La Torre Centinela, a escrutinio el “guardián de Chihuahua”

Sus detractores la llaman el Ojo de Sauron y los que la defienden “el guardián de Chihuahua”. La Torre Centinela es una inversión millonaria, la apuesta de seguridad de una frontera. Es el edificio más alto de Ciudad Juárez y el que mejor representa el miedo a la vigilancia masiva, además, desde esta semana, es un nuevo terreno de la pelea política entre el Gobierno guinda de Claudia Sheinbaum y el de la panista Maru Campos. La torre, de 25 pisos, ha entrado al escrutinio tras el brutal accidente vial en el que murieron dos oficiales de la CIA y dos integrantes de la Fiscalía de Chihuahua. La presencia de agentes extranjeros sin autorización del Gobierno federal se ha convertido en la última batalla entre la Administración de Morena y uno de los pocos Estados todavía gobernados por la oposición. Desde entonces, todo gira alrededor de una pregunta: ¿hasta dónde llega el alcance de Donald Trump en operativos en México a través de los Estados?

El piso 18 de la Torre Centinela está reservado para “algo muy interesante, muy innovador”, explicaba en enero a EL PAÍS, Jorge Muro, director de los centros de mando de la Secretaría de Seguridad de Chihuahua durante una visita al edificio, todavía en construcción. “Es donde van a estar las agencias nacionales, o sea, toda la fuerza nacional, estatal y municipal, y las agencias internacionales”, detallaba el funcionario: “Esas agencias internacionales van desde el CBP [la patrulla fronteriza], la ATF [la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos], parte de las Fiscalías de Texas y Nuevo México, que tenemos una excelente relación con ellos, la policía de El Paso que obviamente también tenemos mucha coordinación, comunicación y compartimos información, y el 911 de El Paso”.

El policía contaba que el edificio iba a albergar a “personal de ellos”, pero matizaba: “No interviene para nada en la cuestión de que vayan a estar en nuestras bases de datos o nosotros en las de ellos, no, no. Ellos simplemente van a trabajar con sus propias herramientas, pero desde aquí. Ese trabajo en conjunto nos va a permitir una mejor coordinación en tiempo real. Porque si bien ahorita tenemos esa coordinación, pero hay que llamarles y luego ellos en lo que consultan... Entonces pues se pierde tiempo”. Esas declaraciones del funcionario estatal revelaban algo habitual en el Estado fronterizo: la profunda colaboración con Estados Unidos.

Estos datos habían pasado prácticamente inadvertidos hasta que a las dos de la mañana de un domingo, a más de 800 kilómetros de Juárez, un vehículo oficial se despeñaba por un barranco de la recóndita sierra Madre Occidental. Ahora con todo bajo la lupa, la presidenta se ha pronunciado sobre la presencia de estas agencias: “Solicitas la autorización, se establece en el gabinete de Seguridad o en el Consejo Nacional de Seguridad si es pertinente y qué tipo de colaboración debe de haber para poder autorizar a un Gobierno de un Estado”, ha zanjado.

Los detalles del operativo

En la madrugada del 19 de abril, un convoy de cinco vehículos viajaba del municipio de Morelos hacia la ciudad de Chihuahua. Uno de ellos derrapó entre los desfiladeros y cayó 200 metros. Todos los que iban dentro murieron. Eran Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación, y el agente Manuel Genaro Méndez, y dos integrantes de la CIA, la agencia de espionaje de Estados Unidos. Venían de desmantelar uno de los narcolaboratorios más grandes hallados en México. El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, trató de negarlo, pero la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó sin dudas que los cuatro agentes estaban “trabajando conjuntamente”.

Los detalles de la operación no han salido del Gobierno, ni del estatal —que mantiene su versión de que los estadounidenses eran instructores de dron y que la Agencia de Investigación solo les estaba apoyando en el traslado a la capital— ni del federal, que afirma no saber ni siquiera a qué agencia pertenecían. Fueron The Washington Post y The New York Times quienes revelaron un par de días después del accidente que los dos fallecidos eran oficiales de la CIA. Después Los Angeles Times detalló que los agentes llevaban incluso uniformes de la Agencia Estatal de Investigación, que depende de la Fiscalía de Chihuahua, y que no eran dos, sino cuatro, pero que iban en dos vehículos distintos. Los otros dos agentes llegaron a bajar por el barranco con el objetivo de salvar a sus compañeros, pero ya era “demasiado tarde”.

