La Generalitat se expone a indemnizaciones millonarias si el brote de peste porcina africana salió del laboratorio CReSA

Diferentes investigaciones tratan de aclarar cuál es el origen del brote de peste porcina africana que ha matado hasta ahora a 26 jabalíes en el parque de Collserola (Barcelona) y obligó a la Generalitat a habilitar un cinturón de seguridad de 20 kilómetros en torno al lugar en el que apareció la primera víctima. Activadas todas las alarmas, el sector ganadero ha intensificado sus controles ante el riesgo de que el virus alcance sus granjas de cerdos y ha visto cómo los precios caían y algunos países compradores restringían las compras de productos procedentes de la zona afectada. El Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA), un laboratorio dependiente de la Generalitat, está en el ojo del huracán como posible vector del contagio. Y si se confirma, la Administración catalana se arriesga a tener que afrontar demandas de responsabilidad patrimonial ante las pérdidas ocasionadas a un sector que exporta cada año por importe de 8.000 millones de euros.

El CReSA forma parte de la red de centros del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), una empresa pública de la Generalitat adscrita al Departamento de Agricultura. De ahí que su posible responsabilidad como transmisor es una debilidad para la Administración si se demuestra que la cepa de los jabalíes que murieron por peste porcina es la misma que utilizaron para experimentos realizados en el centro, ubicado dentro del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). “Si es posible imputar el daño causado a una institución pública, se puede solicitar la responsabilidad patrimonial por la incorrecta actuación de la Administración”, señala Marta Franch, Catedrática de Derecho Administrativo de la UAB. En su opinión, las empresas que quisieran reclamar no podrán atenerse a las medidas aplicadas para contener el foco, porque fueron proporcionales, pero sí a la actuación del laboratorio.

Es de la misma opinión Joan Manuel Trayter, catedrático en la misma materia en la Universitat de Girona. “Has de demostrar, por la vía de un perito, que la peste porcina te ha generado unas pérdidas y que hay un nexo causa-efecto”. En su opinión, si el CReSA acaba señalado, la Generalitat no tendrá la vía del argumento de la fuerza mayor que utilizaron las administraciones españolas para denegar el mismo tipo de demandas de responsabilidad patrimonial a causa de las restricciones durante la covid, que obligaron a cerrar establecimientos comerciales de todo tipo.

Las empresas tienen un año para reclamar una vez que se ha producido el daño para sus negocios. A partir de ahí, la Generalitat puede responder en un plazo máximo de seis meses. El silencio administrativo es lo mismo que una denegación, por lo que ambas vías abren el camino de la denuncia en los juzgados de lo contencioso, con la opción de llegar hasta el Tribunal Supremo si se opta por los recursos. El camino es largo y cada empresa, o explotación ganadera, ha de actuar en solitario. Las patronales podrían auxiliar en la automatización de procesos pero no en la apertura de causas colectivas.

Hasta ahora, las empresas especializadas en la carne porcina se han visto afectadas por una caída del precio (en plena época prenavideña, cuando los precios no se desploman) y el cierre de importaciones en algunos países, como Japón y Filipinas. China, el mayor comprador de carne de cerdo de España, ha limitado las restricciones a la provincia de Barcelona. Asimismo, se han sacrificado decenas de miles de cerdos de granjas presentes cerca de la zona de infección, cuya carne se ha centrado en el mercado doméstico.

La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice) no contempla todavía la posibilidad de que se puedan pedir indemnizaciones a la Generalitat, asegura su director, Giuseppe Aloisio. “Estamos centrados en la contención del foco, que es lo más urgente: circunscribirlo a la fauna silvestre, porque si salta a las granjas, el escenario será distinto”, explicaba, a la espera de los resultados definitivos de las tres investigaciones. “Primero se tiene que confirmar y luego ya veremos, porque todo el proceso puede ser muy largo”, afirma Pere Roqué, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) en Cataluña. El portavoz de una gran empresa cárnica, sin embargo, sí admite que empiezan a haber comentarios en el sector sobre la apertura de esa vía. Aloisio lo niega: “ni siquiera está sobre la mesa”.

La aparición de la peste porcina en el parque urbano de Collserola el pasado 26 de noviembre, tres décadas después del último caso, es el foco de tres investigaciones que se llevan en estos momentos. Una la efectúa el Ministerio de Agricultura, abierta el 5 de diciembre después de recibir un análisis de la secuenciación del virus. En paralelo, los Mossos d’Esquadra y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil intentan encontrar el origen de la crisis, en una investigación que ha recaído en un juzgado de Instancia de Cerdanyola.

El tercer trabajo implicado es el que abrió la Generalitat para esclarecer las posibles responsabilidades de los diferentes centros de investigación, y que podrían haber utilizado el patógeno en sus experimentos, cerca del lugar donde se encontraron los cadáveres de los dos jabalíes infectados. Todas las miradas, sin embargo, se centran en el CReSA, del que hay acreditadas pruebas de que utilizó la cepa del virus causante del brote y está inmerso en unas obras de reforma. Allí hay espacios de investigación con un nivel de bioseguridad 3, el necesario ante experimentos con virus como el de la peste porcina africana.