El Gobierno de Ayuso anuncia un tercer recurso contra el reparto de menores migrantes decidido por el Ejecutivo de Sánchez

El gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso (PP), recurrirá ante el Tribunal Supremo el decreto aprobado el martes por el ejecutivo central para fijar la capacidad de cada comunidad para acoger a menores migrantes, y con ello la dimensión del sistema de acogida de todo el país. Así lo ha anunciado este miércoles Miguel Ángel García Martín, el portavoz gubernamental, tras la primera reunión del consejo de gobierno madrileño desde julio. Con este, ha dicho el número dos de Díaz Ayuso, Madrid habrá registrado tres recursos contra distintos aspectos del reparto de los menores migrantes, destacándose de nuevo como la región más beligerante contra las iniciativas del gobierno de Pedro Sánchez (PSOE y Sumar).

“Es un nuevo peaje a los partidos independentistas”, ha dicho García Martín en su vuelta a las ruedas de prensa semanales con motivo del consejo de gobierno. “El real decreto no es más que un eslabón más de una cadena que va a llevar a un reparto ilegal de esos menores no acompañados que están en Canarias y pretenden llevar a todas las comunidades salvo a Cataluña y País Vasco”, ha seguido. Y ha anunciado: “Vamos a interponer un nuevo recurso. Será el tercero en las últimas semanas”.

Así, Madrid ya impugnó ante el Constitucional, como otras diez comunidades autónomas, el Real Decreto-ley del 18 de marzo para modificar la ley de extranjería y permitir que, en momentos en los que determinados territorios estén muy tensionados (como ocurre ahora con Canarias y Ceuta), puedan activarse traslados de menores migrantes a otras regiones. El ejecutivo de Ayuso dio ese paso al entender que la modificación suponía “invadir competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social”; carecía de “falta de justificación de urgencia” y utilizaba “un instrumento inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas”.

Posteriormente, el 30 de julio, y ya en solitario, el gobierno madrileño llevó al Supremo el Decreto de desarrollo aprobado en la misma línea en el Consejo de Ministros del 22 de julio, y que regula las medidas a adoptar “en situación de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia inmigrante no acompañada desde Canarias”.

Ahora llega este tercer recurso, que subraya el rechazo de Madrid a un sistema de reparto que tilda de “arbitrario, opaco y discriminatorio”.

En contraste con las iniciativas del gobierno regional, Francisco Martín, el delegado del ejecutivo central en Madrid, ha considerado que estas tendrán poco recorrido.

Casi la mitad de los alrededor de 4.000 menores de Canarias que deben ser trasladados irán a tres comunidades: Andalucía, que recibirá a 677; Madrid, con 647; y la Comunidad Valenciana, a la que llegarán 571 adolescentes(1.895 menores entre las tres).

Según la distribución, País Vasco y Cataluña no están obligadas a recibir a ninguno ―por el esfuerzo de acogida realizado previamente― aunque la segunda acogerá a 31 menores voluntariamente. El Gobierno ha aprobado para esos traslados un fondo de 100 millones de euros y de allí financiará la estancia de todos los menores durante sus primeros tres meses en la comunidad de acogida. De allí en adelante, continuará financiando a aquellas que reciban menores por encima de su capacidad ordinaria.

Incendios

No ha sido el único punto de conflicto con el gobierno central. También los incendios de este verano han provocado un encontronazo.

Aunque el Consejo de Ministros aprobó ayer la declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil en seis municipios de la Comunidad de Madrid en los que se han registrado incendios forestales con situación operativa 1 o 2 este verano, entre el pasado mes de junio y el actual de agosto, el Gobierno regional entiende que hay más localidades afectadas que la ya recogida de Tres Cantos. A saber: Villamanta, Navalcarnero, Aranjuez, Colmenar Viejo, Alcobendas, Villa del Prado, Zarzalejo, Valdemaqueda y la capital.

“Son los más afectados en cuanto a superficie”, se ha quejado el consejero de Interior, Carlos Novillo, en referencia al de Villamanta y al de la capital, a cuyo término municipal se extendieron las llamas del fuego declarado en Tres Cantos.

Por ello, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha acordado este miércoles solicitar al Ejecutivo central la declaración de Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil en los municipios damnificados por los incendios forestales de este verano y recuperar los daños causados en las casi 4.000 hectáreas arrasadas por el fuego.