Salud sanciona a un centro de salud mental de Barcelona por negarse a ofrecer tratamiento en catalán

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha sancionado con 3.006 euros al Hospital de Día CPB de Barcelona por “discriminación y denegación del tratamiento” a una paciente que había sufrido una crisis suicida, después de que un psiquiatra la obligase a aceptar sesiones en castellano pese a haber pedido hacerlas íntegramente en catalán, según informa Plataforma per la Lengua. El Departamento de Salud ha confirmado a EL PAÍS que hubo una sanción por infracción.

En un comunicado de este lunes, la entidad explica que los hechos se remontan a febrero de 2024, cuando se derivó a la paciente al Hospital de Día del pasaje Còrsega, gestionado por la fundación CPB, para valorar su ingreso en un programa de atención específico. La paciente solicitó ya en la primera sesión realizar las sesiones individuales íntegramente en catalán, una petición que no fue rechazada, pero en la primera cita el enfermero se le dirigió en castellano y le hizo saber que “no se sentía cómodo hablando catalán”.

El 1 de marzo, la médica le dijo que “no podía obligar a ningún profesional” a hablar en catalán y le pidió que dejase de lado su opción lingüística, comparando su solicitud de recibir el tratamiento en catalán con no querer dejar de tomar drogas o autolesionarse. Según relata la plataforma, la decisión se confirmó la semana siguiente, cuando la psiquiatra le dijo, textualmente, que no se trataba de un chantaje, sino de un “baño de realidad”, y unos días más tarde se le reafirmó que no podía recibir el tratamiento en catalán, que si no le parecía bien podía presentar una reclamación y que no se la derivaría a ningún otro centro.

Plataforma per la Llengua lamenta que en el informe de alta de la usuaria conste, literalmente, que “la paciente toma la decisión de no iniciar tratamiento en nuestro centro”, algo que considera una “afirmación falsa”.

Investigación y reclamaciones

La víctima reclamó a la fundación que se investigasen los hechos y que se la derivase a otro centro del que dispone en Barcelona, pero la entidad negó los hechos, por lo que se puso en contacto con Plataforma per la Llengua, que interpuso una segunda reclamación ante la Conselleria de Salud de la Generalitat.

La entidad ha criticado también que, pese a que finalmente se redirigió a la paciente a dicho centro, el director médico y otra médica le “riñeron” por haber grabado las conversaciones.

Además, alerta de que, tras el alta, CPB hizo constar la petición lingüística de la usuaria en el apartado “Enfermedad Actual”, destinado a describir los síntomas clínicos de cada paciente.

La sanción

A raíz de la reclamación de Plataforma per la Llengua, la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria sancionó con 3.006 euros a CPB, que terminó pagando la multa, una decisión que la entidad trató de recurrir —sin éxito— al considerar que “no se habían tenido en cuenta todos los hechos y perjuicios” y que la actuación administrativa había sido insuficiente.

Ahora, la víctima, asesorada legalmente por la plataforma, reclama que el servicio catalán de salud reconozca su responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento del servicio sanitario público, que considera “directa”, y la indemnice con 30.000 euros. Asimismo, pide al Col·legi de Metges de Barcelona que intervenga en el caso para depurar responsabilidades.