El convenio entre Endesa y la Generalitat contra la pobreza energética caduca sin una alternativa clara

El pasado 31 de diciembre caducó la vigencia del convenio firmado entre Endesa y la Generalitat para proteger a los ciudadanos más vulnerables de las consecuencias de la pobreza energética. El acuerdo, rubricado en marzo de 2021 tras la presión de los agentes sociales, fue anunciado como un paso adelante muy importante —y pionero, puesto que no se firmó ningún convenio más con otras empresas ni en otras comunidades autónomas— en un contexto de alza de precios tras la salida de la pandemia, que se agravaría un año después con la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. El despliegue del convenio, así como de la estrategia de la lucha contra la pobreza energética en general, ha dejado mucho que desear, según denuncian las entidades sociales, pero al menos existía un acuerdo único que obligaba a Endesa, que tiene el 98% de la distribución eléctrica y algo menos del 50% en la comercialización de energía en Cataluña, a cumplir con ciertos compromisos con las familias vulnerables. La Generalitat y Endesa confirman que el convenio ha caducado y explican que están analizando “otras formas de colaboración”, sin detallar cuáles. Ambas partes argumentan que la crisis de precios se ha mitigado, y que ahora, a diferencia de cuando se firmó el pacto, hay herramientas de protección estructurales, impulsadas en el Estado, como el bono social y el escudo social.

Los datos, sin embargo, muestran que las herramientas de protección no llegan, ni de lejos, a todas las personas que tienen derecho a ellas en Cataluña, mientras que el precio de la energía sigue siendo demasiado elevado para muchas familias y la pobreza energética continúa hostigando a una parte importante de la población. Prueba de ello son los dos incendios mortales que ha habido este enero en Constantí y en L’Hospitalet de Llobregat, que se investigan y podrían deberse a problemas de electricidad y calefacción.

Es cierto que el precio de la luz en el mercado mayorista en España está ya lejos de los más de 100 y 200 euros por megavatio hora de 2021 y 2022, cuando hubo la crisis energética, pero sigue siendo muy elevado: cerró 2025 con un precio promedio de 65 euros, cinco euros más que el año anterior. Y mucho más que en 2019, cuando fue de 47,7 euros.

El precio de la luz, pues, se ha estancado en una franja alta, por mucho que ahora sea inferior al momento álgido de la crisis. Esto, junto con la inflación, conlleva muchos aprietos en las economías domésticas, que se traducen en que la pobreza energética —la incapacidad de tener el hogar en una temperatura adecuada— se ha enquistado. Según los últimos datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en España el 17,6% de la población sufre pobreza energética, el triple de los que la sufrían en 2008. En Cataluña este porcentaje ha pasado del 5,9% en 2008 al 17,6% en 2024, después de haber bajado dos puntos y medio con respecto a 2023, cuando estaba en un 20%.

“Quizá el indicador de la temperatura ha bajado un poco, pero el del impago de facturas ha aumentado. Está claro que en términos absolutos la pobreza energética ha aumentado”, explica Irene González, portavoz de la Aliança contra la Pobresa Energètica. “Nos parece muy grave que, en pleno invierno y con el aumento de costes que hay, no tengamos un convenio vigente. Este convenio era muy mejorable y no se ha desplegado bien, pero era el único que había, ha protegido a miles de familias y ha abierto la puerta a medidas como los contadores sociales”,

El convenio de la Generalitat con Endesa era el único que una empresa del sector, tras muchas dificultades, había aceptado firmar, y preveía varias medidas para mitigar el impacto de la pobreza energética. Una medida era la condonación de la deuda de casi 40 millones de euros que habían contraído más de 35.000 familias vulnerables en facturas impagadas —que se ha ido cumpliendo, aunque con retrasos—; y otra era cumplir con la ley 24/2025 para evitar los cortes de suministro a familias vulnerables.

Todo el marco regulador que establecía este convenio queda ahora caducado, aunque tanto desde la Generalitat como desde la empresa explican que hay varios puntos que ahora están blindados por las normativas estatales. Por ejemplo, el llamado escudo social aprobado por el Gobierno, que impide cortar la luz a familias vulnerables, se ha prorrogado un año más este 2026. Y el bono social, el descuento que el Gobierno impulsa para abaratar la factura de la luz en los hogares más pobres, todavía se puede pedir. Sobre este punto, González recuerda que Cataluña es una de las comunidades donde el bono social ha llegado a menos gente con respecto a las personas que tendrían derecho a la ayuda, algo de lo que ya alertó el Síndic de Greuges en un informe, en el que señalaba que una cuarta parte de las personas vulnerables no recibe el bono social. En Cataluña, según los datos del Gobierno, algo más de 185.000 personas reciben el bono social eléctrico, mientras que la población que sufre pobreza energética es de 1,4 millones de personas.

117 contadores sociales

Otro de los aspectos que preveía el convenio era la instalación de contadores sociales en pisos ocupados en los que se determinase que las familias están en situación de vulnerabilidad, para evitar que pinchen la luz y aumente el riesgo de incendios. Desde la firma del convenio, la instalación de contadores se ha hecho a cuentagotas, y actualmente solo hay 117, una cifra que González considera “irrisoria”. Esta medida suscitó muchos recelos en los Ayuntamientos porque consideraban que al poner un contador social se legitimaba la ocupación de viviendas. Pero el convenio deja muy claro que si las familias tienen acreditada su situación de vulnerabilidad, se tiene que instalar un contador para que no se pinche la luz. Endesa explica que ha instalado todos los que se han solicitado, aunque la Aliança contra la Pobresa Energètica cree que los requisitos impuestos son demasiado exigentes.

Sin convenio vigente, fuentes de Endesa no aclaran si estos contadores sociales continuarán existiendo, más allá de la vigencia que tienen los que ahora están instalados, que es de un año.

Más allá de la falta de convenio con Endesa, las entidades reclaman que haya una estrategia seria para luchar contra la pobreza energética. Esto implicaría renovar convenios con empresas o hacerlos sectoriales, para sumar a más compañías, también de gas. Y también implicaría desplegar bien la ley 24/2015, que fue pionera en su momento y nació de la presión social, pero que se queda corta porque, 11 años después, todavía no tiene un reglamento. “La situación de inseguridad para miles de familias es muy grande, es una irresponsabilidad”, señala González. Por ahora, lo único que se está llevando a cabo nuevo en este ámbito es la apertura de un proceso de consulta pública para crear un fondo de solidaridad en el que participen administraciones y empresas.