La jueza de la dana sostiene que los dos exaltos cargos de Mazón investigados actuaron al margen de la ley

Siete meses después de la mayor catástrofe natural que ha asolado la provincia de Valencia, la jueza que investiga penalmente la dana, Nuria Ruiz Tobarra, retoma el tono expeditivo en sus autos. La magistrada sostiene que los dos exaltos cargos del Ejecutivo de Carlos Mazón imputados –la exconsejera de Justicia e Interior durante la riada, Salomé Pradas, y su segundo, Emilio Argüeso- actuaron “ajenos a la normativa estatutaria, legal y reglamentaria”, según una resolución notificada este viernes.

La instructora critica también que los dos exdirigentes no hayan asumido “a día de hoy” que fueron las máximas autoridades en la gestión de la catástrofe que dejó 228 muertos y una senda de destrucción el pasado octubre. Y que sus decisiones en el Cecopi –el órgano de emergencias que coordinó la crisis- “desmintieran” su comportamiento. Ruiz Tobarra lamenta que Pradas y Argüeso descargaran su responsabilidad en los técnicos durante sus comparecencias judiciales. Unas declaraciones en las que también se presentaron como inexpertos en emergencias y defendieron al president Mazón.

De nuevo, con estos mimbres, la magistrada estima que los investigados en esta causa que indaga los presuntos delitos de lesiones y homicidios imprudentes incurrieron en una “negligencia grosera” durante la tromba. Y estrecha el foco de sus pesquisas sobre la tardía alerta masiva a móviles que la Generalitat envió para avisar a la población de la magnitud de la catástrofe. Ruiz Tobarra ha pedido a la Consejería de Emergencias información sobre los empleados acreditados para redactar y validar la notificación, que se coló en los teléfonos a las 20.11 horas, cuando se acumulaban fallecidos, desaparecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes. Y que, según la instructora, si se hubiera remitido antes y mejor -el texto no incluía la referencia a subir a las primeras plantas- se habrían salvado vidas.

A raíz de una solicitud de Ciudadanos, que ejerce la acusación popular en la causa, la jueza también ha instado a la Generalitat a aclarar qué formación tenían estos empleados y quiénes de ellos trabajaron durante la aciaga jornada.

“El aviso a la población se retrasó de una forma difícilmente soportable para los familiares de los fallecidos. El aviso remitido era evidentemente erróneo y se cruzaban o enviaban mensajes o comunicaciones por los investigados sin resultado material alguno”, apunta la instructora. La magistrada se refiere así a las comunicaciones que Argüeso, secretario autonómico de Emergencias del Gobierno de Mazón durante la dana, cruzó en un grupo de WhatsApp con 34 altos cargos y asesores y en que escribió a las 14.44 horas del 29 de octubre “los barrancos están a punto de colapsar”.

El movimiento de pedir información sobre los funcionarios que escribieron y validaron el Es Alert se produce después de la declaración como testigo de Miguel M., el jefe de Emergencias que validó el mensaje masivo a móviles. M. relató en el juzgado que la Generalitat valoró mandar la alerta a las 18.36 horas, más de una hora y media antes de su envío, cuando el subdirector de Emergencias autonómico, Jorge Suárez, se lo sugirió. Una afirmación que choca con la declaración de la exconsejera Pradas, que aseguró cuando compareció ante la magistrada, que se empezó a valorar el aviso a los teléfonos “a partir de las 19.00 horas”.

La instructora ha rechazado, de nuevo, solicitar datos sobre los teléfonos móviles de los dos exaltos cargos de la Generalitat imputados, tal y como requería la acusación popular que ejerce Acció Popular del País Valencià. La magistrada considera que reclamar los denominados CDR -un registro que que guarda datos como el número de origen o la duración de las llamadas- vulnera el secreto de las comunicaciones.

Por otra parte, un informe incorporado a la causa acredita que en la presa de Buseo (Valencia), que quedó arrasada tras la dana, el agua alcanzó una altura de 2,5 metros.