La jueza de la dana investiga las llamadas no atendidas de la centralita de emergencias de la Generalitat

Objetivo: rastrear cómo gestionó la Generalitat Valenciana las llamadas ciudadanas de auxilio de la mayor catástrofe natural de España. La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, quiere desgranar el detalle las casi 20.000 comunicaciones que recibió el día de la tragedia el 112, la centralita autonómica que canalizó las alertas de la riada que el pasado 29 octubre dejó 228 muertos y una senda de destrucción en la provincia de Valencia.

En su última resolución, la magistrada ha pedido a este dispositivo de emergencias un informe de la hora, el origen geográfico y el contenido -no la grabación- de estas comunicaciones. La instructora quiere saber si estas llamadas se atendieron o fueron derivadas a otros organismos de emergencias de España. Y conocer cuáles de ellas no fueron gestionadas por falta de recursos o saturación. La magistrada toma esta decisión a raíz de una petición de la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià.

El movimiento llega después de la declaración de este miércoles como testigo de una operadora de comunicación de Emergencias de la Generalitat, que relató en el juzgado que el Cecopi —el centro que coordinó la crisis de la dana— se encontraba “desbordado” a las 13.45 horas del 29 de octubre. Y, entre lágrimas, dibujó un panorama de caos en el que las alertas se comunicaban “a viva voz”. Y donde se amontonaban los mensajes de auxilio sin atender.

El 112, que a partir de las 16.40 horas de la aciaga jornada comenzó a recibir llamadas de poblaciones como Chiva, donde nace el barranco del Poyo, epicentro de la catástrofe, vuelve así a la primera línea de las pesquisas de la instructora. “Sale agua por los enchufes de las viviendas”, alertó a los operadores telefónicos de este dispositivo un vecino de Cheste a las 16.55 horas.

El Ejecutivo que pilota Carlos Mazón ha esgrimido como defensa que desconocía la dimensión de la dana porque no fue avisado por organismos gubernamentales, como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la Agencia Española de Meteorología (Aemet). Obvia, sin embargo, que el 112, que registró decenas de llamadas de desesperación desde la mañana del 29 de octubre, depende de la Generalitat.

La jueza también ha citado como testigo al operador de comunicaciones que hizo el primer turno en el Cecopi, el que transcurre entre las 7.33 y las 14.22 horas. Lo hace a petición de la acusación popular que ejerce Intersindical Valenciana y después de que la operadora que le sucedió confesara que su compañero se fue a su casa tras acabar su jornada, pese a la dimensión de la tragedia. Y pese a que la Agencia Española de Meteorología (Aemet) emitió el 29 de octubre a las 7.36 horas un aviso rojo, el máximo de la escala y que se activa ante una previsión de lluvias de más de 180 litros por metro cuadrado.

Junto a las comunicaciones, la instructora vuelve a poner bajo el foco de sus pesquisas los presuntos fallos en el envío de la alerta masiva a móviles. La Generalitat remitió esta notificación a las 20.11 horas, cuando se amontonaban fallecidos, desaparecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes. La instructora solicita ahora a la Consellería de Emergencias la “biblioteca de mensajes Es Alert”, un conjunto de textos para remitir a los teléfonos en caso de tragedia elaborado por un equipo de la Universidad de Alicante tras la dana de la Vega Baja del Segura en 2019. Y que fue encargado por la Ejecutivo socialista valenciano de Ximo Puig (2015-2023).

El movimiento no es baladí. La jueza ha afeado en varios autos que el Es Alert remitido por la Generalitat no incluyera una mención ciudadana a subir a las primeras plantas, pese al alto porcentaje de personas que fallecieron en bajos.

La instructora ha pedido también que se incorpore a la causa una entrevista en la Cadena Ser que el subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, concedió el 29 de octubre.