El Govern exhibe inversiones de 3.000 millones de euros ante las críticas de los populares

El Govern de Salvador llla encara su segundo año de mandato bajo sospecha por falta de Presupuestos, y ayer en el Parlament, la consejera de Economía, ­Alícia Romero, rebatió las críticas del Partido Popular que acusó al Ejecutivo de estar bloqueado por la falta de cuentas. La consejera ­admitió que lo ideal es disponer de ese instrumento, la ley más importante del año, para impulsar las políticas públicas, pero subrayó que este año han invertido o están en proceso de invertir 3.000 millones de euros, una cifra que consideró superior a la de los últimos ejercicios. El Govern pactó con sus socios de ERC y los Comuns 4.000 millones de euros en suplementos de crédito este 2025 como alternativa para paliar las falta de presupuestos.

En su intervención en el Parlament, la titular de Economía se sacudió las críticas de la oposición apuntando el gasto contemplado en esas partidas. “Este año, y si todo va al ritmo que queremos, acabaremos invirtiendo 3.000 millones”, dijo citando una relación de obras como la residencia para personas mayores de Pallejà; la partida de los 70 millones en el hospital Arnau de Vilanova (Lleida); la reforma en el hospital Joan XXIII (Tarragona); el proyecto del hospital de Calella y el de usos del de Vilanova; las 7.000 plazas de FP; la construcción de pisos; y la reducción en el 30% del importe de las matrículas universitarias y de grado. “La Generalitat no está paralizada, y menos los servicios básicos”, esgrimió la consejera, que reiteró su objetivo de presentar el proyecto de presupuestos de 2026 cuando finalice el trabajo interno y empiece a la ronda de conversaciones con sus socios. La negociación, ahora, está paralizada al estar en el aire las dos premisas que reclaman respectivamente ERC y los Comuns: el modelo de financiación y los incumplimentos en vivienda. El Govern reconoció el martes que ese diálogo está ­detenido hasta que no haya avances en financiación.

En el debate de Política General, el Parlament aprobó una resolución del PP que instaba al Govern a presentar el proyecto de presupuestos antes de finalizar este mes de octubre. No parece que vaya a cumplirse. El texto prosperó con los votos de Junts, Vox y AC y la abstención de los comunes. Juan Fernández, portavoz de los populares, en una interpelación a Romero con el elocuente título de “las consecuencias de otro año sin presupuestos”, recordó que cuando ella estaba en la oposición exigía en octubre al Govern de Pere Aragonès “celeridad” en “tiempo y forma” para presentar las cuentas. “El Estado de Bienestar no es un eslogan. No haga lista de anuncios, sino de realidades. El futuro no se improvisa con suplementos. Esta situación no es neutra”. Y añadió: “Le pido que reconozcan su fracaso. Si el 1 de enero no tienen presupuestos, tienen un problema con su coherencia política”.

La Generalitat está gobernando con las cuentas prorrogadas de 2023, pactadas por Aragonès e Illa, entonces jefe de la oposición. En 2024, el proyecto decayó y hubo elecciones anticipadas y en 2025 tampoco hubo acuerdo al negarse ERC, en un momento de interinidad, a pactar. Romero aseguró que la lista de pequeñas inversiones no son promesas, sino “una realidad”, y recordó que el PSC negoció las cuentas dos veces desde la oposición. “Fuimos responsables y pensamos en el país. Séanlo ustedes también. Una buena oposición hace un buen gobierno”, dijo. Fernández replicó que el Govern prioriza los problemas del presidente Pedro Sánchez y que ya ha renunciado a presentar los presupuestos.

La sesión coincidió con la posibilidad de una convocatoria de elecciones anticipadas en Extremadura por los problemas de su presidenta, María Guardiola, para aprobar los cuentas. En contraste, el Govern defiende que se puede gobernar sin presupuestos aplicando, eso sí, las políticas públicas de forma más lenta. De hecho, la consejera recordó que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, lleva cinco prórrogas presupuestarias en seis años. A pesar de la acritud del debate, Romero y Fernández tocaron el modelo de financiación, crucial para el desenlace de las cuentas y de la legislatura, de refilón. El popular exigió que sea un modelo solidario y pactado con todas las comunidades, no basado en el chantaje para “salvar a Pedro Sánchez”, y la consejera que exigirán y trabajarán para requerirle el máximo de recursos para ejercer las competencias.