El Govern se enfrenta a la encrucijada de la legislatura con los presupuestos

El Govern de Salvador Illa despidió 2025 convencido de que este 2026 iba a allanar el futuro del mandato con el nuevo sistema de financiación pactado con La Moncloa y con la constitución de la nueva empresa de Rodalies. El plan se quebró poco después, primero, con la decisión de ERC de no negociar las cuentas si no había avances en la recaudación del IRPF y con el colapso gigantesco de Rodalies, que ha acabado desnudando la fragilidad extrema de la red. La inesperada enfermedad del president ha enrarecido aún más la situación del Govern, que necesita al menos aprobar este año los Presupuestos para oxigenar la legislatura. Los próximos días serán claves para resolver la encrucijada en la que está el Ejecutivo.

La consejera de Economía, Alícia Romero, mantuvo este lunes la primera reunión con los Comuns, que han centrado sus reivindicaciones en “trenes, servicios públicos y vivienda” con la voluntad de que se noten en el bolsillo de los ciudadanos. David Cid, su portavoz, reclamó antes del encuentro acelerar las obras de Rodalies a través de encomiendas de gestión, esto es, que el Gobierno encargue los trabajos y la Generalitat los ejecute. El diputado instó al Ejecutivo a dar un “salto adelante” en el transporte alternativo mientras no funcionen los trenes. “Es increíble que los usuarios no dispongan de información clara sobre el estado del servicio”, dijo. Fuentes del Govern valoraron de forma muy positiva la reunion y Romero subrayó la importancia de no desaprovechar las oportunidades que generarán los presupuestos.

Tras no haber aprobado las cuentas de 2024 (Illa tomó posesión en agosto de ese año) y haber fracasado en los de 2025 (suplidos con un suplemento de crédito), esos Presupuestos pueden ser la columna de su legislatura. El plan del Govern es que estén listos antes del 31 de marzo pero los plazos son ya muy ajustados: la tramitación parlamentaria se puede prolongar 40 días y para cumplir ese calendario deberían estar listos en una semana. Los comunes se desentienden de esos tempos mientras plantean cinco ejes: una ley que prohíba la venta especulativa de vivienda; elevar a 1.200 millones las ayudas para el alquiler para beneficiar a 50.000 familias; la ampliación de las becas-comedor y reducir al 50% el tiempo de espera en las visitas a los especialistas. La media para ser atendido por un traumatólogo son 180 días.

No parece que sean reivindicaciones muy difícil de atender paa el Govern. La gran duda se centra ahora en ERC. Los republicanos dicen que no negociarán hasta que no haya en el Congreso “avances” sobre la proposición de ley sobre la recaudación del IRPF. La previsión es que se vote a final de mes. La portavoz del PSC, Lluïsa Moret, dijo desconcoer qué hará ERC y que de momento no está en ese escenario. En cualquier caso, apuntó que el PSc acompañará al Govern en el calendario que se ha fijado. El interrogante es si al PSOE le interesa ahora ese debate cuando acaba de sufrir en Aragón un revés electoral que se suma al batacazo en Extremadura y el 15 de marzo son las elecciones en Castilla y Leon y están en camino las de Andalucía.

El Parlament vivirá esta semana otro episodio en el que la oposición, pero también ERC, pedirá la dimisión de la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, por el descalabro de Rodalies, por segunda vez en el mandato. La manifestación del sábado de los usuarios no fue multitudinaria pero el Govern sabe que no refleja la magnitud del hartazgo. Su plan es el de seguir con las obras, con el traspaso y que Renfe y Adif que asuman su responsabilidad para repartir el desgaste. Y el coste: que paguen los 600.000 euros diarios que supone levantar el peaje de la C-32 y los 4,1 millones de los autocares. Con Illa convaleciente y la consejera de Educación, Esther Niubó, también de baja por enfermedad, el Govern sigue en manos de Albert Dalmau, que volverá a lidiar con la sesión de control a las puertas de una huelga de educación y otra de médicos.