Las empresas de VTC lanzan una ofensiva para suavizar la ‘ley antiuber’ en Barcelona

Los diputados del Parlament de Cataluña todavía no han debatido la futura Ley de Transporte de Personas en Vehículos de hasta nueve plazas, pero el sector ya ha rebautizado la norma y, simbólicamente, se ha levantado en armas. Unos la llaman ley del taxi, otros la ley antiuber ya que se ha confeccionado con el objetivo indisumulado de reducir, o casi acabar, con este tipo de vehículos. Entre taxistas y parlamentarios muchos la conocen como la ley Tito al ser su principal impulsor es el líder de los taxistas barceloneses, Tito Álvarez. La proposición de ley la registraron, el 25 de septiembre, PSC,ERC, la CUP, Comuns y Junts. En las próximas semanas comenzará el debate, pero la cantidad de grupos que la presentaron hace pensar que no habrá problemas en que la ley antiuber (ley Tito o ley del taxi) sea una realidad en 2026.

El proyecto no hace apenas concesiones al servicio de Vehículo de Transporte con Conductor (VTC) que en una gran mayoría se encuentra en manos de Uber y Cabify. Nada más entrar en vigor la norma (si conserva el articulado actual) supondrá la eliminación de 600 de las 990 licencias de VTC actualmente en vigor en el área metropolitana de Barcelona (hay 10.517 licencias de taxi). Además de la reducción de licencias, cuando sea necesario autorizar nuevos permisos, las administraciones priorizarán la creación de licencias de taxi y si se precisan nuevas VTC se les otorgará solo autorizaciones cortas (de dos años), que no se renovarán automáticamente, no serán transmisibles y -en definitiva- irán desapareciendo a medida que vayan expirando.

Además de estas limitaciones, la Generalitat se reserva la capacidad de no renovar las licencias si consideran que no cumplen con criterios ecológicos o medioambientales y de imponer limitaciones temporales a las VTC si considera que hay una saturación de la oferta. Además, el nuevo proyecto legal pone en aprietos a algunos de los conductores tanto de taxis como de VTC. Obliga a que tanto unos, como otros, acrediten un nivel B1 de catalán, que es el elemental. La normativa premia al taxi y lo coloca en lo alto de la jerarquía del transporte, al calificarlo como: “servicio económico de interés general”.

Ante tal ofensiva, los empresarios de las VTC ya llevan semanas movilizados intentando frenar una ley que, de aprobarse, difícilmente podrá paralizarse en tribunales y supondrá la muerte del sector en Barcelona. El presidente ejecutivo de Unauto -la patronal de las VTC-, José Manuel Berzal, admite que uno de los grandes problemas es que el proyecto de ley torpedea directamente los servicios que estos vehículos realizan gracias a las plataformas digitales (Uber y Cabify). Contra todo pronóstico, Berzal asegura que los esfuerzos del sector, ahora, no se centran en litigar. “Mantenemos reuniones con los diferentes grupos parlamentarios. Nuestros esfuerzos se centran ahora en convencerles para modificar el proyecto y que podamos convivir taxis y VTC. Queremos encontrar un espacio de encuentro”, anuncia Berzal. El presidente de Unauto admite que los esfuerzos están ahora encaminados en buscar ese acuerdo y -sin él- abrirán la puerta a “otro tipo de actuaciones” aunque defiende que “no se encuentran en ese punto”. Unauto sí que ha presentado una demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos contra las inmovilizaciones de VTC en el área metropolitana por “la violación de la presunción de inocencia” al aplicarse con una “simple” denuncia admnistrativa.

José María Cazallas es el secretario del Sindicato Libre de Transportes que representa los intereses de los conductores de las VTC. Cazallas también se muestra preocupado con la futura ley antiuber. “Nos vamos a reunir con todos los partidos que quieran dialogar con nosotros. Necesitamos que presenten enmiendas para facilitar a los 4.000 trabajadores de las VTC que podamos seguir trabajando. La mayoría somos mayores de 55 años, procedentes de empresas que han cerrado y que tenemos este trabajo como refugio”, defiende el líder de los trabajadores. El sindicato, al igual que la patronal, va a mover todas sus fichas para intentar “una convivencia pacífica” entre el taxi y las VTC.

El director general de Uber en España y Portugal, Felipe Fernández Aramburu, es claro: “La nueva ley no beneficia a nadie: miles de trabajadores perderán su empleo, encontrar en Barcelona un taxi será todavía más difícil y Cataluña frenará en seco su avance hacia una movilidad más sostenible y eléctrica. Mientras, aquí estamos debatiendo si el tiempo de espera debe ser de 20 o 30 minutos”. Fernández critica el proyecto de ley y asegura que con esta normativa hay servicios -como el Uber compartido por personas que van en la misma dirección- que nunca verán la luz en la capital catalana.

Los sectores implicados en las VTC no dudarán en intentar influir a las formaciones políticas, pero, si la ley antiuber sigue adelante ¿Qué podrían hacer para que su negocio no desaparezca en Barcelona? Marc Tarrés es profesor de derecho administrativo de la Universidad de Barcelona y experto en los sectores de las VTC y el taxi. Tarrés mantiene que hay varios aspectos fundamentales de la ley “cuestionables” como considerar al taxi un servicio de interés económico general o la limitación de las VTC amparándose en criterios medioambientales y de congestión de la circulación.

“El taxi ha aprendido que cuando el área metropolitana de Barcelona aprueba reglamentos, estos acaban siendo atacados en otras instancias. Atacar una ley no es tan fácil. Una décima parte de los diputados pueden pedir un dictamen al consejo de garantías pero eso solo retrasaría la norma un mes. Cuando se apruebe, esta ley será de aplicación. Creo que necesitará un desarrollo reglamentario y, ahí, se abrirá la primera vía de ataque cuando se impugnen los reglamentos en la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Puede que surja una cuestión de constitucionalidad y, al final, acabe en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, vaticina el profesor. “Cuando la norma llegue a la Unión Europea, habrá pasado tanto tiempo de la entrada en vigor, que ya habrá matado a gran parte de las VTC”, concluye.

El principal instigador de la ley es Tito Álvarez, líder de los taxistas de Barcelona y portavoz del lobby Élite Taxi. Este domingo, él y otros taxistas se dedicarán a repartir 20.000 pasquines en las cercanías del Estadio Olímpico para denunciar el pacto alcanzado entre Uber y el Barça. “Vamos a presionar para que esta ley se apruebe antes de fin de año y evitar, así, que el presidente de Uber, José Manuel Berzal, imponga lo que impusieron en Madrid sus amigas Esperanza Aguirre e Isabel Días Ayuso”, argumenta Álvarez.

Según los datos del Ministerio de Transportes a 1 de septiembre de 2025 en la Comunidad de Madrid hay 16.035 taxis y 9.749 VTC unas cifras sensiblemente superiores a las de Barcelona. “El recorrido legal de la ley una vez se aplique es, como mínimo, de cinco años”, reconoce Álvarez. “Hasta ahora los que sufríamos éramos los taxistas. Ahora va a cambiar el miedo de bando. Saben que si en menos de dos años les imponen tres sanciones a una VTC se le revoca su autorización. Además, vamos a intentar que el nivel de catalán de los chóferes sea el B2. Hay tantas trabas que cuando llegue el momento de que Europa haga una resolución ya habrán muerto. Es el jaque mate a Uber y Cabify en Barcelona”.