Los centros de FP ‘online’ critican que el nuevo decreto catalán es “limitador” y pone en riesgo a las empresas

Centros privados de Formación Profesional y patronales consideran excesivamente limitador el proyecto de decreto que ha elaborado el Departamento de Educación para regular la modalidad a distancia de estos estudios, que en los últimos años ha crecido exponencialmente y sin tiempo para controlarlo. Las empresas del sector focalizan sus críticas, que han plasmado en alegaciones a la futura normativa, en la obligación de realizar los exámenes en Cataluña, incluso para los alumnos de otras comunidades, un extremo que, según advierten, podría poner en riesgo la viabilidad de algunos centros. “La normativa es muy controladora y pone muchas trabas y ello puede poner en riesgo los centros. Pero si se nos limita empresarialmente, los proyectos pueden empezar a tambalearse”, alerta Maria Cinta Camí, cofundadora de Linkia, una de las principales empresas del sector.

La modalidad a distancia de la FP privada en Cataluña nació en 2012 con una breve normativa, la orden ENS/71/2012, de 8 de marzo, que ya fijaba que los centros solo podrían ofertar online aquellos títulos que previamente tienen autorizados en modo presencial, que los exámenes finales debían hacerse presencialmente y fijaba la ratio en 90 alumnos por módulo. Desde entonces, el crecimiento del sector ha sido estratosférico, pasando de cero alumnos a 66.270 en una década, aunque ahora empieza a dar signos de retroceso, posiblemente por el aumento de la oferta pública y las críticas de mala calidad en algunos casos. En el curso 2023-24, los alumnos matriculados en la modalidad privada a distancia habían caído a los 59.000, según los últimos datos disponibles publicados por el Departamento de Educación.

La Generalitat ya había detectado algunas deficiencias en este auge, y lo quiso solventar en 2021 con una orden que fue anulada en 2023 por defecto de forma por el TSJC tras un recurso de Ilerna, la principal empresa del sector. El nuevo Govern, no obstante, quiso retomar el plan y ha preparado un decreto, todavía más restrictivo que el de 2021, que salió a exposición pública a mediados de noviembre. Educación declina concretar el calendario para su aprobación, así como facilitar el nombre de alegaciones recibidas. La nueva normativa tiene como hito principal la obligación para los centros autorizados en Cataluña a realizar los exámenes finales de forma presencial en esta comunidad. Estos centros privados matriculan alumnos de toda España y hasta ahora se hacían las pruebas finales en centros repartidos por todas las provincias.

Precisamente, este es el punto que más oposición genera en el sector. Las diferentes fuentes consultadas coinciden que esta obligatoriedad “incrementa los costes para los alumnos”. “Esto perjudica a los alumnos, porque al final les cuesta más el desplazamiento que la formación, y son alumnos con trabajos y cargas familiares”, apunta Jordi Giné, CEO de Ilerna. “Si a los alumnos se les encarece tanto la formación, al final no se matricularán, pero muchas de estas personas estudian para reinventarse o son mujeres. Queremos una formación inclusiva, pero esto lo dificulta”, añade Maria Cinta Camí, también representante de la Confederación de Centros Autónomos de Enseñanza de Cataluña.

La situación es especialmente preocupante para macrocentros como Ilerna, con 30.000 alumnos, de los cuales solo el 23% están en Cataluña. Su director propone que se dejen hacer los exámenes online. “Actualmente, hay programas que permiten identificar a los alumnos y garantizar que son ellos los que hacen los exámenes y que no copian, como ya se hace en las universidades a distancia”.

Otro de los puntos clave, y también conflictivos, es la reducción del número máximo de alumnos por profesor de los 90 actuales a los 75, una cifra que disminuye hasta los 60 en los cursos de especialización. El sector considera que el número fijado por el Departamento es “arbitrario” y “restrictivo”, y que también puede afectar a la viabilidad de los centros. “Obligará a incrementar grupos o limitar plazas. La limitación incrementa el coste de la plaza escolar y se traduce en un mayor precio de la matrícula”, tercia la Confederación en sus alegaciones. Desde Ilerna o Pimec tampoco ven sentido a limitar tanto una modalidad a distancia. “Es una formación asíncrona, así que los profesores no atienden a todos los alumnos a la vez. Está bien que el Departamento quiere garantizar una calidad, pero hagamos un análisis primero para ver si las ratios actuales ponen en riesgo la calidad, y entonces nos podemos plantear reducirlas”, apunta Sílvia Miró, directora del área de Trabajo de Pimec.

La Confederación de Centros Autónomos también ha presentado alegaciones al artículo que obliga a que el alumno realice el 80% de actividades de la evaluación continua para presentarse al examen final porque considera que invade la autonomía de los centros y pide reducir el porcentaje al 60%. Asimismo, pide que se dejen hacer exámenes y clases prácticas en periodos festivos como Semana Santa y Navidad, porque es cuando los alumnos tienen más disponibilidad.

Por su parte, Ilerna recela que la creación de grupos online dependa de la existencia previa de grupos presenciales y defiende que el decreto debe permitir la creación de centros exclusivamente online.

En general, las voces consultadas ven bien la intención de la Generalitat de garantizar la calidad de esta etapa formativa, pero recelan que se haga a base de limitaciones. “La FP online ha crecido mucho y hay que poner mecanismos para garantizar la calidad, pero también para garantizar el acceso y el impulso de esta modalidad. No se trata de corregir detalles operativos, sino que el decreto debe establecer un marco sólido y una mirada a largo plazo”, defiende Miró. “La inspección puede controlar si se dan casos de mala calidad, pero también hay centros con buena calidad, pero no se puede meter a todos en el mismo saco porque la FP online es inclusiva y necesaria para dar oportunidades a muchos colectivos”, añade Camí.

Las diferentes fuentes consultadas, además, no dudan en que si el decreto se aprueba tal y como está, sin tener en cuenta sus alegaciones, acudirán de nuevo a la justicia. “Lucharemos hasta el final”, remata Camí.

Necesidad de exigencia y supervisión

Otras grandes empresas del sector, como Medac, defienden la normativa tal y como está y aseguran no haber presentado alegaciones. “Esta modalidad debe ofrecer las mismas garantías que la presencial y solo desde la exigencia, la supervisión y el compromiso con la excelencia se construye una FP de calidad”, aseguran desde la empresa, que además celebran que finalmente Cataluña “regule de manera definitiva y cuanto antes este ámbito para que las reglas de juego queden finalmente claras para los centros educativos establecidos en el territorio”.

Desde la UGT también reclaman al Departamento que sea exigente. “Una prueba final que sirve para obtener un título, certificado por la Generalitat, debe hacerse con todas las garantías y supervisión de la Administración, no puede hacerse en un hotel o una sala cualquiera. El sistema necesita garantías porque las empresas necesitan personas bien formadas. Si no, lo que haces es desprestigiar la titulación y esto no debe ser una república bananera”, remacha Jesús Martín, especialista en FP del sindicato.