Créditos al 0% para la entrada de una vivienda a cambio de que se convierta en VPO

El Govern ha acelerado la concesión de las ayudas a la emancipación para jóvenes de hasta 35 años, que consisten en créditos públicos para cubrir la entrada de una vivienda. Según cifras del Ejecutivo catalán, desde que se puso en marcha esa medida a finales de junio del año pasado se han aprobado 1.813 solicitudes y se han concedido 701 préstamos. La obtención de esa financiación, que canaliza el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), ha permitido incrementar el parque de vivienda protegida al exigir que la obtención de esos fondos sin intereses esté supeditada a que el piso financiado sea VPO de forma permanente. La acogida de esta medida, dotada con 50 millones anuales, ha llevado a la Generalitat a plantearse ampliarse la edad para acceder a esa ayuda.

Los créditos a la emancipación son una de las tres grandes medidas para facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes, junto a las ayudas al alquiler y la asignación del 25% de los pisos protegidos que se construyan dentro del plan Illa. La medida no ha hecho sino empezar a andar. Pero si prosigue con éxito, esta puede tener también efectos sobre el mercado, puesto que implica que las viviendas que se adquieran bajo esa fórmula pasen al mercado de protección oficial. Es decir, que el comprador solo podrá venderla por el precio de adquisición y el IPC generado.

Las ayudas a la emancipación consisten en préstamos del ICF para cubrir la entrada de jóvenes que cobren hasta 83.400 euros anuales (85.900 euros si es un hogar de dos personas). Los beneficiarios pueden devolverla cuando acaben de pagar la hipoteca principal con un interés del 0%. El crédito público viene a resolver el mayor obstáculo que priva a los jóvenes para acceder a un piso en propiedad: la falta de ahorro, junto a la subida de los precios de los pisos, hacen imposible tener una cantidad para aportar como entrada. El acceso a la vivienda de los jóvenes no ha hecho sino empeorar en los últimos años. Según el Colegio de Notarios, durante el pico de la burbuja inmobiliaria los jóvenes protagonizaban una de cada cuatro operaciones de compraventa en Cataluña, mientras que ahora solo suponen el 12,8% del total.

Jaime Palomera, codirector del IDRA (Instituto de Investigación Urbana), valora esa medida y opina que debe ir más allá. “Tiene que ser más ambiciosa y llegar a más gente, no solo jóvenes”, afirma. “Históricamente, los países europeos, como Reino Unido, han dado ayudas para comprar sin pedir nada a cambio. La crítica a esas subvenciones consistía en que a corto plazo suponía una subida de los precios de la vivienda porque aumentaba la capacidad de compra de la demanda. Es decir, que tenían un efecto inflacionista sobre el mercado. En este caso, eso se evita al incorporar los pisos en el mercado protegido”, sostiene Palomera.

La Generalitat está estudiando cambios en el diseño de esa ayuda. Por ejemplo, el límite de 50.000 euros para la entrada implica un precio máximo de 250.000 euros. El precio medio de los pisos en Barcelona, sin embargo, es de 375.000 euros, según el Ayuntamiento. Por ello, uno de los cambios que ha planteado el Consistorio a instancias de ERC es el de buscar una fórmula para elevar ese límite a 80.000 euros en el caso de la capital catalana. El segundo umbral tiene que ver con la edad. La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, aseguró en el Parlament que se está analizando ampliar el límite de edad para que se puedan beneficiar de ella personas mayores de 35 años.

Además, algunos beneficiarios han tenido alguna dificultad durante el proceso de compraventa. El ICF da al beneficiario seis meses para cerrar la operación desde que se aprueba su solicitud. Sin embargo, en medio de ese proceso el comprador debe hacer frente al contrato de arras, que suele suponer el desembolso del 10% de toda la transacción. Y en muchas ocasiones, el comprador puede no disponer de esa cantidad, puesto que además tendrá que abonar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que es del 10%, y gastos de tasación, notariales o de gestoría.

El ICF será uno de los instrumentos a través de los que se articularán los 1.900 millones de euros que, en caso de aprobarse los Presupuestos, se destinarán a políticas de vivienda. En concreto, el banco público dependiente de la Generalitat aportará 650 millones para ese fin. De estos, 50 millones irán a las ayudas a la emancipación de jóvenes. El ICF, además, será clave para desarrollar el plan de Illa para la vivienda protegida de alquiler.