Una trabajadora de la Generalitat confiesa a la jueza que el centro que coordinó la dana estaba “desbordado” a mediodía

Caos, tensión y ausencia de planificación. E. Castaño, operadora de comunicación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, ha relatado este miércoles a la jueza que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, que el Cecopi —el centro que coordinó la crisis de la riada— se encontraba “desbordado” a las 13.45 horas del 29 de octubre, según indican a EL PAÍS fuentes presentes en su comparecencia. A partir de las 15.00, el president Carlos Mazón comenzaba un almuerzo en el céntrico restaurante valenciano El Ventorro.

La trabajadora del área autonómica de Emergencias ha declarado durante dos horas en el juzgado número 3 de Catarroja (Valencia), que instruye las pesquisas de la catástrofe. Y lo ha hecho en calidad de testigo, lo que le ha obligado a decir la verdad y a contestar a todas las partes: jueza, fiscal, defensas y acusaciones populares y particulares.

En su exposición, que ha arrancado entre lágrimas, lo que ha obligado a la magistrada a interrumpir por unos minutos la comparecencia, la testigo ha afirmado que se incorporó al Cecopi a las 13.45 horas. Y que, pese a la dimensión de la crisis, el compañero al que sustituyó se fue a su casa tras acabar su turno. También ha precisado que no se reforzó la plantilla de operadores del dispositivo, aunque esa misma mañana la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emitió a las 7.36 horas un aviso rojo, el máximo de la escala y que se activa ante una previsión de lluvias de más de 180 litros por metro cuadrado. Además, la agencia previó la dana nueve días antes. “Las llamadas estaban petando”, explican que ha contado la operadora sobre las comunicaciones recibidas por el 112, la centralita de emergencias de la Generalitat que, durante la aciaga jornada, recibió casi 20.000 llamadas.

Cuando la testigo se incorporó a su puesto de trabajo, había muchas alertas pendientes, en rojo —no ha sabido concretar la cifra— y, en medio del caos, las emergencias se comunicaban “a viva voz”. La trabajadora ha explicado que, durante su turno, se enviaron decenas de correos electrónicos y faxes algunas de las 78 poblaciones azotadas por la inundación. Y que muchos alcaldes no respondieron al no poder ser localizados en el desconcierto.

Pese a que el caos planeaba en el Cecopi desde las 13.45 horas, según la testigo, la Generalitat no envió la alerta masiva a móviles hasta seis horas y media más tarde, cuando ya se acumulaban fallecidos, desaparecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes. La operadora de la Generalitat, que trabaja como interina desde hace tres años, ha relatado que los empleados del Cecopi conocían el funcionamiento del Es Alert, el sistema que permite la remisión de notificaciones masivas a teléfonos. Un mecanismo que la consejera de Justicia e Interior durante la riada, la imputada Salomé Pradas, reconoció que no sabía ni que existía hasta la misma noche de la catástrofe.

Ha expuesto también la testigo que la exconsejera se encontraba en el centro de crisis cuando se envió la alerta a los móviles a las 20.11 horas. Y no ha recordado ver al segundo de esta en el Cecopi, el que fuera secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, que también figura como investigado en una causa que indaga los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes, que están penados con hasta cuatro y tres años de cárcel, respectivamente.

Durante la reunión más tensa de su historia, el dispositivo de emergencias de la Generalitat —según la testigo— no abordó durante las primeras horas el desbordamiento del barranco del Poyo, detonante de la inundación, y solo trató la posible rotura de la presa de Forata. Una infraestructura cuya rotura podría haber causado 20.000 muertos, según informes que manejaba el Ejecutivo de Mazón.

A la salida de la Ciudad de la Justicia, la abogada de la acusación popular que ejerce Ciudadanos, Mamen Peris, ha explicado que solicitará a la jueza los datos del videowall —una pantalla en el Cecopi que registra las llamadas del 112 y su procedencia geográfica—. También pedirá a la magistrada una visita a este organismo de emergencias radicado en L’Eliana (Valencia) y del que la Guardia Civil ya elaboró un informe que está incorporado a la causa.

Tirón de orejas de la jueza a un imputado por cuestionar la salud mental de un jefe de la Aemet

La jueza de la dana ha aplicado un severo correctivo al que fuera número dos de Emergencias de la Generalitat durante la riada, el imputado Emilio Argüeso. El exalto cargo había solicitado a la magistrada que el jefe de Climatología de la Aemet en Valencia, José Ángel Núñez, fuera sometido a un examen médico forense. Sugería que podía tener lagunas de memoria, problemas de salud mental y se preguntaba si las afirmaciones que Núñez expuso en el juzgado tenían “una base médico psiquiátrica”.

El requerimiento llegaba después de que el representante de la Aemet sostuviera el pasado lunes ante la instructora en su declaración como testigo que “los primeros signos de formación” de la dana se registraron el domingo 20 de octubre, nueve días antes de la catástrofe. Una tesis que choca con la línea de defensa de la Generalitat, que esgrime que si no se actuó antes es porque no fue advertida de la dimensión real de la riada por organismos gubernamentales como la Aemet o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica.

La jueza no solo se niega a admitir el análisis psiquiátrico forense de Núñez, sino que da un tirón de orejas a la defensa de Argüeso. “Núñez proporcionó un testimonio coherente, preciso, acompañado de elementos que corroboran su versión. Un testimonio de grandísima utilidad por su carácter técnico y por su intervención en el Cecopi”, apunta la magistrada.

La instructora tilda la solicitud de “extrema gravedad”, la enmarca en un “despropósito absoluto” y en la “carencia de argumentos de la defensa”. Lamenta, además, que se ponga “en tela de juicio el estado mental” de Núñez, cuya declaración -según la jueza- estuvo marcada por la “claridad expositiva, raciocinio y responsabilidad”. A juicio de la magistrada, la iniciativa de Argüeso pretende señalar al testigo y estigmatizar las enfermedades mentales.

La instructora, además, ha acordado incorporar a la causa una grabación que Núñez hizo durante la reunión del Cecopi del 29 de octubre. Estima la jueza que el registro no vulnera el derecho a las comunicaciones ni la intimidad y que es legal porque fue captada por uno de los participantes en el encuentro, Núñez. La magistrada justifica su decisión con jurisprudencia del Supremo y del Constitucional.

Por otra parte, la Fiscalía de Valencia se ha mostrado favorable a agrupar las acusaciones populares y particulares personadas en la causa de la dana, tal y como habían solicitado las defensas de Pradas y Argüeso. En un escrito firmado por el fiscal Fernando Maldonado, el ministerio público respalda que se nombre a Podemos, que ejerce la acusación popular, como representante de todas las acciones populares por ser la primera en personarse.