Salvador Illa choca con el rechazo de los Inspectores de Hacienda a un eventual traspaso a la Agencia Tributaria Catalana

Lograr que la Generalitat recaude todos los impuestos que se generan en Cataluña es un asunto que, sobre el papel, ha saltado del terreno de la promesa al compromiso. La fecha y las condiciones en las que se empezará a hacer efectiva la gestión permanece en una nebulosa de incertidumbre, pero no hay dudas de que hacen falta más efectivos para armar una Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) que tenga capacidad para asumir un monumental cambio de magnitud de la gestión tributaria: Ahora, los impuestos propios y cedidos representan unos 5.000 millones de euros y el salto implicaría manejar una cantidad cercana a los 30.000 millones, incluyendo el IRPF. La Agencia Tributaria de Cataluña tiene 875 trabajadores, mientras que la plantilla en la comunidad autónoma de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) es de unos 4.000 funcionarios.

El Govern considera que debe acelerar para proporcionarle recursos a la ATC y dar con la fórmula es un rompecabezas. Pese a la convocatoria, por parte de la Generalitat, de concursos para cubrir plazas para el cuerpo técnico de gestores tributarios, cunde la idea de que los plazos no casan porque el calendario apremia, aunque ahora ya ha aplazado a 2028 la recaudación del IRPF y no lo sitúa en 2026 como pactó inicialmente con ERC. El president Salvador Illa ha manifestado que un plan B es que trabajadores de Hacienda que ejercen en Cataluña pasen a ser absorbidos por la ATC. “Es una opción. Pero seguro que pasará respetando las condiciones y los derechos laborales de todo el mundo”, explicó este domingo en una entrevista al diario Ara. El propio president pone de relieve que la fórmula ya se usó, a partir de 1998, cuando los Mossos d’Esquadra asumieron las competencias policiales que había estado ejerciendo la Guardia Civil en Cataluña. “Responde a un planteamiento de sentido común”, defiende Illa. En el caso de los Mossos, que los agentes autonómicos cobrasen sueldos más altos que la Guardia Civil facilitó el traspaso.

La idea no seduce de entrada a los técnicos de Hacienda. “Lo que sería de puro sentido común es no ceder a las peticiones independentistas, ni más, ni menos”, ha afirmado este lunes en un mensaje en X la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE), la única en España, que engloba al 80% del colectivo. La IHE ya mostró el pasado día 30 su rechazo y “profunda preocupación” ante la posibilidad de que se produzca “un eventual traslado”, ya sea “general o forzoso” de funcionarios de la AEAT a la catalana y pidió a la ministra María Jesús Montero, de quien ya habían pedido la dimisión con antelación, que se comprometiera en ese sentido.

El posicionamiento de los inspectores se produjo después de que el Govern y ERC alcanzaron un acuerdo en que el primero se comprometió a aprobar dos decretos de ley en el primer Consell Executiu después de agosto para crear dos nuevos cuerpos de funcionarios vinculados a la agencia catalana: un cuerpo de informáticos (la ATC no tiene ningún funcionario informático en nómina) y otro de agentes tributarios administrativos. El documento estipula que esas medidas están destinadas a reforzar la agencia tributaria catalana que aspira a ser la única que recaude en Cataluña.

Tras la celebración de la comisión bilateral que sentó las bases sobre el nuevo modelo de financiación, la IHE ya expresó, el pasado día 16, en una rueda de prensa, su enérgico y frontal rechazo a ese sistema. La presidenta del colectivo, Ana de la Herrán, enumeró, entre otras, todas estas razones: dijo que es inconstitucional, ilegal, que puede fraccionar la agencia española, que quiebra el principio de solidaridad, rompe la caja común y perjudica la lucha contra el fraude y no garantiza su eficacia. “Es una mala noticia y no responde al interés general. “[El modelo] es inconstitucional e ilegal. ¿Y qué hacemos con el personal? ¿Como si fueran muebles lo trasladamos de una oficina a otra?“, se preguntó. La Asociación siempre recuerda que los inspectores se presentaron a unas oposiciones para obtener su plaza y avisan de que tomaría las medidas judiciales oportunas si el traslado es forzoso.

Con todo, el Govern avisa que antes de encarar la cuestión del personal debe dar aún muchos pasos y la realidad es que todo apunta, visto el calendario, que será a largo plazo. Con todo, los inspectores temen que ya será irreversible. En cualquier caso, Illa ya ha aplazado a 2028 la recaudación del IRPF. En mayo, el Ejecutivo anunció la creación de 200 plazas (20 inspectores, 30 técnicos, 40 gestores, 45 de otros cuerpos de administración general y 65 administrativos) para asumir los retos del nuevo modelo de financiación.

Hay otros precedentes donde el plan de intenciones ha chocado con la oposición de los profesionales afectados. El caso más reciente está relacionado con el acuerdo entre el Gobierno y Esquerra para traspasar a la Generalitat la gestión de Rodalies. El acuerdo fue sellado durante el otoño de 2023, y fijado como una de las condiciones de los republicanos para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. El despliegue está encarrilado mientras, las incidencias y disfunciones son constantes para los usuarios de los Cercanías de Cataluña.

El colectivo de maquinistas de Renfe ha mostrado un férreo rechazo a la posibilidad de pasar a formar parte del cuerpo de funcionarios de la Generalitat y han convocado varias huelgas de protesta, amenazando cada vez con bloquear el tráfico de trenes en toda España durante días. Una de las primeras acciones de protesta, en vísperas del puente de la Constitución de 2023, propició una negociación a contrarreloj con el Ministerio de Transportes y se cerró con el compromiso del ministro de que nadie que no lo quiera se va a tener que quedar trabajando a las órdenes de la Generalitat.

Hace un mes y medio, el Govern y la secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible presentaron finalmente el acuerdo para constituir la sociedad mercantil Rodalies Catalunya, que entrará en funcionamiento en enero de 2026 con un capital social de dos millones de euros y sede social en Barcelona. La compañía está participada en un 50,1% por Renfe y el 49,9% por la Generalitat.