Pimec pide por carta a Trabajo entrar en el Consejo Económico Social y amenaza con acciones legales

El presidente de la patronal catalana de pymes Pimec, Antoni Cañete, ha explicado este jueves que ya está dando los primeros pasos para forzar legalmente su entrada en el Consejo Económico Social (CES). La patronal ha enviado una carta al Ministerio de Trabajo en la que pide que se admita su participación en este órgano, ya que recuerda que está amparado por una normativa de 2024 impulsada por el propio Gobierno, y amenaza con emprender acciones legales por la vía contencioso administrativa si no hay respuesta. El CES tiene a varios de sus miembros con el mandato caducado, incluido el del presidente, Antón Costas, lo que explica parte de la dilación en este proceso, al que se han opuesto frontalmente CEOE y Cepyme.

En un desayuno informativo en el que ha hecho balance sobre el año en Pimec, Cañete ha celebrado que durante el último ejercicio la patronal haya “roto barreras” en el plano institucional, entrando en diferentes mesas del diálogo social español. “Que en 50 años de democracia las pymes no se hayan sentado en el diálogo social en España era una anomalía democrática”, ha expresado Cañete. Un ejemplo es la comisión consultiva nacional de convenios colectivos, en la que Pimec entró el pasado mes de abril. Para Cañete, la representación de las pymes en los órganos de decisión es clave ya que las pymes representan la inmensa mayoría del tejido empresarial tanto en España como en Cataluña.

Sin embargo, hay un órgano en el que, pese a tener la entrada garantizada, no termina de producirse: el Consejo Económico Social. En mayo de 2024, el Gobierno aprobó un real decreto que mandata al órgano consultivo a adaptar su reglamento de organización y funcionamiento interno, un movimiento que benefició a Pimec porque es una de las organizaciones representativas más grandes de España (junto con CEOE y Pime Balears), y el reglamento estipula que las de mayor representación pueden entrar. Esto generó cierta tensión en las patronales que representan a las grandes empresas porque tendrían que compartir espacio de decisión con las patronales de pymes.

A partir del decreto se abrió un periodo de tres meses para adaptar el reglamento, y una vez adaptado, tres meses más para formalizar la entrada. “El Gobierno nos dijo que como iban a caducar los mandatos de los miembros del CES, era mejor esperar, y luego nos volvió a pedir que esperásemos porque caducaba el mandato del presidente Antón Costas. Pero ya avisamos que si a finales de año no habíamos entrado iniciaríamos el proceso legal, que empieza ahora con esta carta”, ha explicado Cañete. El presidente ha asegurado que la carta es el primer paso para empezar acciones legales en el concencioso-administrativo.