La jueza echa a Manos Limpias de la acusación en la causa de la dana por su vínculo con el abogado de un imputado

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha notificado este lunes tres nuevos autos y una providencia en el marco de la investigación por una posible responsabilidad penal en la gestión de la dana del pasado 29 de octubre que causó 228 muertos en la provincia de Valencia. En uno de ellos, deja sin efecto la personación como acusación popular del pseudosindicato de funcionarios Manos Limpias y acuerda la devolución a esa organización de la fianza depositada de 6.000 euros.

La magistrada explica en la resolución que la acción penal que ejerce esa entidad, contra el que fuera secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, “sería completamente inocua”. Argüeso está imputado en la causa junto a la que fue su superiora directa, la consejera de Interior entonces, Salomé Pradas.

La instructora llega a esa conclusión porque el citado investigado está defendido en este procedimiento por José María Bueno Manzanares, un abogado que representa a su vez a Manos Limpias como acusación en otros asuntos y llegó a definirse a sí mismo en una entrevista en el diario La Razón como “abogado de referencia” y “jefe de los servicios jurídicos” de esa organización. Literalmente, declaró: “Me defino como el abogado de referencia de Manos Limpias y, en todo caso, para Manos Limpias soy su jefe de servicios jurídicos. Mi relación es una relación profesional, más allá de la amistad, pero no formo parte del aparato político del sindicato”.

La jueza apunta al citado letrado que “la acusación popular, y aunque resulta obvio, esta juez de instrucción se ve obligada a recalcarlo, tiene como finalidad el ejercicio de la acción penal”. Y añade: “Resulta evidente que el letrado del señor Argüeso Torres es el director de los servicios jurídicos del Colectivo de Funcionarios Manos Limpias”. La decisión puede ser recurrida a la Audiencia Provincial de Valencia, al igual que el resto de autos notificados este lunes.

En otro de los autos, la magistrada confirma su decisión anterior de denegar la petición de diligencias de investigación formuladas por una acusación particular en relación a la presa de Forata, porque dicha infraestructura no influyó en la crecida del caudal del barranco del Poyo y no guarda por tanto relación con el fallecimiento de los familiares de las víctimas mortales representados por esa parte.

En el segundo auto, la instructora deniega las declaraciones testificales del responsable de la torre de control del aeropuerto de Manises y de varios mandos de Salvamento Marítimo, pues considera que exceden, de manera manifiesta, del objeto de la investigación.

Según la juez, no es posible “valorar cada una de las posibles operaciones de salvamento que hubieran podido llevarse a cabo, tanto de manera terrestre como aérea, máxime si se atiende a que la falta de avisos era generalizada, no sólo a la población, sino incluso a otras autoridades y a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

Por último, la titular del Juzgado ha emitido una providencia en la que acuerda, entre otras diligencias, solicitar al programa Salvados, que emite la cadena de televisión La Sexta, copia íntegra de la entrevista a Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia (que ha de declarar como testigo en esta causa), emitida el pasado mes de diciembre.

En esa entrevista, Mompó reconoció haber hablado por teléfono durante la trágica tarde del 29 de octubre con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, también del PP, y uno de los temas que abordaron fue el de la posibilidad de lanzar el mensaje masivo a la ciudadanía a través del sistema Es-Arlert. La alarma se envió finalmente a las 20.11, cuando la mayoría de víctimas mortales o bien ya habían perecido o se encontraban atrapadas o desaparecidas. La jueza ha situado el envío “tardío” y de contenido “errado” en el epicentro de la investigación al considerar que se podrían haber evitado víctimas si se hubiera remitido mucho antes.

Mompó contestó al presentador del programa que no recordaba bien lo que le dijo Mazón en aquella llamada sobre las siete de la tarde, aunque tampoco tenía clara la hora: “No sabría decirle qué nos contestaba. Entiendo que era más preguntarle sobre el tema de la alerta. Creo que una de las llamadas fue que se discutió sobre si el mensaje tenía que alertar a una parte de la provincia, a unas comarcas concretas o tenía que afectar más a toda la provincia. Creo que en ese momento, Salomé se levantó, no era la primera llamada. Y lo digo porque si Pradas se levantó y yo fui detrás fue porque ella entendía que iba a hablar con el presidente y estuvimos hablando sobre eso. No recuerdo si fue en el Cecopi o ya en privado con él [Mazón] entendía que daba igual si un poco más o un poco menos (…) pero teníamos que tomar decisiones para alertar a la población”.

Cuando el 14 de abril, una de las acusaciones recordó estas palabras de Mompó, el presidente de la Diputación salió a matizarlas: “Lo que dije en Salvados de ninguna manera implica que el presidente Mazón tuviera capacidad operativa o participara en decisiones sobre el envío del Es-Alert”. Y añadió que la llamada debía ser sobre las 19.45 y no sobre las 19 horas.