Educación revisará la materia de Historia y las titulaciones docentes del colegio denunciado por ultraconservador en Terrassa

Falta de titulación requerida en dos docentes, clases no impartidas en catalán, dudas sobre los contenidos de la materia de Historia y mala praxis en el cobro de cuotas son algunas de las principales conclusiones de la comisión creada para buscar soluciones al clima de tensión generado en la escuela Mare de Déu del Carme de Terrassa, tras la denuncia de un grupo de familias por un supuesto giro ideológico ultracatólico y ultraconservador de la dirección de la escuela. Tras un mes de reuniones, la comisión finalizó su trabajo y emitió un informe, al que ha tenido acceso este diario, dando indicaciones al centro sobre los aspectos a modificar y unas fechas límite para hacerlo.

El caso de este colegio concertado, conocido también como El Karmel, estalló en marzo cuando un grupo de familias -150 llevaron el caso a manos de un abogado- denunció un viraje ideológico hacia un “extremismo religioso” y una tendencia “evangelizadora”, en el sentido de que la religión pasaba a ser el centro de todo, de los textos de lectura o las excursiones. También apuntaban a un carácter más ultraconservador, que ejemplificaban en frases como “Freddie Mercury cogió el Sida porque se lo merecía por ser gay” o “Primo de Rivera era el cirujano de hierro que España tanto esperaba”, que especialmente se pronunciaban en la clase de Historia. El grupo de familias aseguraba que ello había coincidido con un cambio en la dirección del centro hace tres años -los Padres Carmelitas se mantienen como titulares-, y la entrada de miembros de movimientos como Comunión y Liberación y el Camino Neocatecumenal, conocidos como Kikos.

Educación inició una investigación hace nueve meses, que no ha finalizado, pero en octubre decidió abrir una comisión de conciliación, después de que en junio la escuela demandara a tres de las familias por calumnias. La comisión de conciliación se constituyó el 23 de octubre pasado con el objetivo de “contrastar puntos de vista y llegar a acuerdos amistosos”, según Educación. El problema es que en ella estaban representados el Departamento y la escuela, pero una de las partes en conflicto: las familias denunciantes.

Con todo, la comisión ha tratado algunos de los aspectos denunciados ante la inspección educativa. Sobre uno de los puntos principales, el giro ideológico, el informe no se pronuncia, pero sí que establece que Educación realizará el “control y supervisión de las programaciones didácticas y del material utilizado en clase, con especial atención al área de Ciencias Sociales e Historia”.

El documento pone el foco también en dos docentes que se han incorporado al centro sin cumplir los requisitos, en este caso, del ámbito lingüístico y que no disponen de ninguna acreditación del nivel de catalán. Así, la comisión insta al colegio a asegurarse que estos dos profesores deban presentarse, por un lado, a la convocatoria para obtener el título de catalán, prevista para el mes mayo, y, por otro, tienen que “superar la prueba de lengua catalana correspondiente al concurso de oposición de cualquier especialidad”, que se realizará en marzo. Si antes de finalizar el curso no presentan la acreditación, “no podrán ser incluidos en la relación de profesorado de pago delegado”, es decir, en las plantillas ordinarias del centro, cuya nómina abona la Generalitat. En este sentido, la inspección educativa también verificará que el resto de plantilla cuenta con la acreditación de catalán necesaria y que las clases se imparten en catalán, a través de visitas a las aulas durante todo el próximo año. Desde un primer momento, la escuela ha admitido que había contratado nuevos profesores y que algunas clases se hacían en castellano debido a que estos nuevos docentes desconocían el catalán.

También parece que estos docentes no cumplen “la capacitación pedagógica” o no disponen del máster para ejercer de profesores en secundaria. La comisión asegura que no ha logrado comprobar este aspecto y que realizará “las comprobaciones oportunas” para asegurarse que estos profesores “disponen de la titulación requerida para impartir las clases y materias que tienen asignadas”.

Sobre otro de los puntos de fricción entre escuela y familias, que era las cartas que la dirección enviaba intentando obligar al pago de las cuotas de la Fundación El Karmel -algunos padres dejaron de pagarlas a raíz del conflicto-, la comisión obliga al centro a publicar en su web que estas mensualidades son voluntarias, así como otras vinculadas a servicios complementarios o extraescolares. En este caso, Educación obliga al centro a eliminar la frase y la consigna que indicaba que “para inscribirse en las extraescolares es necesario estar al corriente de los pagos escolares”. Así, el centro debe realizar estas modificaciones de forma inmediata e informar de forma adecuada, y por escrito, a las familias actuales, a las nuevas y en las reuniones de inicio de curso.

Relacionadas con las cuotas, también se obliga al centro a informar con detalle de los servicios que deben pagar y los que no a los alumnos vulnerables que cuentan con las ayudas a la escolarización o mochilas escolares, que Educación otorga a cambio de repartir estos alumnos y hacer que las concertadas también los escolarice, en el marco del plan contra la segregación escolar.

Asimismo, se insta al colegio a reunirse con las familias y los profesores para explicar el Proyecto Educativo de Centro (donde se detalla la línea pedagógica), además de aprobarlo con consejo escolar y publicarlo en la web antes de finales de enero.

La mejora de la comunicación entre dirección y comunidad educativa es otro de los aspectos a mejorar. En este sentido, las acciones son varias. Por un lado, se pide al centro que revise la carta de compromiso que las familias deben firmar a principio de curso, que realice una encuesta de satisfacción anual entre los padres y que comunique a las familias las salidas que se harán, “juntamente con la descripción de los objetivos educativos”, que además deberán ser aprobadas por consejo escolar. De hecho, también se insta a que se publiquen los acuerdos de este organismo, realizar reuniones periódicas con los delegados de cada clase o entregar a la inspección las quejas de las familias y el seguimiento que se ha hecho. Finalmente, durante este curso y el siguiente, los inspectores se reunirán con “participantes escogidos aleatoriamente” para hacer un seguimiento del ideario del centro.

Por su parte, la escuela envió una carta comunicando el resultado de la comisión el 28 de noviembre, día en que se celebró la última sesión y sin tener el informe de conclusiones finales, que llegaría una semana más tarde. El centro destacaba que las acusaciones de las familias sobre adoctrinamiento “quedaban desacreditas” y explicaba muy veladamente el resto de aspectos, quitando hierro así a las indicaciones de la Generalitat.

De hecho, esta no es la primera vez que el Departamento pide información y pide cambios, en aspectos calcados a los del informe de la comisión. En junio envió un requerimiento al centro para que, en el plazo de 15 días, acreditara la competencia lingüística en catalán de cuatro profesores y el título de máster de profesorado de secundaria de dos docentes. También pedía información clara sobre las cuotas, un plan para restablecer la cordialidad con las familias. Ese mismo mes, la escuela demandaba a tres de ellas.