Las largas listas de espera en traumatología disparan la duración de las bajas laborales en Cataluña

Medio año es el tiempo que un paciente debe esperar para lograr una primera visita con el traumatólogo en Cataluña. Javi López (Figueres, 36 años) lleva dos bajas laborales por lesiones traumatológicas en poco más de un año. López se dedica a la carga y descarga de materiales pesados, como colchones y electrodomésticos, pero los procesos para recibir un diagnóstico preciso en ambas ocasiones le han llevado a acumular hasta nueve meses de baja. “Un día me desperté con un dolor terrible en la rodilla. No podía caminar. Cuando fui al Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP), no me hicieron ninguna prueba y me mandaron reposo”, explica. “Después de un mes y medio así, el dolor seguía igual. Tardé otro mes en someterme a una resonancia que acabó diagnosticándome un simple quiste. Si me lo hubiesen detectado antes, no hubiese estado cinco meses sin trabajar”, lamenta.

La estadística oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no desagrega por tipología de baja, pero sí que da una pista sobre cómo ha crecido la incidencia de las incapacidades temporales en los últimos años. La prevalencia de las bajas por cada 1.000 trabajadores protegidos por el sistema de la Seguridad Social (incluidas las bajas que se tramitan por el sistema de Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, que son la mayoría, pero también las que se tramitan por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y por el Instituto Social de la Marina) es el indicador que, según los expertos, mejor refleja el peso de las bajas en cada momento.

En lo acumulado de 2025 hasta septiembre, la prevalencia de las bajas por contingencias comunes fue de 52,02 por cada 1.000 trabajadores en Cataluña, mientras que en España fue de 53,19. Con una duración media de 29,45 días en Cataluña y de 43,16 días en el conjunto de España. Comparado con los datos de 2019, el año antes de la pandemia, el indicador ha subido con fuerza: en ese año la prevalencia de las incapacidades temporales era de 36,37 por cada 1.000 trabajadores en Cataluña y de 34,09 en España, y la duración media fue de 27,46 días en Cataluña y de 38,6 en España.

Los datos de la asociación AMAT, que representa a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, retratan el peso que tienen las bajas por causas traumatológicas con respecto al total. Con los datos de las bajas que se tramitan a través de las mutuas, en España en 2024 hubo 5,92 millones de procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes, de los cuales 1,29 millones (el 21,8%) correspondieron a patologías traumatológicas. En Cataluña, de los 1,53 millones de procesos iniciados, 286.528 fueron por temas de traumatología (el 18,7%).

En cuanto a los procesos de incapacidad temporal por contingencia profesional, es decir, ocurridos en el puesto de trabajo, el porcentaje es aún mayor: de los 680.898 procesos tramitados en las mutuas, 594.419 son por patologías traumatológicas, el 87,30%.

El segundo diagnóstico de López ya fue más alarmante. Tras un accidente mientras descargaba la furgoneta, el CUAP le comunicó que solo tenía la espalda pinzada, pero él subraya que no podía ni permanecer de pie. “Me volvieron a mandar reposo y analgésicos. Tras un mes, el dolor no remitía. Cuando volví al hospital, me mandaron una radiografía que llegó tres semanas más tarde. Fue entonces cuando los médicos vieron que tenía una vértebra muy comprimida que me alejó del trabajo otros tres meses”, relata.

La mayor incidencia en el ámbito de contingencias profesionales también se ve en los datos sobre accidentes de trabajo. Según el Observatori del Treball i Model Productiu, que depende de la Generalitat, en Cataluña, en lo que va de año, ha habido más de 80.000 accidentes de trabajo, de los cuales más de 77.100 corresponden a causas traumáticas. La gran mayoría de ellos fueron accidentes leves, pero en lo que va de año ya se han acumulado 40 muertes por accidentes de trabajo por causas traumáticas.

En su informe, la asociación AMAT lamenta el alto tiempo de espera para el tratamiento de dolencias traumatológicas, y reclama que para esponjar el sistema de salud público y permitir que los trabajadores vuelvan antes a su puesto, estas dolencias pasen a ser tratadas en las mutuas. Esta es una reclamación de las patronales empresariales desde hace tiempo, y de hecho desde hace un año las comunidades autónomas pueden suscribir acuerdos de colaboración con las mutuas para tramitar por ahí el diagnóstico y el tratamiento de estas patologías —siempre con la mediación del INSS y siempre que el médico de la salud pública lo considere oportuno y el paciente acceda—, pero solo tres comunidades han suscrito un acuerdo de este tipo. Cataluña es una de ellas.

A.J, quien no revela su identidad para evitar problemas laborales, sufrió una lesión en el menisco mientras practicaba deporte que le obligó a estar dos semanas de baja laboral. En volver a su puesto de trabajo en una fábrica metalúrgica de Barcelona, y a la espera de someterse a una resonancia magnética, tuvo un resbalón que le empeoró la rodilla. “Me reincorporé a mi puesto de trabajo sin todavía haberme hecho las pruebas. Esa misma semana, me resbalé con aceite en el trabajo y la lesión empeoró, lo que me llevó a alargar la baja otros cinco meses tras un mes de demora para que me operaran la rodilla”, explica.

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, uno de los que más activos se ha mostrado en la lucha contra el absentismo laboral, admite que las listas de espera son uno de los problemas asociados a este fenómeno. “Es un problema del sistema, que tiene que ser eficaz y eficiente, pero también está el problema del mal uso de las bajas laborales. La situación del absentismo es insostenible”, apunta. “La persona es lo más importante, y no puede ser que se tarde seis meses para una visita, o que las pruebas se alarguen. Es una anomalía”, señala.

En cifras absolutas, las bajas laborales no han dejado de crecer en Cataluña entre 2019 y 2024, pasando de 1.597.451 a 2.228.718, con un coste económico sobre la administración pública que ascendió de los 137,5 millones de euros a los 243, según datos de la Seguridad Social. Un fenómeno que también está condicionado por el aumento de afiliados.