La Comisión Nacional de la Competencia analizó los procesos de privatización sanitaria en un informe de 2013. En cinco de los seis contratos para la construcción y gestión de los hospitales de la Comunidad Valenciana sólo se presentó un candidato, una participación “alarmantemente reducida”, a lo que se añade que “las seis licitaciones han sido adjudicadas a agrupaciones de empresas participadas todas ellas por la empresa Ribera Salud”. Sin competencia, “no hubo reducciones significativas de la variable precio”.

Con la derrota del PP en la Generalitat en 2015, el relevo por un gobierno de izquierdas y la finalización de los 15 años de plazo de las concesiones llegaron las reversiones al sistema público de los departamentos de salud privatizados, en unos procesos, especialmente los primeros, cargados de enormes dificultades. Finalmente, hasta el PP, de vuelta en el poder en 2023, accedió a seguir los planes trazados por el gobierno progresista, renunció a extender el modelo y devolvió al sistema de gestión pública las concesiones de Denia y Manises, aunque no Elx-Vinalopó.

Las palabras del CEO de Ribera Salud dan la razón a las voces más críticas con el modelo, que desde el primer día denunciaron que la propia naturaleza de esta modalidad de gestión privada de la sanidad pública incentiva el lucro económico por delante de la atención sanitaria de la ciudadanía. Después de los últimos acontecimientos, la fórmula que nació en Alzira y llego a convertirse en una seria amenaza para el Sistema Nacional de Salud languidece y se desliza hacia su ocaso.