Prioridades nacionales de Junts
El partido de Puigdemont ha convertido el catalán en banderín de enganche para oponerse al decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes
Con su pacto en Extremadura, PP y Vox han hecho saltar a la fama la prioridad nacional. Lo paradójico es que la propuesta forjada e impuesta por el partido de Abascal se ha materializado en una comunidad autónoma con un 4,1% de población inmigrante, muy por debajo del 14% global de España. Y ha logrado su objetivo: el PP se ha hecho con la presidencia de la Junta a costa de asumir sin pestañear el discurso de Vox. El fin justifica los medios. Si es preciso se cabalga sin complejos éticos a lomos de la ascendente arenga xenófoba.
En Cataluña hace años que cierto nacionalismo ultra trabaja en esa misma dirección, ya fuera desde la primigenia Plataforma per Catalunya o de sus posteriores encarnaciones en Vox y Aliança Catalana. Y ante el miedo al ascenso de los ultraderechistas a costa del patrimonio electoral propio, Junts per Catalunya ha hecho su particular banderín de enganche de la prioridad nacional, que tanto el PP como Vox manejan ya con tanta naturalidad y soltura como las majorettes veteranas el bastón de twirling. Cada formación le da su particular interpretación –españolidad, arraigo o conocimiento de la lengua– tras la que se enmascara el primario y electoralmente rentable rechazo al otro.
Con el pretexto de que el catalán no es una condición para la regularización, Junts se ha opuesto al despliegue del decreto que pretende que unas 500.000 personas que se encuentran en España en situación irregular puedan incorporarse al sistema, cotizar, pagar impuestos y tener derechos y obligaciones. Jordi Salvador, diputado de Esquerra en el Congreso, y conocedor y negociador del decreto con el Gobierno central, ha contabilizado que sólo en tres ocasiones se emplea genéricamente el término “lengua” en el texto. Es decir, el castellano, el catalán, el gallego y el euskera no son mencionados como tales. Las personas que se hayan acogido a la regularización dispondrán de un año –hasta la primera renovación del permiso de residencia– para iniciarse en el aprendizaje de las lenguas oficiales de las distintas comunidades autónomas.
Y las autonomías determinarán cómo se debe acreditar tal conocimiento, una vez el migrante entre en las vías habituales con la autorización de residencia temporal y permiso de trabajo, aseguran desde la Generalitat. Pero Junts ha decidido emprender su cruzada en defensa de la lengua. La ha adornado con el argumento extra de que ayuntamientos y servicios sociales quedarán desbordados y que pagarán el pato los “nacionales” más débiles.
No deja de sorprender esa preocupación social por parte de una formación heredera del austericidio perpetrado Convergència, que recortó drásticamente el gasto social e incluso, en 2012, anticipó en dos años el objetivo de déficit impuesto por la mismísima ley de Estabilidad Presupuestaria del PP. Han pasado los años, pero desde Junts se sigue en la dirección de sortear la presión fiscal: se defiende la supresión del impuesto de sucesiones, se vota contra las medidas del escudo social del Gobierno central y del impuesto al oligopolio eléctrico o se defiende la reducción del tipo máximo de IRPF. Ayuntamientos juntaires no solo ponen trabas al empadronamiento de inmigrantes, sino que aprueban medidas estrella como no permitir llenar garrafas de agua en las fuentes públicas para evitar que irregulares y foráneos “okupas” se instalen en Martorell.
La falta de dotación presupuestaria, que también esgrimen los de Puigdemont para justificar su “no” a la regularización de inmigrantes, se combate con unos presupuestos claramente sociales y manteniendo o aumentando la presión fiscal, justamente lo contrario de lo que hizo en su día la vieja Convergència o proponen ahora las políticas de Junts. Algo chirría cuando desde la izquierda, la Iglesia o la patronal –por razones muy diversas– coinciden en apoyar un decreto al que se opone con criterios trumpistas la derecha montaraz. En Extremadura o Aragón lo hacen en nombre de la prioridad nacional. En Cataluña con el histórico “primer els de casa”. Son distintas formas, con mayor o menor finezza, de denominar algo que guarda un extraordinario parecido con la xenofobia.
