Alemania aprueba una ley de infraestructuras para modernizar ferrocarriles y puentes y corregir “errores del pasado”

Alemania tiene una ardua tarea por delante: modernizar y rehabilitar las principales infraestructuras del país, de vías férreas a carreteras y puentes, tras años de una implacable política de austeridad. En un intento por agilizar al máximo todo el proceso, el gabinete de Friedrich Merz aprobó este miércoles la Ley de Infraestructuras Futuras. “El objetivo es simplificar, digitalizar y acelerar considerablemente los procedimientos, de modo que las renovaciones y ampliaciones puedan llevarse a cabo con mayor rapidez”, informó el Gobierno de coalición entre conservadores y socialdemócratas.

El primer paso fue modificar la ley del freno de deuda en marzo, poco después de las elecciones generales, para sentar las bases para crear un fondo especial de 500.000 millones de euros destinado a inversiones adicionales en infraestructuras y a alcanzar la neutralidad climática en el año 2045. El fondo especial fue aprobado por el Parlamento a finales de septiembre. Sin embargo, para poder hacer uso de estos millones había que hacer frente a dos grandes obstáculos: la burocracia y las eternas regulaciones alemanas. Para evitar los largos procedimientos de autorización, los expertos habían exigido una nueva ley para que las inversiones fluyeran realmente de forma eficaz y oportuna.

“Acabamos con la era de los procedimientos interminables. Alemania necesita una infraestructura que garantice la seguridad, la movilidad y la fortaleza económica. Con la Ley de Infraestructuras Futuras creamos una normativa de planificación moderna, digital y pionera. Por fin damos a las autoridades y a las empresas rapidez, claridad y fiabilidad, para que las renovaciones y ampliaciones lleguen donde se necesitan: a nuestras carreteras, puentes, vías férreas y vías navegables”, explicó el ministro de Transportes alemán, Patrick Schnieder, al dar a conocer la noticia.

Con esta nueva ley, esos proyectos de transporte centrales, así como la construcción de plazas de aparcamiento para camiones, que actualmente escasean, serán clasificados como “proyectos de interés público superior y de seguridad pública” y tendrán una “prioridad jurídica clara”. Esto quiere decir que tendrán prioridad en el procedimiento de autorización y mayor peso en las decisiones judiciales y administrativas para poder ser aprobadas rápidamente.

El Gobierno alemán indicó que está invirtiendo “más que nunca en importantes proyectos de transporte para corregir los errores del pasado”. Hasta 2029 se destinarán, procedentes del fondo especial, alrededor de 107.000 millones de euros en el ferrocarril. Asimismo, unos 52.000 millones se destinarán a las carreteras federales en mal estado, así como para los 5.000 puentes que, según el Ministerio de Transporte, necesitan reparaciones urgentes, y otros 8.000 millones irán a las vías navegables que necesitan renovación. Con ello, el Ministerio aumenta las inversiones en transporte en aproximadamente un 60% con respecto al periodo 2020-2024.

“Muchos equiparan el mal funcionamiento del ferrocarril con el mal funcionamiento de nuestro Estado. Creo que eso es muy peligroso”, afirmó Schnieder hace tres meses, al presentar la nueva estrategia para la empresa estatal ferroviaria Deutsche Bahn, con la que quiere hacer frente a la impuntualidad de los trenes, costes elevados y falta de personal cualificado. “Debemos demostrar que nuestro Estado funciona y que nuestro ferrocarril funciona”, indicó consciente del gran descontento que existe en Alemania con los trenes, especialmente con su impuntualidad, que en otoño volvió a romper su propio récord de retrasos.

Sin embargo, el ministro advirtió que la población tendrá que acostumbrarse “a más obras” y detalló que la atención se centrará en la renovación y el mantenimiento de las líneas y puentes existentes. También se destinará una gran cantidad de dinero a la digitalización del ferrocarril, entre otras cosas mediante la modernización de las estaciones de señalización y el sistema europeo de control de trenes ETCS (European Train Control System), que garantiza, entre otras cosas, que los trenes puedan comunicarse entre sí y circular más cerca unos de otros.

Los empresarios llevan tiempo quejándose del estado de las infraestructuras en Alemania y del coste que esto tiene en sus negocios. En una encuesta realizada por el instituto económico IW en la primavera de 2025, el 84% de las empresas afirmaron verse afectadas por las deficiencias de las vías de transporte. Para el 77%, la calidad de las carreteras era una fuente de inconvenientes. Por ejemplo, el cierre del puente de Rahmede en Renania del Norte-Westfalia, que volverá a abrirse después de cuatro años de obras, generó unos daños económicos a las empresas de la región de 1.500 millones de euros, según publicaron esta semana los economistas del IW.

Uno de los puntos que a veces ralentizaba la concesión de permisos o el inicio de obras eran denuncias de los grupos de protección del medio ambiente. Para solucionar este punto, la nueva ley unifica la protección de la naturaleza y las especies armonizando las diferentes normas regionales. “La protección de la naturaleza sigue siendo importante, pero ya no puede bloquear medidas urgentes y necesarias mediante procedimientos interminables”, afirmó hace unos días el canciller, Friedrich Merz, sobre el objetivo de limitar el derecho de las asociaciones ecologistas a interponer demandas. En el futuro se aplicarán normas más claras a las demandas contra proyectos de infraestructura, por ejemplo, en lo que respecta a la resolución de litigios o el papel de las autoridades. Otra disposición de la ley prevista prevé acelerar la electrificación de las líneas ferroviarias en el futuro. En el caso de las líneas de menos de 60 kilómetros, se suprimirá la evaluación de impacto ambiental.

Los ecologistas criticaron este miércoles la nueva ley. Desde el punto de vista de las asociaciones de protección de la naturaleza DNR, NABU y BUND, el proyecto previsto supone una profunda injerencia en las normas medioambientales fundamentales y un punto de inflexión en el trato con las asociaciones medioambientales y ecologistas. Critican que en el futuro se vayan a hacer pagos compensatorios como norma, en lugar de proporcionar una superficie de sustitución como sucedía hasta ahora cuando los responsables de los proyectos de construcción dañaban o destruían la naturaleza. “Si, por ejemplo, se destruye un valioso hábitat para lagartijas para construir un nuevo puente, este debe restaurarse in situ o, si eso no es posible, debe proporcionarse un sustituto en otro lugar. Hasta ahora, los pagos compensatorios eran la excepción”, explicaron en una rueda de prensa en Berlín. “Con esta nueva ley da la impresión de que el medio ambiente es un obstáculo burocrático”, declaró Florian Schöne, gerente de la DNR.