CC OO en Cataluña propone que las empresas den ayudas o complementos salariales para vivienda

En un contexto de crisis habitacional, cuando tener trabajo ya no garantiza el acceso a la vivienda, el sindicato CC OO en Cataluña propone que los futuros convenios colectivos incluyan “cláusulas sobre ayudas directas y compensaciones económicas” que faciliten tener un techo. En concreto, del congreso que el sindicato celebró en primavera pasada salieron ideas como complementos para vivienda para los trabajadores que lo necesiten, adelantos o préstamos sin interés para pagar gastos iniciales, ayudas por traslados si se derivan de cambios de centro de trabajo, o para desplazarse a trabajar si la falta de pisos obliga a vivir lejos. La secretaria general de CC OO en Cataluña, Belén López, lo ha explicado este miércoles durante la presentación en Barcelona del estudio El acceso a la vivienda, un problema de clase. Vistas las diferencias territoriales en la crisis de vivienda, el sindicato también sugiere que el índice oficial de precios del alquiler en el que se basa la regulación de la Ley de Vivienda tenga en cuenta los sueldos de cada territorio.

“Tener o tener vivienda digna se ha convertido en un factor clave para la desigualdad en Cataluña, que se suma a la otra pata que facilita un proyecto de vida, que es tener un salario digno. De ahí la necesidad de hablar de ello en la negociación colectiva”, ha señalado la secretaria general sobre una batería de propuestas que “habrá que situar en las mesas de negociación de convenios colectivos”. La líder del sindicato ha recordado que en los convenios ya existen complementos, adelantos o ayudas por otras cuestiones.

Sobre el título del estudio, Una cuestión de clase, sus autoras, las sociólogas Irene Galí y Mariña Couceiro han apuntado que “con las singularidades o diferencias territoriales, el denominador común es que si tienes dinero accederás a la vivienda, y si no, no tendrás vivienda”. “La propiedad siempre ha sido cuestión de clase, pero ahora, la capacidad de acceso toma una importancia que antes no tenía, porque incluso un empleo remunerado no garantiza tener casa. El binomio trabajo y casa ha saltado por los aires; ahora, más allá del empleo, tener o no vivienda articula el resto”.

La brecha

El informe analiza exhaustivamente, y con interesantes desagregaciones por territorio, datos del parque de vivienda (público y privado), sus usos, la construcción o el auge del alquiler y su regulación. Y una de las novedades que aporta es poner cifras a la brecha que existe entre propietarios de pisos de alquiler e inquilinos. Y es que la renta media de los hogares que tienen pisos alquilados es un 77% más alta que la de los hogares inquilinos: 59.464 euros anuales frente a 33.445. Las autoras del estudio han constatado, también a partir de la cifra de que casi la mitad de los pisos de alquiler de Barcelona pertenecen a propietarios que tienen más de cinco, que “el propietario de vivienda de alquiler no lo necesita para vivir, mientras ser inquilino se ha convertido en un factor de empobrecimiento”.

Incluso restando los 10.973 euros que de media ingresan los caseros, como señala la Encuesta de Condiciones de Vida de 2023, “su renta estaría muy por encima de la de los inquilinos” han apuntado, constatando que “quien obtiene los beneficios de las rentas son las clases sociales más acomodadas”. Los datos también apuntan que el riesgo de pobreza es siete veces superior para las familias inquilinas. “Los datos desmontan relatos muy ideológicos, los de que la gente que alquila complementa la pensión y si regulas los alquileres atacas a personas vulnerables: quien tiene pisos está especulando, más allá de situaciones concretas”, han afirmado.

El trabajo repasa indicadores de vivienda las dos últimas décadas en Cataluña. Datos como que en la comunidad hay cuatro millones de viviendas, de las que el 66% están en el entorno de Barcelona y una cuarta parte son segundas residencias. También recuerda que un 10,7% están vacías, según el Instituto Nacional de Estadística. También da cuenta de la regresión del parque público, por la finalización de la protección de pisos protegidos de compra, y la falta de VPO de alquiler, que provoca que haya 56 personas solicitando vivienda por cada piso que se construye.

El informe aborda también como la ciudadanía que vive de alquiler se disparó tras la crisis del ladrillo de 2008, y que desde 2014 los precios tanto de compra como de alquiler no han parado de subir. “Una vivienda digna es inasumible para gran parte de la ciudadanía”, asegura el trabajo que recuerda que impacta más en los migrantes o las personas con menos capacidad financiera.