Las escuelas del Opus catalanas buscan evitar la fuga de familias en su nueva era como privadas

Las grandes escuelas vinculadas al Opus Dei de Cataluña han decidido mantener el modelo diferenciado -separando niños y niñas en las aulas- a toda costa, aunque ello suponga la pérdida del concierto educativo -la financiación de la Generalitat-. A partir de 2026, siete escuelas hasta ahora concertadas pasarán a ser totalmente privadas con el reto de buscar la viabilidad económica, que pasa por mantener un grueso importante de alumnos, convenciendo a las familias que sigan apostando por la escuela, a pesar del aumento de cuotas mensuales que sufrirán en los próximos años. “Al final es la escuela la que marca el proyecto educativo y las familias se tendrán que adaptar a ello”, asegura Josep Manel Prats, presidente de Fapel, que agrupa las asociaciones de familias de estos centros.

La cruzada contra las escuelas que separan niños y niñas la ha encabezado históricamente ERC, y cuando tomó el mando del Departamento de Educación se puso manos a la obra a ello. Tras lograr que la nueva ley estatal de Educación, la Lomloe, prohibiera expresamente otorgar el concierto educativo a estos centros (y así blindarse ante las sentencias judiciales que hasta ahora habían sido favorables a estas escuelas), la Generalitat inició el proceso para retirarles la financiación en 2022, cuando se renovaban los conciertos en la ESO, si no empezaban a hacer una escolarización mixta.

De la decena de centros, solo Viaró (Sant Cugat) y Camp Joliu (L’Arboç) apostaron por su modelo diferenciado y perdieron la subvención pública. El resto aceptó iniciar el cambio a mixto, algo que quedó en papel mojado porque las familias no querían a su hija en un aula con solo niños, y viceversa. Pero, tal y como se ha conocido ahora, entonces ya empezaron a idear un plan de privatización y empezar a reservar fondos para hacer frente a la retirada del concierto en 2026, cuando se revisan el de todas las etapas.

Cataluña marca así la diferencia respecto a otras comunidades, en que las escuelas diferenciadas han optado por asegurar que cambian a mixtas -otra cosa es que realmente en el aula sea así- para mantener el preciado concierto educativo. Incluso en Navarra, aunque aquí un grupo de familias ha optado por crear su propio centro privado y diferenciado, en las instalaciones de otro centro también del Opus, que se ha acogido al modelo mixto. En Madrid, con un buen número de escuelas que segregan, habrá que esperar a 2027, momento en que se renuevan los conciertos, para ver la decisión de su presidenta Isabel Díaz Ayuso, abiertamente partidaria del sector.

En Cataluña, algunas escuelas del Opus ya iniciaron el paso a mixtas, en este caso por motivos económicos porque la falta de alumnos las empezaba a hacer insostenibles, como es el caso de Institució Lleida, Institució Igualada o Airina (Terrassa). Las más grandes tienen más posibilidad de resistir, pero aun así han buscado sinergias para crecer en alumnos y compartir recursos para reducir gastos y ser más eficientes. El camino lo abrieron Viaró y Canigó, que en septiembre anunciaron su fusión. En marzo, fueron otras dos grandes escuelas, La Farga y La Vall (ambas de Institució Familiar) y esta semana ha sido el turno de Bell-lloc y Les Alzines, ambas en Girona. Estos seis centros, sumados a Camp Joliu, pasarán a ser completamente privadas en 2026, año en que se renuevan los conciertos de primaria y ESO, Ninguno de estos centros consultados ha querido hacer declaraciones.

“Las escuelas con más alumnos y que puedan sobrevivir pasarán a privadas porque las escuelas lo que quieren es mantener el modelo diferenciado, es su proyecto educativo”, defiende Josep Manel Prats, presidente de Fapel, que agrupa las asociaciones de familias de estos centros. Con todo, Prats lamenta que hayan tenido que llegar a este punto porque considera que “estas escuelas tienen derecho a tener concierto porque existe el derecho a tener educación gratuita, a poder crear centros con proyectos diferentes al público y que las familias puedan elegir el tipo de educación para sus hijos”.

En una línea parecida se expresa Carles Camí, presidente de la Confederación de Centros Autónomos de Enseñanza de Cataluña, quien también considera que se está vulnerando el derecho de las familias. “Si un centro tiene un proyecto, es necesario respetarlo, especialmente si las familias lo siguen, y quien no lo comparta, que cambie de escuela”, añade. Pero los centros intentarán que ello no pase para no perder músculo, ya que a partir de ahora se nutrirán básicamente de las cuotas de las familias. Y casos como el de La Farga y La Vall -que en dos años han visto caer un 20% las inscripciones- pueden hacer disparar todas las alarmas.

Por su parte, las familias han acogido el proyecto de privatización de forma diferente. Algunas de ellas aplauden el cambio y encaran la nueva etapa con confianza, tal y como expresaban hace unos días desde el AFA de Bell-lloc. Aunque se trata de un sector discreto y las familias no acostumbran a posicionarse de forma pública, destaca especialmente el caso de La Farga y La Vall, donde se ha generado un movimiento de padres contrarios a la privatización por la falta de transparencia de los colegios y porque dudan de la viabilidad económica del proyecto, basado en un crecimiento de alumnos, cuando precisamente estos centros los están perdiendo.

Desde la Fapel dan un voto de confianza a los centros y consideran que “los gestores han hecho números para ser viables”, aunque admite que el aumento de las cuotas -que varía de los 20 a un centenar de euros, según la escuela- puede resultar “un impacto para las familias y puede dificultar el acceso a estos centros”.

Muchas otras voces -sindicatos, familias de la pública, partidos de izquierda, la mayoría de expertos- están en contra de que la Administración pública tenga que financiar este tipo de centros, donde no se respeta la coeducación, y consideran discriminatorio el separar niños y niñas. A estas voces también se añade la escuela privada, que hace años que considera un agravio comparativo el concierto educativo. “Todos los colegios que cobran elevadas cuotas a las familias tendrían que pasar a privadas, porque además de ilegal es injusto, es una competencia desleal”, asegura Àlex Cerdà, presidente de Epic, asociación que agrupa la mayoría de escuelas privadas no concertadas. Y va más allá. “Ahora el Departamento se ha cuadrado con las diferenciadas, pero tendría que hacerlo extensible al resto de escuelas elitistas. La concertada elitista tendría que desaparecer y destinar los recursos a la pública que lo necesita más”. La patronal de la privada tampoco cree que los colegios del Opus tengan grandes dificultades para sobrevivir “porque ya eran privadas encubiertas, están cobrando cerca de 600 euros a las familias, que es lo que cobran algunas privadas”, apunta Cerdà, aunque advierte: “Ahora tendrán que gestionar de verdad y contener los gastos, porque tendrán recursos limitados”.