La ley de Seguridad Nacional señala que los agentes extranjeros solo pueden “internarse temporalmente para fines de intercambio de información” y obliga a que sean acreditados por la Secretaría de Seguridad, la de Defensa, la de Relaciones Exteriores y la de Marina. “La celebración de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con los Agentes Extranjeros” fuerza a los Estados o municipios a enviar un informe por escrito dentro de los siguientes tres días a las dependencias federales, según el reglamento. Además, en las reuniones debe estar siempre presente alguien de la cancillería.

La presidenta apunta a que todo este protocolo no se siguió con los agentes de Estados Unidos en Chihuahua. De hecho, la mandataria contempla que se violara la Constitución y la propia Ley de Seguridad Nacional. “Nosotros no aceptamos la participación en campo, en los operativos. Lo hemos dejado muy claro”, ha insistido Sheinbaum, que lleva desde el regreso de Trump a la Casa Blanca invocando por activa y por pasiva la defensa de la soberanía nacional frente al aliento injerencista del republicano.

El Gobierno estatal trató de escudarse en que en el operativo participaba la Secretaría de la Defensa, pero ese argumento tampoco ha servido a Sheinbaum: “Evidentemente, la Defensa no sabía que había personas que estaban participando que no eran ciudadanos mexicanos y que no eran parte de las agencias de seguridad del Estado de Chihuahua”. Ante estos embates, la gobernadora Maru Campos ha terminado anunciando este viernes que va a crear de forma “inmediata” una unidad especializada para investigar los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril, tanto el operativo del narcolaboratorio como el accidente. El propósito de esta unidad, que va a ser liderada por la que era fiscal especializada de Delitos contra la Mujer, Wendy Paola Chávez Villanueva, es “integrar las carpetas de investigación relacionadas con los hechos”, “recabar toda la información y darle claridad a los acontecimientos”. Mientras dure la investigación, se ha protegido convenientemente Campos, no va a hacer ningún pronunciamiento más sobre el tema.

Los ojos de la frontera

Incluso en esta última comparecencia, en la que la gobernadora panista trata de sacar la cabeza del agua ante el escándalo, ha recalcado que va a mantener “la colaboración que resulte necesaria para cumplir la misión de garantizar la paz” en el Estado frente a la delincuencia.

Maru Campos ha hecho de la lucha contra el crimen organizado una bandera de su Gobierno y el símbolo de ese discurso tiene 25 pisos y un helipuerto. La Torre Centinela es la cara visible de un proyecto más amplio llamado Plataforma Centinela, que le ha costado al Estado más de 4.000 millones de pesos, es decir, unos 230 millones dólares. Este desembolso fue duramente criticado por organizaciones civiles, tanto por la cantidad como por la incorporación de datos biométricos, inteligencia artificial y miles de cámaras.

Jorge Muro explicaba a este periódico que actualmente hay instaladas 10.000 cámaras en todo el Estado, un tercio de ellas mirando a Ciudad Juárez, donde se concentran el 60% de los delitos. Son cámaras fijas, cámaras 360 y también lectores de placas. Pero no solo eso, la Plataforma tienen la posibilidad de solicitar y conectarse a las cámaras privadas, lo que aumenta la capacidad hasta 30.000 dispositivos. Los ojos de Chihuahua, pero no solo.

Desde su creación, Campos ofreció el trabajo de la Plataforma Centinela a Estados Unidos. “Estamos dispuestos a compartir esa información con las autoridades estatales de Texas y socios comerciales directamente”, firmó la gobernadora en abril de 2022 en un memorándum de entendimiento con el gobernador Greg Abbott. En una presentación, su Gobierno incluyó: “El Estado de Texas podría tener ojos en este lado de la frontera”. Esto llevó a Abbott a calificar la estrategia de la panista como “el mejor plan de seguridad fronteriza de ningún gobernador de México”. Esta colaboración ya hizo dudar a los expertos cuando se firmó hace cuatro años, puesto que este tipo de convenios son a nivel federal. Ahora, esa misma pregunta vuelve a rondar al Gobierno de Chihuahua.