Barcelona comunica a sus servicios sociales: no hay más plazas en pensiones para familias que pierden la vivienda

El Ayuntamiento de Barcelona ha comunicado esta semana en una circular a sus centros de servicios sociales que “a fecha de hoy” no dispone de plazas del Servicio de Alojamiento Temporal Urgente (ATU), que son en su mayoría pensiones, porque “todas las plazas están ocupadas y la previsión de disponibilidad de nuevas plazas no se prevé a corto plazo”. Una situación que, explica la carta, está “motivada por la alta demanda del recurso”, con el que se aloja, sobre todo, a familias desahuciadas, pero también mujeres víctimas de violencia machista o casos vinculados a la Ley de Extranjería. Como “alternativa más adecuada y garantista” para dar “respuesta inmediata a las situaciones de pérdida súbita de vivienda” sugiere la PAU (Prestación Social para Acceso Urgente a una Alternativa Habitacional), que es una ayuda de hasta 1.500 euros para las familias. En diciembre de 2025 había 3.480 personas alojadas en pensiones, la mayoría familias con niños. “Si el lunes se nos queda gente en la calle, ¿qué vamos a hacer, dónde los vamos a alojar?“, pregunta un trabajador social.

Fuentes municipales aseguran que “ninguna situación de alta vulnerabilidad quedará desatendida y se realizará un seguimiento exhaustivo por parte de los equipos especializados para encontrar alternativas habitacionales”. Las mismas fuentes matizan, respecto al texto de la circular, que “la disponibilidad de nuevas plazas de alojamientos temporales de urgencia ATU está comprometida” y que los mecanismos previstos se han activado “en previsión de esta situación puntual de falta de plazas”. E insisten en que en paralelo a la falta de plazas se aumentan las ayudas.

100.000 euros al día

La circular, han explicado fuentes de los centros, añade más presión a un servicio ya muy presionado por la crisis de vivienda. Y constata que el plan anunciado en 2024 de limitar a seis meses las estancias de las familias en pensiones no se ha podido materializar, “porque en el contexto salvaje del mercado, por mucho intentes que las familias salgan de las pensiones, nadie alquila viviendas a las familias vulnerables”. Los trabajadores sociales explican que el grueso de las familias llevan en pensiones entre seis meses y tres años, pero hay una minoría de personas que lleva más de cinco años en este recurso. En 2025 el Ayuntamiento se gastó 38 millones de euros en pensiones: más de 100.000 euros al día. Una partida que se ha disparado en cuatro años: en 2022 eran 22 millones, 60.000 euros al día.

La ayuda PAU, citada en la circular, no es nueva, precisan las mismas fuentes. Se da a las familias en situaciones límite, cuando deben afrontar el pago de una fianza si pierden la vivienda, alquileres o no tienen otra que “meterse en habitaciones”. El Ayuntamiento insiste, sobre la circular, que en paralelo a la falta de plazas en pensiones “se incrementan las prestaciones y las distintas ayudas económicas a personas o unidades de convivencia para que puedan disponer de recursos para acceder temporalmente a un alojamiento por las vías ordinarias, garantizando que no se queden sin alojamiento”. “Todos los equipos trabajan para atender todas las casuísticas y dar la respuesta adecuada a las situaciones de urgencia de vivienda que se detecten”, añaden las fuentes municipales.

La circular ha sentado mal entre los trabajadores de los servicios sociales. “Nosotros somos los que estamos en la trinchera, nadie quiere alojar a población vulnerable en pensiones y ya priorizamos las ayudas, somos los primeros que evitamos las pensiones”, afirma una persona del colectivo, que insiste: “La circular no hace más que ponernos más estrés y más presión ante las familias porque con 1.500 a ver dónde van”.

La ayuda PAU forma parte del abanico de prestaciones de los servicios sociales para situaciones vinculadas a la vivienda. Contempla un máximo de 1.500 euros, como “respuesta de urgencia” anta la falta de vivienda y es “puntual, no recurrente ni prorrogable y debería cubrir las necesidades de aproximadamente un mes”. Se otorga en situación de pérdida súbita de vivienda, si no se pueden afrontar los gastos. Otra prestación que pueden valorar los servicios sociales es la PRUS ATU (Prestación de Urgencia Social Extraordinaria para alojados en Alojamientos Temporales de Urgencia). En este caso son hasta 12 mensualidades para facilitar que las personas encuentren vivienda fuera del circuito de urgencia.

Desde el pasado verano, y ante la saturación de las pensiones, el Ayuntamiento hizo cambios en el circuito de entrada en los alojamientos de urgencia y los prioriza en el caso de familias con hijos, mientras las personas adultas solas o las familias sin hijos se alojan en “servicios de estancias breves”.

En marzo del año pasado, en su informe anual, el Síndic de Barcelona, una figura local equiparable al defensor del pueblo, David Bondia, pidió al gobierno del alcalde Jaume Collboni mejorar los alojamientos temporales de emergencia. Bondia ha apelado a la necesidad de “disponer alojamientos temporales de urgencia adecuados”, sobre todo porque a menudo estos recursos se alargan en el tiempo hasta dos años o más las estancias en pensiones o habitaciones en viviendas compartidas. El Síndic cuestionó el intento de tope temporal de las estancias y que se gestionen “a través de un operador turístico, no tiene sentido que las estancias de familias en pensiones las gestione un operador turístico y destinarle fondos públicos, hay otras fórmulas”.