El Gobierno y la Generalitat presentan Rodalies Catalunya, que operará el servicio a partir de 2026

El Govern de la Generalitat y la secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible han presentado este jueves el acuerdo para constituir la sociedad mercantil Rodalies Catalunya, que entrará en funcionamiento en enero de 2026 con un capital social de dos millones de euros y sede social en Barcelona. La compañía, participada en un 50,1% por Renfe y el 49,9% por la Generalitat, será la operadora y gestionará el servicio de las líneas de cercanías que atraviesan Cataluña con el objetivo de mejorar un servicio obsoleto y que sufre averías casi a diario. La consejera Sílvia Paneque ha calificado el paso de histórico y ERC defiende que refleja la “ambición nacional”. Los dos Ejecutivos y los republicanos aseguran que no contemplan ningún cambio ni a corto ni a medio plazo y, por tanto, que el proyecto está asegurado.

El traspaso de Rodalies figuraba en sendos acuerdos de investidura Pedro Sánchez y Salvador Illa firmados, respectivamente, en 2023 y 2024 entre socialistas y republicanos. El futuro consejo de administración estará formado por nueve miembros, cinco nombrados por la Generalitat, que tendrá la presidencia y el voto de calidad, y cuatro por parte de Renfe. Con todo, la compañía conservará el 50,1% de las acciones y la Generalitat el 49,9%. El equilibrio se pactó con los trabajadores para garantizar sus derechos y su alta movilidad.

Con la presentación, Paneque y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, han escenificado el pacto que va acompañado de los estatutos y de la memoria económica y justificativa. Con este acuerdo, que ya estaba previsto, ambos gobiernos buscan exhibir estabilidad y que nada cambia su rumbo en pleno escándalo por el caso Koldo. El Consejo de Administración de Renfe aprobará el día 25 la nueva compañía, adscrita al Grupo Renfe, y luego hacrán lo propio el Consejo de Ministros y el Consell Executiu de la Generalitat.

Santano ha sostenido que no prevén un cambio de Gobierno ni a corto ni a medio ni a largo plazo y ha puesto el acento en que ese transferencia, además, figura en el Estatut de Catalunya. “¿A quién le puede molestar?“, se ha planteado asegurando que se trata de un traspaso integral y que la nueva empresa, aunque esté adscrita al Grupo Renfe, no será una filial. El secretario de Estado ha insistido en la necesidad de mantener esa vinculación orgánica por los trabajadores y porque a la nueva compañía le será mucho más fácil tener las licencias para operar y los permisos de seguridad. De momento, el Govern ha pedido el traspaso de la R-1 y se deberá materializar con un acuerdo entre Adif e Ifercat (Infraestructuras Ferroviarias de Catalunya).

Esquerra, que perseguía desde hacía tiempo este paso, ha mostrado su entusiasmo con el plan. Los republicanos reivindican desde hace años el traspaso y este marzo facilitaron con su abstención que el Parlament pidiera la dimisión de Paneque por el caos diario de Rodalies. La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, exconsejera de Territorio, ha garantizado que el proyecto, aunque haya cambio de gobierno, “no es reversible” y ha puesto el acento en que la Generalitat ejercerá “la gobernanza” plena sobre el servicio. “Será una empresa catalana. Pase lo que pase con el 0,1% de las acciones, la gobernanza está garantizada”, ha señalado apuntando que ERC ha levantado “el listón” de la “ambición nacional del país”. “Son 270 trenes, 1.600 trabajadores, 107 estaciones y participaremos en la formación de los maquinistas”, ha afirmado.

Paneque ha puesto en valor el acuerdo y ha redundado que se equivocará quien quiera poner “agua al vino”. No lo ha visto así Junts que ha rebajado el acuerdo al afirmar que “no es un traspaso real”, sino que remarca la “sumisión” del PSC con el PSOE. “No es un traspaso ni integral ni inmediato, y Renfe y Adif mantiene el derecho a veto y la propiedad de las infraestructuras”, ha concluido Salvador Vergés, portavoz de Junts. “No sé por qué han salido Paneque y Santano [secretario de Estado de Transportes] si son lo mismo”, ha comparado.

Vergés ha reivindicado un traspaso “inmediato” antes de finalizar la legislatura, “integral de todas las líneas y con recursos para mantener las infraestructuras” para, ha defendido, liquidar “todas las deudas” que tiene el Estado con Cataluña, unos 51.000 millones de euros, según sus cálculos. El diputado también ha criticado la composición del accionariado, con mayoría del Estado. “¿Quién querría invertir en una empresa en fallida y entrando en minoría?”, ha cuestionado. Sobre los recelos de los trabajadores para ser destinados a la nueva empresa, Vergés ha asegurado que el traslado es igualmente posible. “Según el estatuto de los trabajadores, sin uno quiere, se pueden mantener los derechos con un cambio de empresa. Esto no era una excusa”.