Las exigencias de Barcelona a Airbnb: retirar anuncios de pisos turísticos ilegales en 48 horas y facilitar datos bancarios

La guerra reabierta entre el Ayuntamiento de Barcelona y Airbnb tiene un nuevo capítulo: el convenio que la ciudad propone a la plataforma de alquiler vacacional, para renovar el de 2018, caducado, para solo ofrezca pisos turísticos legales. Las dos principales exigencias del Consistorio son que la empresa comparta los datos sobre la oferta que anuncia y sus propietarios (incluidas las cuentas bancarias de cobro), y que cuando sean avisados de un anuncio ilegal, lo retire en 48 horas (de forma inmediata si el propietario es reincidente). El gobierno del alcalde Jaume Collboni entiende que son medidas “de sentido común” y que hasta les da reparo poner algunas exigencias por escrito. “No podemos aceptar anuncios de un propietario que se llama James Bond o licencias con el número 007”, ha ejemplificado la teniente de alcalde Laia Bonet, que ha amagado con tomar acciones legales si no se resuelve el conflicto.

“Confiemos en que Airbnb se avenga a aceptar. No cederemos, no negociaremos, porque el derecho a la vivienda es innegociable, se trata de cosas tan sencillas como que la información de los anuncios sea cierta”, ha dicho Bonet, que da un plazo de 15 días a la empresa para responder. Airbnb ha explicado que estudiará el convenio para valorarlo.

Barcelona fue pionera en el mundo en enfrentarse a Airbnb, por el impacto que la oferta turística tiene en el acceso a la vivienda, y la alcaldesa Ada Colau le multó en 2018 con 600.000 euros por anunciar pisos turísticos sin licencia, una sanción que llegó a los juzgados y todavía no se ha resuelto. Tras años de relativo entente, con la ciudad y la empresa colaborando, el Ayuntamiento alertó hace unas semanas de que los controles se habían relajado y Airbnb vuelve a anunciar oferta turística sin licencia.

Cartas a Irlanda con listados de hasta 800 anuncios

De hecho, el nuevo redactado del convenio en buena parte consiste en volver a la casilla de salida. Entonces una de las batallas fue lograr que cada anuncio de alquiler de un piso entero incluyera el número de registro de la Dirección General de Turismo de la Generalitat como HUT, las siglas en catalán de Vivienda de Uso Turístico. Compartir los datos ya era una obligación en la época de los comunes en el consistorio. La compartición de datos, señala el convenio, sería mensual, y con la misma periodicidad el Ayuntamiento avisaría de anuncios a retirar. Ahora, y es uno de los motivos del actual enfrentamiento, Barcelona debe mandar los listados a Irlanda, donde Airbnb tiene la sede, por correo postal. Una de las últimas cartas incluía una relación de 800 anuncios.

El “envío sistemático” que requerirá el Ayuntamiento incluirá datos como la URL del anuncio, el correo electrónico y nombre de quien lo anuncia, su CIF, la identidad del propietarios, las licencias, dirección, el tipo de habitaciones y la comprobación de que coinciden la licencia y la dirección postal. Otra novedad es la exigencia de que Airbnb ceda los datos de los titulares de las cuentas bancarias donde se cobran las estancias “para reforzar la trazabilidad de las transacciones y la lucha contra el fraude”.

Todo esto ocurre en el marco de la puesta en marcha, por parte del Ministerio de Vivienda, del registro estatal, la llamada “ventanilla única”, de alquileres no habituales, como los turísticos o de temporada. Una regulación que impone UE y busca fiscalizar a las plataformas de internet donde se producen transacciones monetarias. Esto es, webs que además de albergar anuncios y facilitar las reservas, también permiten pagar las estancias. En el caso de Airbnb la teniente de alcalde ha dicho que ya obliga a incluir el número de registro estatal.

El pasado 17 de junio, el alcalde Jaume Collboni y los máximos responsables de Airbnb se reunieron en el Ayuntamiento, un encuentro que el primer edil dijo que fue un desastre: “No estamos satisfechos, hemos percibido un empeoramiento en lo relativo a la necesidad de combatir los pisos ilegales en Barcelona”. Se refería, por ejemplo, a los meses que se está tardando en retirar oferta sin licencia. Entre 300 y 400 anuncios al mes que la empresa no elimina pese a las advertencias. Collboni amagó entonces con demandas, incluso por la vía penal. Y recordó su intención, en 2028, de prohibir toda la oferta de pisos turísticos, incluidos los 10.000 que tienen licencia pero la perderán gracias a un decreto autonómico.