Vox ordena a sus grupos municipales retar al PP con la “prioridad nacional” en los ayuntamientos

Vox cree haber hallado en la llamada “prioridad nacional” —la discriminación de los inmigrantes respecto a los españoles en el acceso a subvenciones y servicios públicos— un inesperado gancho electoral, una idea que cala fácilmente en amplios sectores de la población, sobre todo en los más humildes, además de incomodar a algunos barones del PP.

Tras haber conseguido meterla en los acuerdos de gobierno en Extremadura y Aragón para investir a los populares María Guardiola y Jorge Azcón, la cúpula de Vox ha decidido llevar la batalla a los parlamentos autonómicos y ayuntamientos en los que está presente y convertirla en eje de su campaña para las elecciones andaluzas del 15 de mayo. Su objetivo: obligar al PP a retratarse. O asume el discurso de Vox o lo confronta, alineándose con la izquierda.

Tras plantear el jueves una proposición no de ley en las Cortes Valencianas para que el PP reconozca expresamente la “prioridad nacional”, a pesar de que no figuraba en el pacto que permitió la investidura de Juan Francisco Pérez Llorca como presidente, este viernes ha presentado iniciativas similares en los parlamentos navarro y murciano. En este último ha condicionado su apoyo a la ley regional de vivienda a que la preferencia de los españoles se incorpore al proyecto.

Además, ha dado instrucciones a sus grupos municipales para que presenten mociones en las que reclamen que se “establezca la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda”. Los concejales de Vox deben plantear su iniciativa en respuesta a otra del PP que pretende que los ayuntamientos se pronuncien en contra del proceso de regularización de inmigrantes actualmente en curso y exijan al Gobierno la retirada del decreto que lo puso en marcha, con el argumento de que “cualquier proceso de regularización debe ser individualizado” y contar con “un procedimiento transparente, criterios claros y definidos, así como una financiación suficiente para que los municipios puedan afrontar su impacto”.

Vox coincide con el PP en su rechazo al proceso de regularización, pero la orden que la dirección nacional ha dado a sus ediles no es la de intentar consensuar un texto, sino presentar enmiendas de sustitución al texto de los populares. “En caso de que no las acepten, debemos votar en contra. Y el discurso debe recoger el contenido de nuestras enmiendas”, advierte la circular a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Se dará, en sentido inverso, la situación que se vivió el pasado miércoles en el Congreso, cuando Vox se negó a aceptar la enmienda del PP a su moción sobre “inmigración masiva”, a pesar de que la propuesta de los populares reproducía textualmente el pacto de gobierno de Extremadura. Como consecuencia de esta negativa, la iniciativa de Vox fue derrotada con el “no” de todos los demás grupos, incluido el de Alberto Núñez Feijóo.

La soledad no preocupa en absoluto a Vox, según fuentes de dicho partido. Santiago Abascal está convencido de que su idea de priorizar a los españoles cuenta con el respaldo de la mayoría de los votantes del PP e incluso de buena parte de la base electoral de la izquierda; pues son las clases más desfavorecidas las que tienen que competir con los inmigrantes por unas ayudas sociales escuálidas.

Una exigencia irrenunciable

El líder de Vox subrayó este viernes en Ayamonte (Huelva), donde ha hecho escala dentro de su gira preelectoral por Andalucía, que la “prioridad nacional” es una exigencia irrenunciable para su partido. “Todos los españoles, la inmensa mayoría, voten a Vox, al PP o al Partido Socialista, entienden que los de su propio país deben tener prioridad frente a los que acaban de llegar. Por tanto, para nosotros, eso va a ser un asunto prioritario en cualquier tipo de negociación con el Partido Popular”, ha advertido.

Abascal ha respondido a Sánchez, quien le había acusado de querer crear en España “ciudadanos de segunda”, calificando de “aterrador” que el jefe del Gobierno desconozca que “nacionalidad y ciudadanía es lo mismo” y, por tanto, los únicos “ciudadanos [de España] son los españoles”. Pero también ha cargado contra el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, de quien ha dicho que “le da la razón a Pedro Sánchez en todo esto, oponiéndose al principio de prioridad nacional y negándose a criticar el proceso de regularización masiva” de inmigrantes.

El entusiasmo con el que Vox se ha abrazado a la bandera de la prioridad nacional, una idea original de la extrema derecha francesa ausente hasta ahora de su programa, ha generado cierta confusión interna. Preguntado por los periodistas quién es español, el portavoz de Vox en el Parlamento catalán, Juan Garriga, contestó: “El nacido de padre y madre española”. Su primo Ignacio Garriga, secretario general del partido, tuvo que salir a corregirle. “Es español quien tiene DNI”, zanjó. Se da la circunstancia de que la madre de Ignacio Garriga nació en Guinea Ecuatorial, aunque Vox siempre ha subrayado que entonces era una colonia española.

La única oposición a la idea de “prioridad nacional” que preocupa a Vox, sobre todo a pocas semanas de la visita del Papa a España, es la de la Iglesia católica, ya que muchos dirigentes del partido se declaran católicos fervientes, incluido el propio Garriga. El portavoz de la Conferencia Episcopal, César García Magán, dejó claro este viernes su rechazo a la discriminación de los inmigrantes al subrayar que su “prioridad es el Evangelio”. “El prójimo no es solo el que es de mi partido, no es solo el que es de mi país, no es solo el que es de mi lengua, ni siquiera el que es de mi religión”, apostilló. El choque entre Vox y la jerarquía eclesiástica parece inevitable desde el momento en que el partido ultra ha dejado en segundo plano las posiciones más próximas a la Iglesia –como su oposición al aborto o al colectivo LGTBI, ausentes de los pactos de Extremadura y Aragón— para poner el foco en lo que más le distancia de la doctrina católica: su postura ante la inmigración.

De hecho, aunque utilice el eslogan “prioridad nacional”, Vox ha entrado en una deriva que no se limita ya a pedir la preferencia de los españoles en el acceso a determinadas prestaciones sociales, sino que propone directamente excluir por completo a los extranjeros. Así figura en la moción que el grupo parlamentario ultra defendió esta semana en el Congreso. Uno de sus puntos pedía promover “las modificaciones normativas oportunas del Sistema de la Seguridad Social para asegurar que prestaciones y pensiones de naturaleza no contributiva quedan reservadas a los españoles”. Con carácter exclusivo.