El Gobierno aprueba el decreto para poder iniciar la distribución de menores migrantes desde Canarias

El último paso para que miles de menores migrantes que se hacinan entre Canarias y Ceuta empiecen por fin a ser distribuidos entre las demás comunidades autónomas acaba de completarse este martes. El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que fija la capacidad de cada comunidad para acoger a menores migrantes, y con ello la dimensión del sistema de acogida de todo el país. La medida era determinante porque permite que comunidades como Canarias, o Ceuta, que han triplicado su capacidad, le pidan al Gobierno que declare la contingencia migratoria en sus territorios. Es decir, que certifique que están desbordados y ello active la redistribución de esos menores hacia otras comunidades menos saturadas. Ahora, el conteo regresivo está en marcha y, más de un año después de que se intentara por primera vez la distribución obligatoria de menores migrantes entre comunidades y la rechazara el Congreso, los adolescentes deberían empezar a dejar las islas y a llegar paulatinamente a la Península.

Una vez que el real decreto aprobado este martes sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las comunidades saturadas podrán solicitar inmediatamente la declaración de la contingencia migratoria, lo cual se prevé que ocurra este miércoles 27 de agosto. “Se solicitará en cuanto el real decreto entre en vigor”, confirman fuentes del Gobierno de Canarias. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, según adelantan fuentes de ese Ministerio, aprobaría esa declaración el jueves 28 de agosto, fecha con la que el Gobierno ha venido trabajando en las últimas semanas y que considera el “pistoletazo de salida”. Eso no significa que los menores empiecen a salir ese mismo día, sino que se tendrá entonces luz verde para seguir el protocolo entre la comunidad y el Estado para definir los detalles de los traslados. Sin embargo, una vez que una comunidad ―o una ciudad autónoma― tenga declarada la contingencia en su territorio, y lleguen nuevos menores no acompañados, estos tendrán que ser reubicados en otras comunidades en un plazo máximo de 15 días.

Casi la mitad de los alrededor de 4.000 menores de Canarias que deben ser trasladados irán a tres comunidades: Andalucía, que recibirá a 677; Madrid, con 647; y la Comunidad Valenciana, a la que llegarán 571 adolescentes (1.895 menores entre las tres). Según la distribución, País Vasco y Cataluña no están obligadas a recibir a ninguno ―por el esfuerzo de acogida realizado previamente― aunque la segunda acogerá a 31 menores voluntariamente. El Gobierno ha aprobado para esos traslados un fondo de 100 millones de euros y de allí financiará la estancia de todos los menores durante sus primeros tres meses en la comunidad de acogida. De allí en adelante, continuará financiando a aquellas que reciban menores por encima de su capacidad ordinaria.

Estos traslados se darán de forma simultánea con la reubicación de los menores solicitantes de asilo que han venido saliendo de Canarias hacia la Península desde el pasado 11 de agosto. Esa es una vía distinta, pues en ese caso se trata de que el Gobierno central cumpla un auto del Tribunal Supremo que le ordena hacerse cargo de al menos un millar de adolescentes que también están en el archipiélago y que son solicitantes de protección internacional. Esas derivaciones se han venido dando semanalmente, en medio de acusaciones cruzadas entre el ejecutivo canario y el central por el ritmo con el que se cumple con la orden del Supremo.

Como viene ocurriendo con esos traslados, la nueva redistribución también empezará por los territorios aliados (aquellos donde gobierna el PSOE) como Navarra y Asturias.

El camino para la puesta en marcha de esta distribución solidaria comenzó a allanarse en marzo de este año. Entonces, el Gobierno aprobó la reforma de la ley de extranjería para que en momentos en los que determinados territorios estuvieran muy tensionados pudieran activarse traslados a otras regiones. Lo hizo cuando consiguió el apoyo de Junts, en una negociación en la que Cataluña se vio beneficiada al tenerse en cuenta el esfuerzo previo de acogida, lo que le representaba recibir a pocos jóvenes —al final no se vio obligada a recibir a ninguno— en esa distribución. Un mes después, el 10 de abril, el Congreso validó ese decreto, con la presencia del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la de Juventud e Infancia, Sira Rego, los más implicados en esta tarea.

Desde entonces, la oposición no ha dado tregua. Alegando que fue una imposición unilateral del Gobierno y una concesión a Junts para seguir en La Moncloa, ha bombardeado constantemente la iniciativa. De hecho, ahora mismo 10 comunidades gobernadas por el PP tienen impugnada esa norma ante el Tribunal Constitucional. Y a ellas se ha sumado Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page. Aragón fue incluso más lejos y se resistió a entregar al Gobierno las cifras sobre los menores migrantes que atendió en 2024, dilatando que se pudiera dimensionar el sistema de acogida en todo el país, lo que ha quedado definido en el decreto aprobado este martes.

Ha pasado ya más de un año desde la primera vez que el Gobierno intentó sacar adelante esta distribución obligatoria. El 23 de julio de 2024, en el último pleno de esa legislatura, el Congreso de los Diputados, con los votos de Vox, el PP y Junts, hundió esa propuesta y la llevó al letargo casi un año más.