El Consell de Mazón pedirá al Supremo suspender cautelarmente el decreto de reparto de menores migrantes

El Gobierno valenciano, que preside Carlos Mazón, interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) para pedir la suspensión cautelar del Real Decreto aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para el reparto de menores migrantes no acompañados y “evitar un traslado inadecuado y masivo”, ha anunciado este viernes la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero.

El Consell ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el decreto que aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas de las comunidades y ciudades autónomas.

“El sistema de protección de menores de la Comunidad no tiene hoy capacidad para acoger a esos 571 menores que Pedro Sánchez ha decidido enviarnos con un fondo de 7,4 millones”, ha subrayado la portavoz del Gobierno valenciano.

El Ejecutivo valenciano, según ha avanzado la vicepresidenta, va a impugnar “todas y cada una” de las normas aprobadas por el Gobierno central en relación con este asunto. En este punto se ha referido a un recurso ante el Constitucional, por considerar la norma inconstitucional, y luego al Supremo.

La vicepresidenta ha recalcado que en caso de aplicarse el decreto del Ejecutivo, “supondría una infracción del ordenamiento constitucional de distribución de competencias, una injerencia en las competencias propias de la Generalitat en materia de asistencia social y de personas menores y, además, una infracción del principio de autonomía financiera, porque el Gobierno pretende una distribución de menores de edad migrantes no acompañados sin una planificación previa y sin destinar los recursos suficientes necesarios”.

Camarero ha manifestado que este decreto no ha tenido en cuenta los datos enviados por las comunidades autónomas respecto a la capacidad del sistema de protección de menores y, además, no se ha sometido a la aprobación de la conferencia sectorial, “incumpliendo el primer extremo de la norma”, ha dicho.

El coste anual supone, según ha dicho, un total de 23 millones de euros. “Contamos en la Comunitat con 1.720 plazas de atención residencial de protección de menores, menores entre los que también se encuentran los menores migrantes no acompañados. Y la ocupación media de nuestro sistema está cercana al 160%”, ha apostillado.

Cartas a los ayuntamientos

Camarero, preguntada por el criterio seguido para el Consell para el envio de cartas a los ayuntamientos, interesándose el Consell por la capacidad de acogida de los menores, ha explicado que se ha enviado a los municipios de más de 10.000 habitantes y “se trata de una información, de abrir una vía de diálogo, no es una imposición”, ha aclarado.

Y la carta, ha repetido, “ha llegado a todos estos municipios con diferentes colores políticos”. Ante esta petición de información a las localidades, Camarero ha indicado que le “sorprende” que los ayuntamientos socialistas “no quieran participar en este proceso”