El debate sobre la regulación de la FP privada ‘online’ abre una brecha en el Consejo de Educación de Cataluña

“Ha sido un proceso frustrante y fracturante”. Así define Tiago Ferreira, representante de las asociaciones de familias (Affac) el debate en el seno del Consell d’Educació de Catalunya sobre el decreto que debe regular la Formación Profesional online. Tras siete sesiones y más de un centenar de enmiendas, el ente tiene preparado un dictamen, que será llevado a votación el martes, en el que pide suprimir uno de los pilares de la futura normativa: que los centros privados catalanes solo puedan realizar los exámenes finales presenciales en Cataluña. Las patronales han logrado hacer valer su criterio, en contra de la posición de sindicatos y familias, pero también de Educación.

El Departamento ha impulsado el proyecto de Decreto de organización de las enseñanzas profesionalizadoras en modalidad virtual para regular un sector que ha crecido de forma descontrolada en la última década -actualmente roza los 60.000 alumnos, casi triplicando la privada presencial- y generando críticas por la mala calidad y la falta de plazas para realizar prácticas, en algunos casos. Educación ya intentó poner coto a la expansión del sector en 2021 con una orden que fue tumbada en los tribunales, a raíz de un recurso de Ilerna, la principal empresa del sector. Ahora vuelve a intentarlo con un decreto.

La nueva normativa tiene como eje principal la obligación para los centros autorizados en Cataluña de realizar los exámenes finales de forma presencial en esta comunidad. Estos centros privados matriculan alumnos de toda España y hasta ahora se hacían las pruebas finales en centros repartidos por todas las provincias, e incluso en hoteles. Otro de los puntos clave, y también conflictivos, es la reducción del número máximo de alumnos por profesor de los 90 actuales a los 75, una cifra que disminuye hasta los 60 en los cursos de especialización.

La subcomisión de FP del Consell d’Educació que ha analizado el proyecto de decreto ha elaborado un dictamen, al que ha tenido acceso este diario, en el que propone suprimir esa obligación de realizar los exámenes en Cataluña. Es la posición que defienden las patronales, tanto de los centros privados, como empresariales. “El proyecto de decreto va más allá de la normativa estatal, que sí permite hacer los exámenes fuera de la comunidad, pero cumpliendo ciertas garantías. Imponer una restricción territorial está injustificado, y además es un agravio respecto a otras comunidades”, defiende Sílvia Miró, directora del área de Trabajo de Pimec y miembro del Consell. Miró considera que este punto de la norma perjudica a los alumnos, normalmente con cargas de trabajo o familiares, que deben trasladarse a otra comunidad para hacer un examen, con el coste que ello supone. “Hay que adaptar la FP a la realidad actual, cada vez más virtual y flexible”, añade Miró, que quita hierro a la intensidad del debate y defiende la “normalidad en que haya diversidad de opiniones”.

“Lo que ha pasado con los exámenes es algo vergonzoso. Lo que no nos interesa es formar gente aquí y después que se marchen a otras comunidades, eso es una barbaridad”, critica otro miembro de la comisión. Otras de las voces del Consell coinciden en apuntar que “las patronales se han hecho su espacio, han defendido sus intereses”, y lo achacan al hecho que la presidencia de la subcomisión estaba en manos de un representante de Foment del Treball. “El trabajo del Consell es asesorar al Departamento para lograr la mejora educativa, y no debe para satisfacer intereses de entidades particulares o de una parte interesada, como las empresas privadas de servicios educativos”, añade Ferreria.

Además de la ubicación de los exámenes, otro de los puntos que ha generado mucho debate son las ratios de alumnos por profesor. Actualmente, el límite está en 90 estudiantes, pero la nueva normativa lo reduce a 75. Los diferentes sindicatos proponían reducirlo aún más, hasta 50 o 60, mientras las patronales pedían dejarlo en 90. Finalmente, esta discusión no se ha plasmado en la propuesta de dictamen, y acepta la propuesta de Govern de dejarlo en 75.

El dictamen incluye otras enmiendas a la normativa, como permitir hacer los exámenes en periodos festivos como Navidad o Semana Santa, garantizar que el catalán sea la lengua vehicular de la enseñanza o que el Institut Obert de Catalunya cuente con una partida presupuestaria propia, entre otros.

Pendientes de la norma estatal

Las fuentes consultadas apuntan que esta propuesta de dictamen no es definitiva, ya que durante el pleno de este martes se pueden presentar nuevas enmiendas, que serán debatidas durante la reunión.

Asimismo, el Departamento de Educación coincide, junto a otras voces consultadas, que el decreto todavía tiene un largo recorrido antes de ser aprobado, y que en este tiempo se estará pendiente de la regulación del sector que ha impulsado el Gobierno central, con una norma de rango superior, así que será necesario ver si hay que modificar el decreto de la Generalitat para adaptarlo a la estatal.