La jueza de la dana estrecha el cerco sobre el centro de la Generalitat que gestionó la catástrofe

Cerco al cuartel general de la Generalitat Valenciana que gestionó la mayor tragedia natural de la historia: la bíblica inundación que dejó 228 muertos y un reguero de destrucción el pasado octubre. La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, apunta el foco de sus pesquisas al Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi). La instructora ha ordenado la declaración como testigos de tres profesionales que jugaron presuntamente un papel clave en este organismo autonómico durante la aciaga jornada. La magistrada quiere escuchar las versiones de un jefe del equipo de atención del 112 –la centralita autonómica que el día de la riada recibió casi 20.000 llamadas de auxilio-, un técnico de operación de comunicaciones y un coordinador de prevención de emergencias, según una resolución notificada este lunes.

Al comparecer como testigos, los empleados deberán decir la verdad y contestar a todas las partes: jueza, fiscal, defensas y acusaciones populares y particulares.

Con este movimiento, la instructora pretende desgranar cómo actuaron estos responsables el pasado 29 de octubre durante la gestión de la monumental gota fría. Las declaraciones llegan semanas después de que varios empleados del área autonómica de emergencias relataran en el juzgado el caos y falta de previsión que planeó en el Cecopi. Y como este organismo radicado en L’Eliana (Valencia) retrasó el envío de la alerta masiva a móviles hasta las 20.11 horas del día de la riada, cuando se amontonaban los fallecidos, desaparecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes. De poco sirvió que la Agencia Española de Meteorología (Aemet) vislumbrara nueve días antes de la tromba la que se avecinaba y que el mismo día de la tragedia, a las 7.36 horas de la mañana, emitiera un aviso rojo, el máximo de la escala y que se activa ante una previsión de lluvias de más de 180 litros por metro cuadrado.

Según la magistrada, el aviso de la Generalitat a los teléfonos llegó tarde y mal, ya que no instaba a la población a subir a las primeras plantas para protegerse. Y de los 228 muertos, 103 muertos fueron hallados en bajos, aparcamientos y sótanos, según el Centro de Integración de Datos (CID).

La jueza se ha negado a reclamar a la televisión pública valenciana À Punt y a RTVE las imágenes en bruto grabadas el 29 de octubre por estos canales en el Cecopi, tal y como solicitaba la acusación popular que ejerce Compromís. La pesquisa pretendía desgranar cómo se gestionó el envío de la alerta a móviles a través del sistema Es Alert, un mecanismo que la exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, la imputada Salomé Pradas, reconoció que no sabía ni que existía hasta la misma noche de la tragedia.

Entre los dirigentes de Emergencias que han desfilado por el juzgado como testigos para reconstruir el día D, destacó el pasado mayo un jefe de Emergencias autonómico que reveló que la Generalitat sopesó el envío de la alerta a las 18.36 horas, una hora y media antes de remitir la notificación. Una tesis que choca con la estrategia de defensa de Pradas, que aseguró que el Ejecutivo de Mazón comenzó a valorar el aviso “a partir de las 19.00 horas”. La exdirigente compareció como investigada, lo que le permite mentir.

Las ristra de detalladas declaraciones judiciales de los testigos todavía no han arrojado luz sobre la incógnita medular de la jornada: qué hizo el president Mazón entre las 13.00 y las 20.28 horas, cuando desembarcó en el Cecopi. La Generalitat se ha negado a comunicar los movimientos del barón popular la tarde en la que se inundó la provincia de Valencia. Solo se sabe que comió con la periodista Maribel Vilaplan en El Ventorro, un restaurante en el corazón de Valencia frecuentado por los cenáculos del poder local.