La nueva administración catalana: fin a la cita previa obligatoria, derecho a equivocarse y lenguaje llano

Fin de la cita previa, lenguaje comprensible, derecho a rectificar y funcionarios proactivos. La Generalitat de Cataluña avanza en su profunda reforma de la administración, uno de los objetivos del consejero de Presidencia, Albert Dalmau, a su llegada al cargo. El político socialista ha presentado este miércoles el plan del Ejecutivo para facilitar la relación entre los ciudadanos y la admnistración, que cuenta con el apoyo de ERC y Comuns en el Parlament. La intención del Ejecutivo es aprobar los cambios legislativos a partir de septiembre a través de una proposición de ley.

“Nuestra administración debe transformarse para que contribuya a hacer la vida fácil a los ciudadanos”, ha justificado Dalmau en la presentación, celebrada en el Palau de la Generalitat. “Era la reforma o el colapso”, ha sintetizado.

La principal novedad es la introducción del “derecho al error” de los ciudadanos. La Administración pretende crear mecanismos para evitar sanciones derivadas de errores materiales o formales cometidos de forma no fraudulenta. Hasta la fecha, sólo la Administración tenía potestad de rectificar sus errores, pero esta posibilidad no se reconocía a los ciudadanos. La reforma pretende que los ciudadanos puedan rectificar sus trámites sin tener que empezar de cero. “La relación de la Administración y los ciudadanos debe basarse en el principio de confianza, no al revés”, ha reivindicado Dalmau.

También se aspira a acabar con la llamada burocracia defensiva, la actitud de los empleados públicos de inhibirse en aquellos casos de duda. Los funcionarios solo serán responsables por acciones u omisiones realizadas con culpa o negligencia grave. “El error cometido por un empleado público que ha actuado con la debida diligencia, de buena fe y sin fraude no constituirá un supuesto de culpa grave”, plantea Presidencia.

En esta misma línea, la proposición pretende evitar casos como los que llevaron a la Generalitat a reclamar en octubre de 2024 a 9.500 familias las prestaciones sociales (ascendían a unos 7.500 euros de media) tras un error de la propia Administración. A partir de la aprobación de la ley, las personas “no deben resultar perjudicadas por errores administrativos” en la cobertura de necesidades esenciales. El Govern entiende que de esta forma se evita perjudicar a los “colectivos vulnerables”.

Sin cita previa obligatoria

La propuesta incorpora la prohibición expresa de imponer la cita previa como requisito obligatorio para acceder presencialmente a la Administración. La Generalitat defiende que la cita previa solo puede utilizarse para mejorar la eficiencia y la atención a las personas, pero nunca como un requisito. “Queremos proteger a los colectivos vulnerables y a los afectados por la brecha digital”, defiende el Departamento. La cita previa obligatoria fue una medida asumida durante la crisis del coronavirus para evitar aglomeraciones y las administraciones han ido recuperando la libre presencialidad una vez la covid quedó atrás. “Este es un paso más porque se incluye la supresión de la obligatoriedad en una norma con rango de ley, por lo que es aplicable a todas las administraciones públicas de Cataluña”, remarca Dalmau.

La Generalitat pretende que la reforma habilite una administración más “proactiva” para que no requiera que los ciudadanos realicen algunos trámites básicos, como el nacimiento de un hijo, un cambio de domicilio, el paro o la jubilación. La idea es poder radiografiar la realidad ciudadana y “anticiparse” al ejercicio de sus derechos. “Los servicios proactivos se basan en el uso responsable y legítimo de los datos disponibles por parte de la Administración para facilitar la vida a la ciudadanía y simplificar los procesos administrativos”, señala Presidencia.

Pero si algo debe cambiar en esta nueva reforma administrativa es la forma de comunicarse con los ciudadanos. “Se incluye el derecho a recibir información, resoluciones y notificaciones en un lenguaje sencillo, comprensible y accesible para todos”, defienden los grupos impulsores para acabar con las barreras que genera el lenguaje excesivamente técnico o jurídico y “promover una Administración que se exprese con claridad y proximidad”.

Los grupos impulsores (PSC, ERC y Comuns) han presentado este miércoles en el Parlament la proposición de ley, que ahora empezará la tramitación parlamentaria de cara a su aprobación. La voluntad es que esta iniciativa sea tramitada por lectura única a partir de septiembre .