Las ayudas al transporte escolar en las concertadas, en peligro por la revisión que impulsa Educación

Las familias de escuelas concertadas con ayudas al transporte escolar están en vilo por saber si el próximo curso podrán mantener estas becas. En julio, varios centros de varias comarcas recibieron la notificación de que las perdían, pero tras las protestas de familias y escuelas, el Departamento decidió paralizar la decisión, con el aviso de que el próximo curso sí la aplicaría. Por su parte, Educación asegura que está trabajando por “ordenar y homogeneizar los criterios de aplicación” de la normativa por parte de los consejos comarcales, que son los encargados de gestionar el servicio y las ayudas de comedor y transporte.

De hecho, esta intención de unificar los criterios de concesión de las ayudas al comedor y el transporte escolar de los consejos comarcales no es nueva, y llega ahora también en un momento en que el gasto se ha disparado: el destinado a ayudas al transporte ha crecido un 28% en cinco cursos (pasando de los 56 millones en el curso 2019-20 a los 72 millones en el anterior), mientras el del comedor ha aumentado un 160% en el mismo periodo (de 89 a 235 millones), según datos de Educación.

Uno de los centros afectados es Fedac Guissona. A mediados de julio, con sorpresa, recibieron el aviso de que los alumnos perdían las ayudas de transporte y comedor porque podían ser escolarizados en una pública. Según el director, Daniel Fuertes, la decisión afectaba a 40 alumnos. “Son familias que viven en zonas rurales y no tienen escuela en el municipio. El consejo comarcal nos llamó y nos dijeron que solo darían las ayudas a la pública”, explica. El docente considera que se les discrimina a las personas de zonas rurales. “Si quieren tener las mismas ayudas tienen que ir a la escuela que el Departamento diga, pero eso vulnera la elección de centro. No entiendo por qué unos pueden tener la ayuda y otros no”.

Fuertes explica que el colegio, junto al AFA y la Fundació Escola Cristiana, hicieron un escrito de protesta al Departamento y una reclamación al Síndic de Greuges, quejándose de que los alumnos ya se habían matriculado, sabiendo que podrían acceder a estas ayudas. Pocos días después, Educación rectificaba y aseguraba que mantenía las condiciones para este curso, de forma transitoria.

El Departamento de Educación asegura que el objetivo de esta decisión “es garantizar que los fondos públicos se destinan a cubrir los servicios de aquellos centros -públicos o concertados- que forman parte de la planificación oficial para dar respuesta a las necesidades de escolarización de una zona concreta”, según consta en una respuesta parlamentaria del pasado 2 de diciembre a una pregunta realizada sobre este caso por el grupo de Junts. Y sobre el caso de Guissona, justifica la retirada de las ayudas porque las familias “optaron por un centro diferente al que les correspondía según la planificación escolar”.

En esta respuesta, el Departamento admite que la decisión “no es una medida aislada a la comarca de la Segarra”, a la que pertenece Guissona, y manifiesta su intención de asegurarse que “este criterio se aplique en cualquier territorio donde se detecte una desviación respecto a lo que establece la normativa”. El objetivo final: “ordenar la prestación de los servicios de cara al futuro”.

Y es que el cambio de criterio fue notificado a otras escuelas de diferentes comarcas. Desde La Salle de la Seu d’Urgell explican que todos los alumnos de fuera del municipio tienen comedor y transporte gratuito y la comarca es zona única de escolarización. Al final, en septiembre les llegó el aviso de que se mantenían las ayudas. “Van a revisar las zonas escolares y la idea es tener la nueva distribución para la próxima preinscripción escolar”, explica la directora Núria Prilló. “Cuando se revise habrá menos alumnos que puedan optar a nuestro centro, y aquellos que quieran tendrán que pagar, pero muchos no se lo podrán permitir”, añade la docente, que teme una pérdida de alumnos. La directora pide que la comarca se mantenga como zona única, debido a sus características geográficas. “Aquí contar con la ayuda al transporte y el comedor no es un privilegio, es una necesidad”, concluye.

Sònia Esteve es una de esas familias que recibió la noticia que se quedaba sin ayuda. Vive en Aiguafreda, donde no hay instituto, así que optaron por el Vedruna de Centelles. “Nos tocaba el público, pero elegimos el concertado por el horario, porque en la pública salen a las 3 y sin comer; nosotros trabajamos y no tenemos familia que nos ayude. Para nosotros el horario de la pública es incompatible con el horario laboral; las niñas cogerían el bus y llegarían a casa para comer, pero no habría nadie nunca, y para mí eso es un problema”, explica la madre, quien añade que hará el esfuerzo para asumir el coste del transporte si le quitan la ayuda, pero teme que otras familias no puedan hacerlo.

Otra afectada es la escuela Pia de Tàrrega y las familias que viven en pueblos agregados, pero que pertenecen al mismo municipio, aunque están ubicados a una distancia de 8 a 15 kilómetros. La presidenta del AFA, Laura Tejero, lamenta que se pongan “trabas” a las familias que optan por vivir en zonas rurales y considera un “agravio” que se retire la ayuda a las concertadas, cuando hay familias que no han podido optar por la pública, tal y como reclama el Departamento. “Aquí las públicas están llenas y hay familias que han acabado de rebote en la concertada porque no han logrado plaza pública”, añade Tejero.

Desde la Confederación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cataluña Catalunya (CCAPAC, que agrupa las AFA de las concertadas) piden un trato igualitario. “Pedimos que se nos trate igual que a la pública, porque todos somos Servei d’Educació y debemos tener los mismos servicios”, reclama su presidente, Santi Giménez, quien también lamenta que Educación no los haya convocado a una reunión antes de Navidad, tal y como les habían anunciado, para tratar de cómo quedan las ayudas el próximo curso.

Revisión de normativa

El Departamento quiere poner orden en el complejo y costoso ámbito del transporte y el comedor escolar. Una de las formas, es unificar los criterios en la concesión de las ayudas, eliminando los más permisivos. Paralelamente, se está revisando la red de transporte no obligatorio -cuando el alumno asiste a un centro de su mismo municipio-, eliminando el servicio en aquellos municipios que ya disponen, o deberían hacerlo, de líneas de autobús urbano. Educación asegura que quiere revisar el decreto que regula el transporte escolar, que es del año 1996, pero lo vincula a la aprobación del nuevo Plan de Movilidad 2028 que prepara el Departamento de Territorio y que “redefinirá el mapa de transporte de toda Cataluña y permitirá ver dónde es necesario reforzar el transporte escolar porque no llegan líneas regulares”. Y, seguramente, también ver dónde se pueden eliminar.