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La Generalitat recurre a la banca por primera vez en 14 años para pedir créditos para nuevos gastos

El Govern ya ha iniciado contactos con entidades para financiar casi 300 millones de euros

El Gobierno catalán sigue tratando de salir del estrecho corsé del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Tras formalizar su regreso a los mercados para refinanciar deuda que había contraído con el Estado, el Ejecutivo de Salvador Illa ha dado luz verde a pedir un préstamo a largo plazo por 292,75 millones de euros con entidades financieras para sufragar gastos en los que incurrirá este año, según ha informado en una nota. Se trata de la primera vez en 14 años que la Generalitat acude al mercado para pedir deuda nueva.

La Generalitat busca la manera de ir zafándose de la losa de la deuda del FLA, que pesa ya el equivalente a unos 75.000 millones de euros. A la espera de la quita que debe aprobar el Congreso para rebajarla en 17.000 millones, el Govern trata de seguir diversificando sus fuentes de financiación. El año pasado ya formalizó la refinanciación de 3.500 millones de euros. Ahora da otro paso más al volver a pedir dinero ya no para refinanciar, sino para sufragar gastos nuevos. Es decir, déficit de sus cuentas públicas.

Esa decisión llega después de que en diciembre la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Gobierno central fijara que las comunidades vinculadas al FLA ya podían salir a los mercados para sufragar parte de su déficit. Ese cálculo para Cataluña resultó en esos 292,75 millones que ahora busca. Hasta ese momento, las autonomías adheridas a ese instrumento podían recurrir a los bancos solo para refinanciar, pero no para generar más cargas.

Según el Govern, esa operación se articulará mediante préstamos y ya arrancaron hace dos semanas los contactos con varias entidades financieras. Los bancos, según la Generalitat, ya han presentado sus ofertas, que ahora están en fase de estudio. El coste máximo de las ofertas debe desviarse como máximo 20 puntos básicos de los intereses de los bonos del Tesoro. En cualquier caso, el Consejo de Ministros debe autorizar la formalización de las operaciones a las que llegue la Generalitat.

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