La Agència Tributària de Catalunya prepara su mayor desafío con ingresos récord pero atascada en fraude y plantilla

Los socialistas se juegan parte de su precaria estabilidad parlamentaria, tanto en el Parlament como en el Congreso, en un nuevo sistema de financiación y una herramienta clave para controlar la recaudación de esos nuevos recursos desde la Generalitat: la Agència Tributària de Catalunya (ATC). Aplazado su estreno en la recaudación del impuesto de la renta del 2026 previsto inicialmente a al menos 2028, el organismo nacido en 2007 gana tiempo para adecuarse a ese salto que supone pasar de recaudar poco más de los 5.000 millones actuales a encargarse de unos 30.000 millones y dar motivos para pensar que se puede encargar del resto de tributos estatales. Los últimos datos de 2024 muestran un récord de ingresos, pero estancamiento tanto en su capacidad para aflorar fraude como en el aumento de la plantilla, que desde 2017 ha crecido muy poco a poco.

Ingresos récord por la evolución económica. La ATC marcó un nuevo récord de ingresos el año pasado, al recaudar 5.239 millones de euros, un 11,4% más que un año antes. Esa evolución obedece a la favorable marcha de la coyuntura económica. No en vano, su principal fuente de ingresos son tributos vinculados al progreso del PIB y, con mayor intensidad, del mercado inmobiliario, al gestionar el impuesto de transmisiones patrimoniales, que grava la compraventa sobre todo de inmuebles, y el de actos jurídicos documentados, fijado en la firma de hipotecas. Esos dos tributos son su principal trabajo y su principal fuente de ingresos, seguido del impuesto de sucesiones y donaciones. Los tres son tributos del Estado cedidos a la Generalitat, pero la ATC se encarga de 12 impuestos más, entre los que se encuentran muchos propios de la Administración catalana, la autonomía con mayor número de tributos.

Si bien la agencia no gestiona de forma habitual impuestos locales, en ocasiones la firma de convenios les responsabiliza de su cobro cuando ha expirado el plazo normal de cobro. Eso puede suceder en el caso del impuesto de bienes inmuebles (IBI) o en el impuesto de plusvalías en determinados municipios, y del Servicio Catalán de Tráfico. Con ese fin se puso en marcha en 2012 Tributs de Cataluña, una especie de ventanilla única que vinculaba a algunos municipios, consejos comarcales y diputaciones con la Agencia Tributaria de Cataluña.

Lucha contra el fraude. Es una faceta en el que la ATC lleva años frenada. El año pasado afloró 295 millones, un 3,25% más que en 2023 pero lejos del récord de 338 millones de 2021, un porcentaje muy inferior al de la evolución de los impuestos recaudados. Esa cifra se consiguió, no obstante, pese a reducir el número de actuaciones hasta las 52.993, lo que supone una reducción del 2,8%. Es decir, con menos actuaciones se estaría aflorando más dinero escondido a las arcas públicas de la Generalitat. Casi la mitad de los ingresos defraudados (124 millones) proceden del impuesto de Sucesiones y Donaciones, que es también una de las grandes fuentes de la que bebe el listado de mayores morosos de la Generalitat, mientras que las inspecciones realizadas sobre los impuestos de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados (compraventa de pisos, mayormente) descubrió 69 millones no declarados.

Ante la batalla impositiva con Madrid —lo que el president Salvador Illa ha llamado “dúmping fiscal”—, la ATC inició hace unos años inspecciones a contribuyentes catalanes que simulaban residir en Madrid, o en otros territorios, para pagar menos impuestos y evitar así la falta de bonificaciones, por ejemplo, en el impuesto de Sucesiones y Donaciones en Cataluña. El pasado año esa línea de actuación continuó y se efectuaron 56 liquidaciones en las que se han descubierto 15,5 millones defraudados. Según los datos del Departamento de Hacienda, por la supuesta localización en otras comunidades se levantaron 8,5 millones y por supuestamente vivir en otros países, la cifra sube otros siete millones de euros.

Plantilla estancada desde 2017. Es uno de los factores que pone sobre la mesa el actual Govern para argumentar que es imposible asumir la recaudación del impuesto de la renta sin antes asumir un mayor número de empleados. La Agència Tributària contaba con apenas 370 trabajadores en 2016 y durante 2017 duplicó esa cifra, en la que es uno de los mayores saltos dados en su historia. Esos nuevos técnicos procedían de los registros de la propiedad, que hasta entonces tenían subcontratados algunos trabajos de la Hacienda catalana. Aquel año el Departamento de Economía, del que era titular Oriol Junqueras, decidió integrar esos trabajos aduciendo ahorro de costes y el crecimiento de una institución llamada a ser una “estructura de Estado” en el caso de una hipotética independencia de Cataluña. Desde entonces, sin embargo, la evolución de la plantilla se ha frenado y es de 839 personas (de los que apenas 27 son inspectores tributarios). Muy lejos de los 4.000 necesarios, según la consejera Alícia Romero, para asumir las nuevas competencias.

Papel en la campaña de la renta. La última memoria publicada de la ATC constataba un estancamiento en el protagonismo de la Hacienda catalana en la participación de la campaña de la renta de 2023, al haber ayudado a 13.287 personas a confeccionar tanto su declaración de IRPF como la de Patrimonio. Era una cifra no muy alejada a las de 2022 (13.785) o 2021 (16.310). Este año, sin embargo, las peticiones de ayuda se han triplicado hasta las 47.205.

Es una cifra simbólica, puesto que ese volumen de ayudas apenas representa el 1% de las declaraciones de la renta presentadas en Cataluña este año. Pero un récord histórico en una acción en la que la ATC colabora desde su creación en 2007 y en la que la Generalitat ya tenía acuerdos de colaboración con la Agencia Tributaria estatal desde mucho antes. El impuesto de la renta debe ser el primer impuesto del que se encargue la Generalitat, de acuerdo con el pacto firmado por el PSOE y ERC. Inicialmente, estaba previsto que esa nueva atribución empezara a partir de 2026, pero el Govern ha decidido aplazar su pretensión hasta 2028 por las dificultades técnicas y la falta de plantilla e infraestructura para hacerlo.